El cobarde asesinato de la líder indígena y campesina Berta Cáceres mientras dormía en su hogar de La Esperanza, Honduras, muestra claramente que en ese país no hay democracia ni estado de derecho y, a la vez, una realidad que cada vez se extiende más en nuestra región. Esta es la de la segunda conquista de América Latina y el Caribe por las grandes potencias, a través de las empresas transnacionales y del llamado crimen organizado que son apoyadas por los Estados en sus planes expansionistas de creciente y acelerado despojo y depredación de los recursos y riquezas naturales. Todo ello mediante la represión, el despojo de sus tierras y aguas a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Las empresas corrompen autoridades locales, regionales y nacionales, que cuando los líderes de los pueblos en lucha no se doblegan los meten en la cárcel o los asesinan.
Allí está la escandalosa prisión arbitraria de Nestora Salgado, la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá en el Estado mexicano de Guerrero quien paga el crimen de meter en cintura a los criminales en su territorio y por ello disgustar a las autoridades que los amparaban. O la de Milagro Sala, indígena coya y lideresa de la Organización Barrial Tupac Amaru en la provincia argentina de Jujuy, el proyecto de autogobierno y autogestión comunitaria más grande del país austral, únicamente comparable a un Caracol zapatista, todo un desafío al capital y a las autoridades provinciales.
Sería interminable la lista de luchadores sociales presos políticos o asesinados por los gobiernos neoliberales de América Latina y el Caribe. Sus casos casi siempre pasan inadvertidos pues no se llaman Leopoldo López, ni son ricos ni existe el más mínimo interés en difundir sus casos por los grandes medios corporativos. No debe perderse de vita que esos medios son propiedad también de grandes empresas transnacionales enemigas de nuestros pueblos.
Después del golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, planeado en la base aérea estadounidense de Soto Cano y en el Comando Sur de Estados Unidos, Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos y violentos del planeta y en un paraíso para la inversión de las grandes trasnacionales y para las organizaciones criminales. El país centroamericano compite con México en cuanto a asesinatos de periodistas y activistas sociales, nunca aclarados, nunca sancionados sus ejecutores y mucho menos los autores intelectuales. Es el reino de la impunidad para los crímenes del capital imperialista.
Berta, lideresa del lenca, el mayor de los pueblos indígenas de su país, fue una de las fundadoras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en 1993 y una de las más destacadas referentes de organizaciones populares en las protestas iniciales de calle al golpe contra Zelaya y firme participante en la resistencia contra este.
Su aureola de luchadora indoblegable ganó cada vez más prestigio por las victorias que obtuvo frente a los megaproyectos de las trasnacionales, entre ellas que tuvieran que retirarse y clausurar el proyecto de hidroeléctrica Agua Zarca, que habría arrasado con la economía de una amplia región del pueblo lenca y de comunidades campesinas. En el año 2015 Berta recibió el reconocido premio Ambiental Goldman.
Preguntada posteriormente si el galardón podía significar alguna protección para su vida esta fue su respuesta: "El gobierno trata ahora de vincular los asesinatos de defensores ambientales y de la tierra con la violencia común, pero hay suficientes elementos para demostrar que existe una política dirigida, planificada, estructurada y financiada para la criminalización de la lucha de todos los movimientos sociales y populares.
La instalación y expansión de proyectos transnacionales en los territorios no sólo genera conflictividad, sino múltiples formas de violación de los derechos humanos, incluso asesinatos. Ojalá me equivoque, pero creo que en lugar de disminuir, la persecución contra las y los luchadores va a recrudecer". No se equivocó.
Aunque también es cierto que este crimen ha sido muy repudiado por el pueblo hondureño en un momento crítico de su lucha contra el golpe de 2009. La diputada Scherly Arriaga, del Partido Libre del ex presidente Zelaya, ha dicho: el pueblo de Honduras retoma ahora nuevamente las calles… El gobierno de Juan Orlando Hernández entró en crisis… al no haber respondido a la seguridad de ella. Creo que otra vez Honduras se levanta…."
