De todos los aspectos relevantes que se relacionan con la construcción de un proceso de Paz con Democracia, Seguridad y Justicia Social en la República de Colombia, el menos destacados es el relacionado con las posibilidades para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP, de contar con instrumentos de comunicación e información modernos, de calidad y de difusión nacional y global sin restricciones en el período posterior a la firma de los acuerdos de Paz y durante el largo y difícil período del cese de las hostilidades militares, las dejación de las armas y otros medios de guerra y la incorporación plena y segura de los mandos y combatiente guerrilleros y milicianos, así como los dirigentes y activistas de la organización clandestina del Partido Comunista Clandestino de Colombia y el Movimiento Bolivariano por Una Nueva Colombia, brazos políticos del principal sector de la insurgencia colombiana.

Reconociendo que las insurgencia revolucionaria colombiana ha sido creativa en la generación de medios de información y comunicación nacionales e internacionales que desde sus zonas de control e influencia y la web se han dedicado a informar sobre sus ideas, debates y operaciones políticas y militares en este largo conflicto armado interno, no menos cierto es que frente a ello han tenido una maquinaria de desinformación, difamación e instigadora al genocidio, constituida por las principales empresas de la comunicación al servicio de la oligarquía santanderiana, encabezada por la cadena radial y televisiva, Caracol, Radio Cadena Nacional RCN, , la televisora 24 Horas y la ahora multimedia El Tiempo, lo que le ha permitido al Estado y a las elites que controlan en Poder en Bogotá manipular hechos políticos y militares de la contienda interna en favor de los gobiernos liberal, conservadores y narcoparamilitares que se han instalado en estos últimos 50 años en el Palacio de Nariño, mientras invisibilizan y deforman las ideas y propuestas de la insurgencia, difaman de sus mandos militares y sus legítimas acciones de guerra calcificándolos de “terroristas”, narcotraficantes” y “secuestradores” con el fin de impedir el conocimiento de la verdad histórica del conflicto y la fuerza política y militar de una insurgencia que ha sido capaz de mantener paridad estratégica con una fuerza militar y policial superior al medio millón de efectivos militares altamente entrenado y armados por el Plan Colombia y el Plan Patriota financiado por el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno sionista del ente israelí.

En estos tiempo de globalización informática y del uso intenso de los medios como instrumento de condicionamiento social, cultural y político, los procesos de Paz como el de Colombia requieren la existencia de espacios y garantías de uso intenso y extenso de medios de comunicación y de normas de Estado dirigida a persuadir y sancionar el uso delos medios como elementos de venganza, de incitación de odio, de la difamación criminal y la mentira dolosa contra los factores del proceso, por cuanto, la continuación del tipo desinformación esparcida aún en el proceso de Paz por parte de las corporaciones mediáticas al servicio del viejo Poder oligárquico se van a convertir en un medio de bloqueo del proceso de pacificación, perdón y reconciliación de la sociedad colombiana que requiere, sin dudas, de un tipo de información que ponga el acento en la superación de las heridas del conflicto, en el mutuo perdón de los daños y agravios entre las partes combatientes y, especialmente, de un ambiente de reconciliación que favorezca la no repetición de tales situaciones que tanto dañaron la vida y el desarrollo de los colombianos.

El recorrido por la mediática colombiana no arroja otro resultado que la persistencia de una amplia cobertura a las posiciones guerreristas y revanchistas del narcoparaco ex presidente Álvaro Uribe Vélez, al recordatorio de hechos militares dolorosos vinculados con el accionar de la insurgencia armada y a la generación de sospechas sobre la conducta de la insurgencia en el cumplimiento del cese unilateral de fuego, abstención en la retención de civiles con fines de cumplimiento de su orden con fines de cobros de tributos de guerra y , especialmente, la atribución de laboraos, plantíos, semisumergibles y depósitos de estupefacientes localizados por las fuerzas de seguridad del gobierno colombiano, sin presentar ninguna prueba fehaciente sobre sus afirmaciones pero con el claro propósito de mantener el descredito de las FARC-EP y con ello erosionar sus credibilidad internacional y la posibilidad no descartable que, como el Movimiento 19 de Abril de los años noventas, se convierta en un poderosos factor político con espacios de representación y gobernanza institucional en la Colombia del pos-conflicto.

Visto los hechos, estimo que las FARC-EP y los movimientos sociales autónomos y alternativos marginados por la democracia represiva de elites que hoy gobiernan Colombia, requieren para el desarrollo de su actividad en el espacio institucional que se abrirá en el pos-conflicto, de poderosos medios de comunicación radio-eléctricos que abarquen todo la geografía nacional en señal abierta y cables, no solo porque se trata de un Derecho consagrado en la Constitución de 1,991, sino porque se trata de una requisito necesario e imprescindible para crear las condiciones de libertad democrática que favorezca la reconciliación, la Justicia y el Perdón de los colombianos y colombianas y la construcción de un ambiente de tolerancia y libertad política para todos los actores de la vida nacional en la Colombia en Paz.