Nuevamente la representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP, se ve obligada a denunciar la existencia de una ofensiva de las unidades estratégicas de las Fuerzas Militares del Estado Colombiano contra los agrupamientos en estado de Cese Al Fuego Unilateral de la insurgencia ubicados en diversas regiones del territorio colombiano, con elevados saldos de victimas en combate y un incremento en la tensión militar que afecta el ambiente de contención que debería privar en el terreno entre ambas fuerzas, con el fin de favorecer el proceso de negociaciones de Paz que se realiza en la ciudad de la Habana, República de Cuba y el Alto Al Fuego Unilateral de todas las unidades guerrilleras y de milicia acordada por la Comandancia General de las FARC-EP este mes de diciembre.
Lo primero que resulta evidente es la calculada ambieguedad del Presidente Juan Manuel Santos como Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares y de Policía de la República de Colombia porque, por un lado declara en los medios que aprecia como una contribución de la insurgencia a las negociaciones de Paz el Cese Unilateral de Fuego y certifica que la insurgencia a cumplido con ese compromiso, emite destempladas declaraciones contra las FARC-EP cuando en las acciones ofensivas de las Fuerzas Militares caen en combates oficiales y soldados que no debieron morir si sus mandos hubiesen observado la prudencia de atacar los acantonamientos de las tropas rebeldes.
En segundo lugar, se hace cada vez más evidente que el control del mando y las operaciones de las Fuerzas Militares no se encuentra en manos del Presidente de la República sino del Ministro de la Defensa, el uribista Juan Carlos Pinzon, que se permite autorizar un incremento de las operaciones militares en las zonas de control e influencia de las FARC-EP, obligando a las unidades guerrilleras y de milicia a darle respuesta defensiva al ataque militar, trayendo como consecuencia, el trágico resultado de más soldados e insurgentes muertes en la fase final de este sangriento conflicto social y armado interno que ha ocasionado más de 200 mil muertes en 50 años.
En tercero, sigue pesando sobre el Presidente Santos su apretada victoria – con el apoyo de la izquierda legal – contras las fuerzas contrarias a la Paz con Justicia y Dignidad nucleadas alrededor del narcoparamilitar expresidente Alvaro Uribe Vélez, cuyos aliados en el Congreso, en la Procuraduría de la República y en la Administración de Justicia se muestran reacios a aceptar los previsibles resultados de las negociaciones que provocaran un cambio importante del escenario político colombiano con la incorporación de fuerzas y movimientos sociales con profundas raíces entre la población colombiana que luchará para conquistar un espacio de reconocimiento y legitimación en el descompuesto sistema político colombiano y una modificación de las reglas del juego en el escenario electoral.
Así mismo, en cuanto lugar, la alta oficialidad militar con control de mandos en las unidades estratégicas se oponen a los términos de una negociación en la que, inevitablemente, el Estado Colombiano ha tenido que reconocer, de Hecho y de Derecho, a las FARC-EP como Fuerza Beligerante y cuyos resultados implicaran la aceptación de un futuro protagonismo en la transición luego de la firma de la terminación del conflicto, mientras que cientos de oficiales, suboficiales y soldados, incursos en delitos contra la propiedad pública y privada, graves violaciones de derechos humanos contra la población civil no combatiente (como los Falsos Positivos) y Crímenes de Guerra previsto en el Estatuto de Roma que regula la Corte Penal Internacional, pretende obtener una impunidad que, constitucional y legal en Colombia no es posible.
No se trata entonces que las operaciones de las Fuerzas Militares están dirigidas a evitar que el Cese Unilateral de Fuego pueda favorecer el rearme de las FARC-EP ni que están dirigidas a garantizar la seguridad y el orden público en todo el territorio nacional sino, esencialmente, a producir la mayor suma de "ruidos" en el escenario de guerra para impactar la mesa de negociaciones der la Habana, con el fin de sostener en su agenda las demandas que los altos mandos militares han venido planteando para ser discutida en la Mesa de Negociaciones de la Habana, entre las cuales destacan la exclusión de la dirigencia de las FARC-EP en el proceso político pos-conflicto y el sometimiento a juicios penales a toda los mandos guerrilleros, combatientes, milicianos y cuadros y militantes del Partido Comunista Clandestino (PCC) y el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (MBNC).
En el fondo del asunto, el problema es que, pese a toda su campaña mediática contra la moral insurgente, su supuesta derrota militar y su escasa gravitación política, las elites políticas, económicas y militares colombianas más identificadas con el narcoparamilitarismo y la guerra, no podran ser impactadas negativamente por la dinámica de cambios democráticos que deberán operarse en Colombia al término del conflicto armado, razón por la cual, necesitan mantener su presión belicista sobre la Paz para imponer acuerdos indeseados en las negociaciones y cohesionadas sus fuerzas dentro del Estado y la enferma sociedad colombiana que haga posible cerrarle el paso a los nuevos tiempoos por venir en la tierra de Nariño, Córdova, Galan y Camilo.
