“La humanidad no puede liberarse de la violencia,
más que por medio de la no violencias”
Mahatma Gandhi
Estados Unidos es uno de los pocos países en no adherirse a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue acordada en 1948. Además, de ser junto con Somalia los países que se abstuvieron de sumarse al Pacto Internacional de los derechos del niño, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas hace exactamente 20 años. Pero irónicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tiene su sede en Washington, principal financista de este organismo.
Todos tenemos una mínima percepción sobre la importancia que los derechos humanos deben tener en el normal desarrollo de un país considerado como “democrático”. Las políticas de Estado y el carácter de los gobiernos se deducen en cierto modo del reconocimiento, resguardo y respeto de estos derechos. Los cuales son una limitante al “ius puniendi” de los Estado, es decir a su facultad sancionatoria o de coacción. Bajo esta premisa conozcamos algunos datos.
Es importante señalar que según informe de 2013 de la ONG, Human Rights Watch, Estados Unidos para el 2010 tenía la mayor población carcelaria del mundo, con 1,6 millones de presos, y la tasa de encarcelamiento per cápita más alta del mundo, con 500 reclusos por cada 100.000 habitantes. Además de indicar que la pena de muerte sigue estando autorizada en 33 estados de los EE.UU. Así como no menos importante el cumplimiento de condena de cadena perpetua de 2.600 delincuentes menores de edad, a pesar de que en el 2012 se avanzó parcialmente en la abolición de ese tipo de condenas para los menores de edad.
Nada más en el 2012 según informe anual de la organización Amnistía Internacional publicado este año, se ejecutaron 43 presos (todos ellos varones), en todos los casos por inyección letal. En el cual destacaban a Texas con la más alta cifra de ejecución, correspondiente a 15 muertes.
En este mismo orden de ideas encontramos que el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter en su artículo titulado “Un récord cruel e inusual” publicado en The New York Times el 25 de junio de 2012, ya apuntaba una crítica al amplísimo poder otorgado al Presidente de los EE.UU para detener personas indefinidamente bajos sospecha de afiliación con organizaciones terrorista sin supervisión de los tribunales o el congreso.
Textualmente afirmó: “Las leyes recientes han cancelado las restricciones de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de 1978 y permiten violaciones sin precedentes de nuestros derechos a la privacidad a través de la obtención de datos y las escuchas sin orden judicial y la violación, por parte del gobierno, de nuestras comunicaciones electrónicas”…“Junto con esa regla arbitraria que permite el asesinato de un individuo por aviones no tripulados, previamente declarado como un terrorista enemigo, se ejecutan a mujeres y niños inocentes y se acepta esto como inevitable…”.
Dicha denuncia pública, ya tiene sus saldos fatales. En Afganistán, según estudios más comúnmente citados sobre la invasión de 2001, concluye que aproximadamente entre 4.000 y 8.000 civiles afganos murieron a consecuencia directa de operaciones militares. No hay datos para los años entre 2003 y 2005, pero en el 2006 Human Rights Watch registró un poco menos de mil civiles muertos en los combates. Desde 2007 a julio de 2011 la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés) contabiliza al menos 10.292 no combatientes muertos. Aunque The Guardian (el reportaje más completo sobre el tema) calcula cerca 20.000 personas fallecida a consecuencia de los daños colaterales que implicó la guerra.
Siguiendo la referida denuncia, según la Oficina Británica de Periodismo Investigativo (BIJ), calcula entre 3.072 y 4.756 las personas asesinadas por EE.UU en Pakistán, Yemen y Somalia, a través de sus potentes “drones”, aviones no tripulados. De estos se aproxima 1128 personas civiles inocentes fallecidas, incluyendo niños. Igualmente la Fundación New America de Estados Unidos, nada más en Pakistán estimó, entre 1.953 y 3.279 personas asesinadas por “drones” desde 2004; y que entre el 18% y 23% de ellos no eran militantes.
Otro ejemplo lamentable es la Guerra de Irak que ha dejado más 190.000 personas fallecidas, de las cuales el 70% eran civiles, es decir 134.000 personas muertas. Además del costo de 2.2 billones de dólares al gobierno de Washington, según informe de la Universidad Brown (2013). No obstante la revista The Lancet calculaba que las víctimas civiles fatales eran aproximadamente 600.000 personas. Además, un estudio de Opinion Research Business calculaba que desde mediados de 2007 se han producido 1.000.000 de muertes violentas. Sin contar en todos los casos la cantidad de desplazados y heridos productos de estas intervenciones militares. Para hacernos una idea estimativa, sólo en Somalia se desplazaron 1,4 millones de personas dentro del territorio, además de 560.000 fuera del país, según estimaciones de la ONU.
Lo interesante y por supuesto abrumador de estas cifras es que no es casualidad la abstención de sumarse a estos acuerdos internacionales sobre derechos humanos. Por el contrario el Poder militar de los EE.UU se ejerce de forma atroz y sin mesura, sin importar derechos humanos alguno, abrogándose una lucha contra el terrorismo que despiadadamente deja civiles inocentes muertos.
En éste bazar de genocidios y violaciones de derechos, no podemos olvidar la cárcel de la bahía de Guantánamo símbolo por excelencia de violación de derechos humanos por parte de los EE.UU. Según telesur, en artículo publicado el 11 de enero de 2013, tras la promesa incumplida de Obama de clausurar la cárcel, a sus 11 años de funcionamiento, ésta contaba con 166 detenidos, 55 de ellos declarados “liberables” por las autoridades de Estados Unidos. Además de señalar que habían pasado 779 prisioneros de los cuales sólo 9 habían sido condenados y procesados por la Justicia.
Tales circunstancias fueron motivadoras de que en el año anterior, la ya referida y muy bien conocida organización Amnistía Internacional publicara el informe titulado 'Guantánamo: A Decade of Damage to Human Rights' (Guantánamo: una década lesionando los derechos humanos). En el cual entre otras cosas denunciaba la grave violación de derechos humanos, el trato cruel y despiadado a los prisioneros.
Sin pretensiones de hacer una apología al terrorismo o al delito, de las cuales merecen todo el repudio y las sanciones pertinentes, es meritorio recordar una frase reiterada del destacado pensador Noam Chomsky: “Estados Unidos es el principal violador de los derechos humanos en el mundo”. Ante su gran poder militar y el auto-reconocimiento como defensores de la humanidad y de la justicia, se siguen cometiendo las muertes y atrocidades más insólitas jamás vista.
Para nada asombra la reciente exigencia de Edward Snowden por parte del gobierno de los EE.UU a Rusia, al haber sido expuestos por éste joven ante la comunidad internacional en virtud de los escandalosos niveles de espionaje a los que ha llegado, sin importarles derecho humano alguno. Menos aún el derecho de asilo político al que éste joven americano puede apelar.
En definitiva los recientes gobiernos de los Estados Unidos, parecieran adherirse a un fundamentalismo fatalista, que asume como principal criterio la procura de depurar la humanidad de los malos (terroristas), sin importar los decesos de niños, jóvenes y adultos inocentes. Nada más cercano a la historia oscura de la humanidad y las lamentables consecuencias que implican las pretensiones de mantener a través de la violencia, una hegemonía en lenta y continúa decadencia.