Todo Estado Capitalista, aún de bases democráticas, tiene como límite de su disenso interno, la preservación de los valores fundamentales en los que se fundan y, especialmente, los intereses de las clases y demás sectores sociales que lo controlan por lo que, en momentos de grandes sismos políticos que amenazan esas hegemonías, la respuesta del aparato del Estado - creado precisamente para preservarlo del cambio -, se pone en acción para hacer uso de todos los medios a su alcance con el fin de evitar la destrucción del orden constituido o, en el peor de los casos, aceptar cambios importantes en su desgastada hegemonía pero que preserven lo fundamental: la continuación de las clases dominantes en la dirección de la sociedad y el Estado.
La Democracia, como valores de convivencia civilizada y medio de convivencia y legitimación política de las sociedades, constituye un instrumento importante de prevención y contención de las soluciones de fuerza de los conflictos de Poder pero, cuando el marco jurídico del juego democrático impuesto por los Poderes Constituidos esta en peligro por la amenazas de fuerzas de signo antagónico, se hace uso de la reserva extrema del “Estado de Derecho” que no son otros que las leyes de emergencia y seguridad nacional y el uso letal de la fuerza para defender al Estado; lo que quiebra la legitimidad del orden establecido y consensado a través de las reglas democráticas y se produce la confrontación generalizada. Y eso fue lo que sucedió con el Golpe de Estado en Egipto perpetrado por el Comando General de la Fuerzas Armadas bajo la dirección del general mubarakista Al Sisi, y el antiguo magistrado mukabarista Adli Mansu, Presidente del Tribunal Supremo de Egipto
El 11 de febrero de 2011, cuando se iniciaron las movilizaciones populares en el Cairo, Alejandría, Suez, por Said y otras importantes ciudades en contra de la “dictadura perfecta” del general Hosni Mubarak, y en la cual se hacía evidente la presencia de corrientes importantes del islamismo político de los Hermanos Musulmanes y los salafistas del Movimiento Al Nush, los jerarcas del régimen utilizaron todos los medios legales e ilegales para preservar su Poder, reprimiendo y encarcelando la dirigencia islamista, incluyendo al doctor Mohammed Mursi, mientras recomponían su gobierno con figuras polticas y “independientes” y tecnócratas, e incluso, de algunas figuras de las Fuerzas Armadas de cierto prestigio popular, ofreciendo cambios constitucionales para permitir cierto juego de partidos y la legalización de todos los proscritos, incluyendo a los Hermanos Musulmanes, así como la reforma electoral para la convocatoria, en dos (2) años, de elecciones directas de presidente – sin posibilidad de reelección de Mubarak – y al Parlamento pero, todas las maniobras políticas, fracasaron ante la determinación de todas las fuerzas sociales y políticas de que debían de renunciar e instalarse un nuevo gobierno, lo cual se consiguió un año después de haberse producido 850 asesinados por las mismas tropas del ejército y la policía que éste 15 de Agosto asesinaron a más 550 luchadores por la Democracia no armados.
Ante la imposición de la Democracia y la convocatoria a las elecciones, en medio de la derrota de Mubarak y su viejo aparato opresivo, los operadores políticos del imperialismo y los gobiernos de la Unión Europeo movieron sus fichas para cerrarle el paso a la fuerzas creciente del islamismo político uniendo a figuras académicas del mubakarismo, empresarios aliados de ese gobierno a quienes aliaron con fracciones liberales, y de la izquierda eurocéntrica (aterrorizada con la posibilidad de un gobierno islamista en Egipto), sin que tales intentos pudieran impedir el triunfo presidencial en julio 2012, del doctor Mahammed Mursi y sus siguientes victorias para las elecciones parlamentarias y la Asamblea Constituyente; situación que definitivamente representaba el desplazamiento del mubarakismo - aliado de USA y del sionismo – de las instituciones fundamentales del Estado, por lo que era inevitable que hicieran uso del recurso extremo de la fuerza para parar y hacer retroceder esta revolución islámica pacífica y con reglas democráticas y por ello ejecutaron un Golpe Militar clásico, teniendo como cíico argumento la petición de intervención de “millones” de egipcios reunidos en la plaza Tahfir.
Con la ejecución de la segunda fase sangrienta del Golpe de Estado Militar, no se abre un espacio al cambio democrático sino a un intento de restauración maquillada del viejo sistema corporativo, verticalista y represivo de Hosni Mubarak, al servicio del imperialismo norteamericano y aliado estratégico del sionismo israelí en el Medio Oriente y el Norte del Africa, el cual, en el mejor de los casos y bajo la permanente tutela de las Fuerzas Militares, se abrirá hacia las corrientes liberales y socialdemócratas euorocentristas que siempre hicieron una “oposición leal” y que, aunque se declaren “demócratas”, son incohentes con sus principios al no aceptar que sea el pueblo egipcio, mediante el voto directo, universal y secreto, quienes elijan a sus parlamentarios, sus gobernantes y, especialmente, decidan sobre el proyecto de país que consideran más convenientes a sus intereses sociales y nacionales.
Sin embargo, muy a pesar del criminal Al Sisi y su patético escudero Mansur y el aparato institucional y social del mubarakismo hoy temporalmente triunfante, hay suficientes evidencias que no será posible reconstruir el orden el viejo orden corporativo que mantuvo a Hosni Mubarak durante 30 años en el Poder en Egipto, porque hoy existe una fuerza social y política organizada, con una dirigencia articulada y un proyecto de país expresada en la Constitución aprobada por el pueblo egipcio, que ha sido capaz de movilizar pacíficamente a millones de egipcios en defensa de sus derechos democráticos, algo nunca vista en toda la historia del milenario pueblo árabe de Egipto.
Yoel Pérez Marcano
