La decisión de presidente de la República de Colombia, Juan Mnauel Santos, de presentar al Congreso de la República, una propuesta de referendo aprobatorio de los Acuerdos de Paz, a realizarse en fecha coincidente con las próximas elecciones presidenciales, es una de las previsibles maniobras del proceso negociador, dirigido a medir reacciones, presionar tiempo y resultados y conseguir objetivos fundamentales, que no son posibles alcanzar con el simple intercambio de ideas y propuestas entre los Altos representantes de las Partes Beligerantes en la Mesa de Negociaciones que, desde ya hace nueve meses, inició este difícil proceso de creación de las bases de la paz firme y duradera, con Justicia, en esa tierra bolivariana.
No se trata de las únicas pero sí parecen ser las maniobras que tienen mayor incidencia en los tiempos del proceso negociador, las cuales se unen a las promovidas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, del Foro Agrario Nacional, con participación de las Naciones Unidos y las Universidades colombianas y, la exigencia del traslado del Comandante Catatumbo, del Secretariado de las FARC-EP hasta la Habana para incorporarse a las mesa de negociaciones o, el caso de la incorporación de la combatiente internacionalista, de origen holandés como apoyo a la delegación farista. En el caso del proyecto de ley de referendo no se trata de un asunto meramente táctico sino del sentido estratégico de las negociaciones – y de allía la reacción inmediata de las FARC-EP - , por cuanto se relaciona con la legitimación del proceso y su relación, no con las dos Partes concernidas, sino con una iniciativa unilateral de una de ellas, El Estado Colombiano que, de esa manera confronta la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente promovida por las FARC-EP, la cual venía tomando cuerpo en el debate público e institucional colombiano.
Es importante separar los dos aspectos fundamentales de la maniobra del Presidente Juan Manuel Santos: Primero, que sea un referendo popular aprobatorio, el mecanismo por medio del cual el Estado Colombiano confirma la legalidad de todos los acuerdos alcanzados con las FARC-EP en la Mesa de Negociaciones y, Segundo, que el referido Referendo Popular deberá realizar en la misma fecha y como parte del mismo proceso comicial mediante el cual se eligirian el Presidente y el Vicepresidente de la República de Colombia y, cuyo proceso, es muy posible, que el mismo Presidente Santos sea uno de los candidatos.
En el Primer aspecto, el referendo popular vinculantes es un mecanismo democrático para validar decisiones de Estado que tiene la virtud de activar la Soberanía Popular directa, por lo que le resultaría correspondiente con las bases programáticas de las FARC-EP su utilización. Lo que puede sorprender es que el Frente Nacional de la oligarquía colombiana, que históricamente se ha resistido a la ampliación de los espacios democráticos y el ejercicio directo de la voluntad soberana del pueblo colombiano, sea hoy quien lo reivindique frente a la insurgencia, que se quedaría con la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo convocatoria y realización es políticamente más compleja de acordar y viabilizar, por la resistencia en amplios y durísimos sectores de la derecha contra-revolucionaria que encabeza el narco-paraco expresidente Alvaro Urive Velez y porque supondría para todos los sectores de la oligarquía dominante y sus socios de los Estados Unidos y del Gran Capital Internacional, aceptar que lo que se inició como un proceso de negociaciones de Paz entre el gobierno santistas y las FARC-EP, termine en una posibilidad de cambio estructural de la totalidad del viejo Estado oligárquico-militarista-
En cuanto al segundo aspecto, relativo a la coincidencia del referendo con las elecciones presidenciales, sin duda se trata de una maniobra ventajista y politiquera que, no solo tendrá la firma resistencia de la representación fariana en la Habana y de su Comandante General, Timochenko, sino que ya tiene manifestaciones de rechazo en el amplio arco del liberalismo disidente, los partidos de la izquierda institucional y del mismísimo Alvaro Uribe Vélez, quienes coinciden en calificar como un plesbicito en cubierto del gobierno de Santos, dirigido a ganar las venideras elecciones, teniendo el Acuerdo de Paz como su principal resultado de gobierno, después de 50 años de guerra fraticida y de frustraciones en las negociaciones de Paz.
Siendo el referendo un mecanismo de Soberanía Popular, la discusión de las FARC-EP, debería centrarse en el carácter vinculante de Estado de los Acuerdos, por su elevación a rango constitucional, con el fin de impedir su desconocimiento o modificación por cualquier órgano del Estado colombiano y resistirse, junto con el conjunto de fuerzas políticas y sociales que apoyan el proceso de Paz, a la ventajista propuesta de realizarla al mismo tiempo de las elecciones presidenciales u otros comicios; defendiendo la separación del referendo de cualquier otro proceso comicial, con el incuestionable argumento de la necesidad que exprese, con mayor claridad, la voluntad soberana del pueblo colombiano.
En cuanto a la Asamblea Nacional Constituyente, ese mecanismo solo se puede imponer desde una posición políticamente dominante o como consecuencia de la victoria o supremacía en la confrontación armada; escenarios que no son parte de la realidad actual de esa organización insurgente, por lo que las FARC-EP seguramente la mantendrán como parte de su agenda política, e incluso electoral, posterior al Acuerdo de Paz, como propuesta aglutinadora del amplio espacio político y social anti-oligárquico que tiene sacudido hoy, al establecimiento oligárquico colombiano, con la más amplia protesta social y política que se haya realizado en los últimos 50 años.
