A raíz de los trágicos hechos de guerra ocurridos en una operación defensiva del territorio en la vereda La Esperanza del municipio de Buenos Aires, Cauca, el señor Santos, jefe de la Casa de Nariño, ha dado la cruel orden de reanudar los bombardeos aéreos en todo el territorio nacional.

Se trata de una fatal determinación, típica de quien actúa como un jugador de póker para sacar ventajas politiqueras, que tendrá serias e inmediatas consecuencias en la cruenta guerra civil que padece la sociedad colombiana desde hace más de 50 años.

Esta decisión va a tener duras repercusiones en el proceso de desescalamiento del conflicto que había avanzado consistentemente con la tregua unilateral ordenada desde Diciembre/2014 por las Farc, con los pactos en materia de desminado y las decisiones en cuanto a menores combatientes.

Quiere decir que los diálogos demandaran más tiempo y sosiego para determinar de manera muy precisa los compromisos gubernamentales con la implementación efectiva de las reformas y cambios democráticos, sociales y políticos consensuados.

Hablar de fechas para la firma de un Acuerdo final no es un disparate liberal o radical, solo que debe considerarse que un parte cronológico (y no ontológico, como debería ser) depende del avance real en los temas establecidos en la Agenda y de la voluntad real del gobierno de hacer efectiva la paz con justicia social y democracia ampliada, que es a lo que se niega la oligarquía plutocrática que representa el señor Santos y su gabinete de tecnócratas.

El gobierno y su cúpula directiva mantienen una posición cerrada de no tocar el modelo neoliberal e imponer su democracia clientelar y mercantil. A lo que se agrega el sabotaje estructural a la paz de los generales y militares adictos al fascismo contrainsurgente y anticomunista de Uribe Velez y la ultraderecha latifundista, con el consentimiento santista.

El uso de la infraestructura de la Fuerza Aérea en el conflicto tendrá consecuencias desastrosas. Es como usar gasolina para apagar un incendio. 

En los años recientes, la acción de los vehículos aéreos para desplegar enfrentamientos de guerra ha sido sangrienta. Basta con recordar el caso de la vereda Santo Domingo/Arauca.

Como bien es sabido, en el municipio de Tame está ubicado el corregimiento de Santo Domingo, y ambos hacen parte del departamento de Arauca. El 13 de diciembre de 1998, después de las diez y media de la mañana, cuando se celebraba por una humilde comunidad campesina un bazar con actividades deportivas y culturales, un avión fantasma de las FAC (Fuerzas Armadas de Colombia) y un "número no determinado" de aviones y helicópteros de guerra, bombardearon el caserío; un ‘dispositivo cluster’ explotó sobre un camión, causando la tragedia.

De tal “hazaña militar”, resultaron muertas 17 personas, entre adultos y menores de edad. Los sobrevivientes tuvieron que abandonar el caserío durante 17 días, tiempo en el que el Ejército permaneció en el área junto a grupos paramilitares de los narcos Mellizos Mejía, las casas de la población civil fueron abusivamente violentadas, se registraron allanamientos ilegales y fueron saqueados sus comercios, destruidos sus enseres, hurtados sus dineros y joyas, y fueron consumidas las gallinas de propiedad de la población civil, por los soldados.

Las autoridades negaron lo ocurrido "no existía claridad sobre los hechos en que se presentó el enfrentamiento", dijeron, indicando además que los aviones de las FAC habían llegado hasta el municipio a causa de "un operativo militar conjunto entre el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea para combatir a la guerrilla de las Farc en el área general de Tame. Se expidieron las órdenes RELÁMPAGO II, PANTERA Y PANTERA I".

Los familiares de las víctimas demandaron al Estado indicando que la Fuerza Pública, desde la fecha de la masacre, utilizó procedimientos falsos y obstruyó y dilató las diversas investigaciones adelantadas por los hechos que se juzgaron posteriormente, cuando fue evidente que lo ocurrido se trato de una masacre; destacando además que la prueba documental aportada por la FAC era incoherente e incongruente y evidencia los errores tácticos y estratégicos en que incurrió la Fuerza Aérea, lo que se ha repetido a lo largo de los últimos años en muchos casos y se va a repetir ahora con esta demencial orden.

Por esos hechos, el Consejo de Estado ordenó a las FAC pagarles a los familiares de las 17 personas, entre ellas 6 menores de edad, por la masacre de Santo Domingo, un total de $1125 millones de pesos.

Un agregado militar, Coronel Sergio Andrés Garzón, regresó de Francia para responder por el ataque criminal a Santo Domingo, Arauca.

La decisión de ordenar la captura de los oficiales de la FAC comprometidos en el magnicidio fue adoptada por una fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH), quien sindicó al Coronel Sergio Andrés Garzón y al mayor Germán David Lamilla, como coautores del concurso homogéneo de 17 homicidios con dolo eventual.

Por el mismo hecho también fueron condenados a 30 años de prisión, cada uno, el capitán César Romero y el teniente Johan Jiménez, quienes pilotaban el helicóptero que lanzó el artefacto explosivo.

Fatal y delirante la orden de Santos. Pone nuevamente a rodar una infernal maquina de muerte integrada por casi 14 mil efectivos, 300 aeronaves de combate que está bajo la conducción del Gr.Guillermo León León.

Morirán campesinos, ancianos, mujeres, niños, animales y se destruirán espacios de trabajo de las comunidades.

Absurda decisión que se coloca en contravía de lo que observamos recientemente en la Cumbre de Panamá, espacio que permitió, después de 50 años de equivocaciones y atropellos gringos, el acercamiento entre Obama y Cuba, sin que la pequeña nación caribeña renunciase a sus políticas revolucionarias y socialistas. Obama reconoció los errores de su país y se mostró dispuesto a corregir.

Acá, por el contrario, la elite oligárquica dominante se niega a reconocer sus errores y persevera en la violencia estatal contra las clases populares y las masas campesinas para seguir favoreciendo la riqueza y el poder de grupos minoritarios que dominan el Estado en todos sus niveles.

En vez de bombardeos, lo que la paz con justicia social exige es un cese al fuego y de hostilidades bilateral y permanente. Lo que la paz demanda es más democracia ampliada y vigencia de los derechos políticos, garantizando que la libertad impere en los medios de comunicación monopolizados por grupos empeñados en mentir e intoxicar a la sociedad con mentiras y embustes.