Nadie se deje impresionar por el rasgamiento de vestiduras de Bogotá contra Caracas supuestamente para defender los derechos humanos de sus ciudadanos en Venezuela, sonsonete amplificado por las corporaciones mediáticas.

El 29 de agosto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó cerrar por 72 horas la frontera común luego de que tres miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana(FANB) fueran baleados y heridos. El hecho ocurrió en San Antonio del Táchira, del lado venezolano, muy cerca de la ciudad colombiana de Cúcuta. El método de los agresores responde al patrón empleado por los paramilitares del país vecino.

Maduro también decretó el estado de excepción en seis municipios del estado Táchira, mientras miembros de la FANB eran desplegados en el límite con Colombia, cerca del lugar del ataque. El objetivo de estas y otras medidas tomadas por el gobierno bolivariano es la defensa de la soberanía territorial y los derechos humanos tanto de sus ciudadanos como de los cinco millones de colombianos residentes en Venezuela. Entre ellos, 110 mil desplazados por el conflicto bélico en su país según el informe de 2015 del órgano de la ONU para los refugiados, el cual ha reconocido siempre la actitud solidaria de Venezuela con aquellos.

La mayoría de los colombianos en Venezuela no existían legalmente hasta la llegada de Chávez a la presidencia pues no estaban ni inscriptos en el registro civil y fue él quien terminó con ese atropello y les propició adoptar la ciudadanía venezolana a todos los que lo desearan, con plenos derechos políticos y a los programas sociales bolivarianos, también al acceso de los refugiados.

En la frontera colombo-venezolana de 2219 kilómetros de extensión campea un gigantesco contrabando hacia Colombia de productos subvencionados de la canasta básica y gasolina venezolanos, que luego son revendidos en el país vecino a precios superiores pero por debajo de los del mercado colombiano. Encima, el tráfico de millones de bolívares con destino a los especuladores que los usan para comprar en Venezuela a precios subvencionados y luego revender más caro en Colombia.

La presencia creciente en Venezuela de paramilitares colombianos es clave para entender lo que pasa. Estos, desde el mandato de Chávez eran usados como carne de cañón contrarrevolucionaria por la derecha venezolana y la CIA con el aliento del entonces presidente Álvaro Uribe, que sigue en lo mismo. Esta situación ha llegado al extremo de que los paramilitares colombianos se están apoderando de las redes criminales del vecino a la vez que actúan como sicarios para la oposición venezolana. Frente a esto, el gobierno colombiano peca unas veces por omisión y otras por comisión

El reciente ataque a los militares venezolanos fue la gota que colmó la paciencia de Maduro. Hasta ahora Caracas exponía esta situación en las periódicas reuniones y contactos de alto nivel con Bogotá y a través de los canales diplomáticos. A la vez, llegado un momento comenzó a desplegar operaciones de limpieza de la FANB contra los paramilitares y, junto a otros órganos del gobierno, contra el desenfrenado contrabando pero con el inconveniente de hacerlo a lo largo de una frontera de selva y montaña sin la menor cooperación colombiana. El mandatario venezolano se había abstenido hasta ahora de tomar medidas drásticas en aras de mantener una convivencia civilizada con el país vecino y de evitar el estallido de un conflicto armado que podría derivar en una tragedia no solo para los dos pueblos hermanos sino para América Latina y el Caribe y dar un rudo golpe a los procesos de unidad e integración regional.

El gobierno de Colombia, nunca, salvo raras excepciones, ha prestado atención al territorio aledaño a su larga frontera desde los tiempos de la independencia. A lo largo de 6301 kilómetros limita, además de con Venezuela, con Brasil, Perú, Ecuador y Panamá.

Se trata de un área en abandono económico, social, educacional, de salud, vivienda y asistencia social, según confirman datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y las propias estadísticas oficiales colombianas.

La única solución sensata posible a este diferendo es mediante el diálogo constructivo y cordial entre las partes con el acompañamiento de UNASUR. Pero para ello el gobierno del presidente Juan Manuel Santos debe cesar la retórica antivenezolana y reconocer su responsabilidad en el desbordamiento del conflicto interno hacia Venezuela, con las consecuencias ya explicadas.