La denominada «lucha contra el terrorismo» se ha convertido en el gran argumento para justificar la persecución de los Hermanos Musulmanes. En un ambiente cargado de sospecha, las miradas se dirigen también hacia los periodistas extranjeros, a quienes acusan de alinearse con los islamistas.

En las próximas elecciones, todos los que se presenten en listas de los Hermanos Musulmanes deberían de ser ejecutados». Mohamed, joven de El Cairo que reivindica su papel en las marchas de enero de 2011, deja claro el destino que los seguidores del Gobierno golpista desean para los miembros de la Cofradía. Junto a él, en una de las callejuelas del centro de la capital egipcia, carteles con el rostro tachado de Mohamed Morsi, primer presidente civil elegido en el país árabe y actualmente en prisión tras la asonada. La caza al islamista no la libran solo los uniformados. También diversos sectores sociales han convertido a los partidarios del grupo que lideraba Mohamed Badia en blanco de todas las diatribas, que se resumen en marginarlos de la política y perseguir a sus líderes en nombre de la «democracia» y la «lucha contra el terrorismo». En esta estrategia, los siguientes en caer bajo la sospecha han sido los periodistas internacionales, entendidos como extensión de sus gobiernos. Según los partidarios de Abdel Fatah al-Sissi, estos no han sido lo suficientemente entusiastas con la represión hacia la Hermandad. Parece mentira pero, en El Cairo golpista, uno puede encontrar alumnos aventajados del discurso «antiterrorista» de George W. Bush que, en un malabarismo retórico, terminan señalando a EEUU como principales aliados de la Cofradía.

«No sé qué piensan EEUU y Europa. Si el terrorismo gana en Egipto, este se convertirá en una zona terrorista. Los Hermanos Musulmanes tienen una alianza con Al Qaeda, eso está claro». Eman Hassan Rashwan, profesor de física y candidato al Parlamento por el partido nasserista dirigido por Hamdeen Sabahi, pone voz a un discurso que se ha hecho fuerte y que queda reflejado en el subtítulo que acompaña a informaciones de la televisión: «Egipto está luchando contra el terrorismo». Según esta versión todos los males parten de la Cofradía. Especialmente, los ataques salafistas perpetrados en los últimos días en el Sinaí y que los propios Hermanos Musulmanes rechazaron. Esto basta para justificar la matanza de Rabaa al-Adawiya por la «presencia de armas» en la acampada o para acusar a los religiosos de «poner a los niños y a las mujeres delante para hacerse las víctimas delante del mundo», tal y como afirma Mohamed. «Les usan como escudos humanos», remató Marvat al- Talawi, presidenta del Consejo Nacional para la Mujer, que ayer ofrecía su visión sobre lo que denominó «acción de confrontación contra el terrorismo y la violencia».

«Un Egipto civil y democrático»

El problema que se plantea ahora es qué hacer con quien, tras décadas de clandestinidad, ha dominado la vida política del último año después de imponerse en las urnas a través de la formación Libertad y Justicia. Y la única alternativa que han encontrado es la ilegalización, prevista en la reforma de la Constitución aprobada en referéndum en diciembre de 2012. «Los partidos religiosos no existen en países desarrollados como Francia, EEUU o Alemania. Tampoco aquí», afirma Hassan Rashwan, que aboga por construir un Egipto «civil y democrático». Una curiosa definición pronunciada minutos después de alabar un golpe militar contra un Ejecutivo electo. El problema, una vez que las razzias han comenzado, es determinar cuándo se para. «Algunos son partidarios de la violencia y deben de ser perseguidos. Otros podrán participar en la unidad del país», afirma el profesor. Eso sí, sin derecho a expresarse. Como si no existieran.

En medio de un ambiente cargado de sospecha las miradas se dirigen también hacia la prensa. Diariamente, algún líder golpista señala hacia los informadores. «No quieren saber la verdad, están alineados con los Hermanos Musulmanes», clamaba ayer Tahari El Gibali, jueza en Cairo, quien censuraba la actitud de Europa y EEUU. Y eso que los gobiernos occidentales sigue sin llamar golpe de Estado a la asonada militar de julio.