El destino, o mejor dicho, el fraude electoral, parece jugarle otra mala pasada al pueblo hondureño que con el gobierno surgido en las recientes elecciones, continuará sin poder salir del segundo lugar entre los país más pobre de toda América Latina y el Caribe, solo superado por Haití.

El resultado de las elecciones presidenciales del domingo 24 de septiembre resultaba predecible: era difícil que un candidato a favor del pueblo se alzara con la victoria en un país dominado durante décadas por una derecha criolla que responde a los intereses de Estados Unidos, y con un ejercito formado y entrenado por Washington que dio un golpe de Estado en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya.

Y eso fue simplemente lo que ocurrió. Tanto el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) de la candidata Xiomara Castro como los diferentes movimientos sociales han insistido en el fraude electoral a favor del candidato oficialista Juan Orlando Hernández, quien además controlaba al Tribunal Superior Electoral, encargado del conteo de los votos.

Antes y durante el proceso comicial, grupos paramilitares se encargaron de amedrentar a la población para que no ejerciera el sufragio a favor del Partido LIBRE, mientras según denuncias de varios partidos envueltos en la justa, hubo numerosas boletas escondidas y hasta gran número de “muertos” ejercieron el voto.

La derecha hondureña tenía que hacer todo lo necesario para que el país no volviera a ser dirigido por fuerzas nacionalistas y democráticas como fue el corto período de Zelaya (2006-2009) durante el cual esa nación centroamericana trató de integrarse a la región mediante el mecanismo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Aquella unión con el ALBA a mediados de 2008, puso en tensión a todas las fuerzas de la ultraderecha y a las transnacionales como la estadounidense Chiquita, antigua United Fruit, que exporta desde esa nación 8 000 000 de cajas de piña y 22 000 000 de cajas de plátanos; o a las farmacéuticas que proveen el 80 % de las medicinas que se comercian en el país.

Honduras recibió, a través de la cooperación con el ALBA, millones de dólares para diferentes proyectos económicos y sociales que fueron puestos en ejecución, así como 20 000 barriles diarios de crudo venezolano que le permitían resolver la grave crisis energética del país.

Los servicios de salud y educación comenzaron a brindarse gratuitamente en muchas dependencias del Estado, mientras se mejoraban los sistemas de acueducto y alcantarillado y la alfabetización se llevaba a cabo por toda la nación.

Zelaya, con la mira puesta en el mejoramiento de la población, decretó en enero de 2009 un aumento del salario mínimo de 184 a 289 dólares mensuales. La vida de la población más necesitada comenzaba a cambiar para bien de la mayoría.

Estados Unidos y las transnacionales no podían permitir que en Centroamérica, otro país (antes lo había hecho Nicaragua) se uniera al ALBA en completa contradicción a los Tratados de Libre Comercio con los cuales Washington intenta controlar a toda la región.

Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de Honduras que fueron publicados en febrero de este año por el diario La Prensa, informa que casi seis millones (71 %) de los 8,5 millones de habitantes del país son pobres.

De esa cifra, 4,2 millones es decir, la mitad de la población esta en situación de extrema pobreza que tratan de sobrevivir con solo un dólar al día.

Se estima que después del golpe de 2009, otras 150 000 personas pasaron a integrar esa categoría, sobre todo en las zonas urbanas con un 77,8 % de pobreza e indigencia.

La desigualdad también ha ido creciendo en espiral debido a las políticas neoliberales impulsadas por los dos últimos regímenes lo que han ayudado a que 15 familias controlen el 80 % de las riquezas, mientras que el 80 % de la población recibe menos del 10 %.

Roberto Micheletti, impuesto en el poder tras el golpe y su sucesor, Porfirio Lobo, eliminaron el ciento por ciento de las leyes en beneficio de la mayoría de la población que tomó el gobierno de Zelaya durante tres años y medio de gestión.

Entre las más perjudiciales están la congelación de la Ley del Salario Mínimo, pérdida de 250 000 empleos, fragmentación de las jornadas laborales, derogación de los acuerdos con el ALBA, restitución de privilegios a las compañías transnacionales, impulso de las privatizaciones, entre estas, la estatal Hondutel en la cual Micheletti era consejero.

A finales de octubre, las finanzas públicas hondureñas se encontraban en un estado deplorable, con un déficit fiscal de 8 % y una deuda pública superior a los 8 000 millones de dólares, o sea, más de la mitad de su PIB.

A esto se suman otros dos gravísimos problemas: la violencia incontrolable que deja diariamente más de 30 muertos con numerosas pandillas que aterrorizan pueblos y ciudades; y segundo, un alto nivel de traficantes pues cerca del 80 % de la cocaína que va a Estados Unidos desde Sudamérica pasa por ese territorio.

El vice ministro de Defensa hondureño, Carlos Roberto Funes, indicó recientemente a un diario español, que en su país existen alrededor de 200 pistas de aterrizaje clandestinas.

Por tanto, el fraude electoral era como el título del libro, Diario de una muerte anunciada. La derecha criolla no iba a dejar que sus pingües negocios se perdieran. No importa que la población continúe padeciendo hambre, pobreza, insalubridad, analfabetismo, lo fundamental era mantener las banderas del neoliberalismo y que sus bolsillos continuaran llenándose de capitales.