Aun sin haber jurado el cargo de presidente de Argentina, Mauricio Macri empezó a sacar la uñas en contra de la integración latinoamericana y a favor de leyes neoliberales que pusieron en grave crisis económica al pueblo argentino a finales de la década del siglo XX y principios del 2000.

A pocas horas de su victoria electoral arremetió durante una conferencia de prensa contra la República Bolivariana de Venezuela a la que tratará de sacar del MERCOSUR, acusándola de perseguir a opositores y no respetar la libertad de expresión.

Macri esta en completa sintonía con la política de Estados Unidos contra Venezuela y desde ya se ha convertido en la llave de la Casa Blanca para intentar desmontar la integración latinoamericana que se ha reforzado en los últimos 15 años con la aparición de gobiernos progresistas y nacionalistas.

Días antes, en una alocución durante la campaña electoral, había expresado que su futura gestión estaría encaminada contra el Gobierno de Cuba si este no avanza en su proceso de apertura y un acuerdo con Washington.

A todas luces, Macri desea convertirse en el peón de Estados Unidos, como lo fue su ídolo y ex presidente Carlos Ménem, en contra de los gobiernos progresistas y soberanos, y de las organizaciones integracionistas como la CELAC y la UNASUR.

Desde hace tiempo, y en línea directa con la Casa Blanca, Macri ha estado articulando acciones con la ultraderecha venezolana, así como con países y medios de prensa occidentales para influir en una posible defenestración del presidente Nicolás Maduro.

En cuanto a la política nacional, todo parece indicar que los logros alcanzados por las administraciones Kirchner (Néstor y Cristina) desde 2003 cuando sacaron a la Argentina de una de las crisis económico-sociales más profundas de su historia, se encaminan a revertirse.

No ha sido sorpresa que en el gabinete del futuro presidente se haya nombrado a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, la misma persona que como ministra de Trabajo en 2001, durante la administración Fernando de la Rua, recortó un 13 % los salarios de los empleados estatales y las jubilaciones que afectó al 16 % de los jubilados.

Recordemos que De la Rua en diciembre de ese año huyó de la Casa Rosada en helicóptero debido a las numerosas manifestaciones en su contra cuya represión policial dejó en ese momento 38 muertos y numerosos heridos.

Durante el año que Bullrich fue ministra de Trabajo (octubre de 2000 a octubre de 2001) se alcanzaron las mayores tasas de desempleo, cierres de empresas, personal suspendido y recortes de horas laborales de la historia reciente de Argentina. Cuando llegó al cargo en octubre de 2000, el desempleo era de 14,7 %, al renunciar era de 18,3 % y dos meses después llegó a 30 %.

Argentina se convirtió a finales de la década de 1980 en el experimento más extremo de las políticas neoliberales impuestas en la región. En el período del presidente Carlos Ménem (1989-1999) se implantaron las directrices del Consenso de Washington a instancias del FMI y de la Organización Mundial del Comercio (OMC), referentes a priorizar el libre mercado y las privatizaciones.

Ménem abrió los servicios y la industria al capital extranjero y permitió la importación indiscriminada de mercancías con lo cual el país se dirigió hacia la debacle económica pues la moneda argentina tenía el mismo valor del dólar, las mercancías importadas eran más baratas que las nacionales lo cual afectaba las exportaciones. Argentina sufrió un profundo déficit comercial, que se remediaba con la venta de las entidades de producción y de servicios públicos.
Como consecuencia lógica, la inversión extranjera disminuyó al no existir empresas para privatizar ni creación de nuevas industrias y servicios. De esa forma, se incrementó el endeudamiento comercial y público, paralización total del país, acompañado de masivas y prolongadas manifestaciones populares.
Los bancos dejaron de funcionar y congelaron el dinero de los acreedores, instaurándose el llamado corralito bancario. La deuda externa se elevó a 95 000 millones, el desempleo a más de 30 % de la población; el hambre y la miseria alcanzaron a la mitad de sus 38 millones de habitantes.

Fue a partir de 2003, cuando Néstor Kirchner tomó las riendas de la Casa Rosada, seguido cuatro años después por Cristina, que el país comenzó a revertir la profunda crisis económica al aplicar una nueva política económica.

El crédito presupuestario del Ministerio de Desarrollo Social en 2003 era de 1 781 millones de pesos, y pasó en 2014 a 35 972 millones de pesos; las pensiones asistenciales a 180 000 personas en 2003, llegan ahora a 1 400 000 ciudadanos; las madres de 7 hijos, que cobraban 150 pesos, hoy reciben 2 180 pesos, y las pensiones de vejez e invalidez fueron de 105 pesos, a 1 565 en la actualidad.
Más de 3 500 000 niños y adolescentes de 1 700 000 núcleos familiares (desocupadas o con salario mínimo) reciben ayuda del programa Asignación Universal por Hijo que estipula desde 2009 que cada menor debe asistir al colegio y mantener su calendario de vacunas y servicios de salud cubierto.

Con la reindustrialización se expandieron los sectores automotriz, siderurgia, metalmecánica, software, lo que permitió sustituir importaciones por más de 15 000 millones de dólares.
En la agricultura se aprobaron inversiones que colocan a la Argentina al frente de los países de mayor avance tecnológico con record de producción lechera, maíz, trigo.

La lista es interminable lo cual demuestra que la economía Argentina se ha fortalecido durante los mandatos de los kirchner y sus 40 millones de ciudadanos reciben los beneficios de un gobierno que desechó las medidas neoliberales que durante casi dos décadas afectaron a su pueblo y el desarrollo del país.

La gran incógnita ahora será si Macri mantendrá los programas sociales para beneficio de todos los argentinos o apostará para que los más ricos acumulen más capitales, el neoliberalismo avance desmesuradamente como en tiempos de Ménem y vuelvan a surgir los corralitos bancarios y las manifestaciones de protestas.