El Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, con el apoyo de la pluralidad de las elites sociales, económicas, políticas, académicas y militares del país, nuevamente se pone al margen de la legalidad internacional y desafía a la comunidad internacionalidad, al rechazar los dos fallos de ese órgano judicial que declara su competencia para examinar la procedencia del reclamo nicaragüense del incumplimiento de la República de Colombia de la sentencia sobre la delimitación del territorio marítimo del Mar Caribe en disputa entre ambas naciones y, sobre la extensión de la plataforma marina y submarina de tales territorios ahora reconocidos como territorio de la República de Nicaragua.
Esta gravísima decisión del gobierno de la República de Colombia, que cuenta con el apoyo hasta de los más enconados enemigos, como el expresidente y hoy senador, Alvaro Uribe Vélez, pareciera una continuidad de la posición rebelde y contumaz del Estado Colombiano que, a propósito de la decisión de 2012 de la misma Corte Internacional de Justicia que le reconoció en propiedad soberana a Nicaragua sobre más de 95 mil kilómetros de espacio marítimo antes poseído por Colombia, respondió declarando la antijurídica e inadmisible formula de que “aceptaba pero no acataba” una sentencia judicial que tiene las condiciones jurídicas de vinculantes para las Partes, definitividad de Cosa Juzgada y sin posibilidad procesal alguna de apelación; lo cual representa una nueva mancha para esa elite gobernante que, en su discurso oficial, tanto se ufana de ser un presunto observador del orden jurídico internacional y supuesto cumplidor de sus responsable de sus obligaciones.
Sin embargo, la gravedad de la desafiante conducta de los gobernantes y la elite colombiana frente a este importante litigio territorial entre dos Repúblicas latinoamericanas va más allá de la relaciones entre ambos Estados controvertidos y de la misma vigencia plena de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, como órgano de las Naciones Unidas, sinio que se extiende a la comunidad latinoamericana y caribeña de Estados, en cuyo seno se mantienen diversas disputas territoriales y no pocos rezagos en el establecimiento de los de límites continentales y marítimos – algunos de los cuales están relacionados con Colombia – al cuestionar el valor institucional y jurídico de la Corte Internacional de Justicia e, incluso, la profesionalidad e imparcialidad de sus magistrados, como instrumento de solución pacífica de este tipo de controversias y de otras previstas en sus Estatutos; lo que podría a conllevar a tensiones, fricciones y conflictos políticos e, incluso militares, que pudieran impactar seriamente el proceso de integración y cooperación que se ha podido desarrollar en ésta región en los últimos diez (10) años con la creación de PETROCARIBE, CELAC, UNASUR y la CELAC.
En relación con esta posición del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y de toda la elite política, económica, social y militar colombiana, la República Bolivariana de Venezuela, que sostiene un largo y difícil contencioso territorial con Colombia por la delimitación de las áreas marinas y submarinas y que desde hace más de 30 años se encuentra prácticamente paralizado, ha de tomar debida nota de la conducta desafiante y rebelde contumaz de Colombia frente el Derecho y la Justicia Internacional por cuanto es pública y notoria la alianza que estas elites santanderianas mantienen con las estrategias hegemonistas de los gobiernos de los Estados Unidos de América y la OTAN, por lo que no sorprendería que, tan pronto resolvieran lo fundamental del proceso de terminación del conflicto armado interno, movilizaran sus reforzadas y experimentadas Fuerzas Militares hacia su zona fronteriza con Venezuela, con el fin de aumentar la presión militar sobre la Revolución Bolivariana, contribuyendo con el cerco estratégico que viene construyendo con fuerzas de tierra, aire, superficie e inteligencia humana y satelital el Comando Sur y la activada Cuarta Flota de los Estados Unidos en la fachada Caribe de nuestro territorio y, el reforzamiento operacional y de apoyo logístico que tales organismos militares le vienen prestando a la pretensiones provocadoras del Presidente guyanés David Granger, sobre el territorio esequibo venezolano, Ilegalmente usurpado en el siglo XIX por el imperio inglés y cedido ilegítimamente a su antigua colonia y aliada, la República Cooperativa de Guayana.
Pero no solo en lo internacional pudiera tener efectos negativos la rebeldía y el desafío de la elite colombiana a las decisiones de la CIJ de la Haya sino en el mismo espacio interior del Estado Colombiano, en momentos en que, a solicitud conjunta de las representaciones del gobierno del Presidente Santos y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Pueblo, FARC-EP; el Consejo de Seguridad de la ONU y la UNASUR, decidieron desarrollar una operación de vigilancia y acompañamiento del período de pos-conflicto armado interno, cuyo respeto irrestricto e incondicional por parte del gobierno colombiano podría no estar asegurado, dada su demostrada inclinación a “aceptar pero no acatar” las decisiones de organismos internacionales que no se corresponden con el interés del gobierno del Palacio de Nariño; postura que viene a justificar las reiteradas dudas y reservas planteadas por la insurgente FARC-EP en la Mesa de Negociaciones de Paz que se desarrollan en la Habana, República de Cuba, acerca de las garantías del cumplimiento cierto y de buena fe de la parte gubernamental colombiana de todos y cada uno de los acuerdos ratificados por las Partes en el largo proceso de construir una Colombia de Paz y Democracia con Justicia Social y Soberanía Nacional.
