La noticia era de esperar desde hacía bastante tiempo. El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla confirmó el primero de Mayo, día de los trabajadores, que el país entró en impago parcial de 422 millones de dólares.

En transmisión televisiva como ya ha hecho en otras ocasiones, García Padilla anunció que el gobierno carecía de fondos para pagar una deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF, central), que venció este primero de mayo.

El 29 de junio de 2015, también por televisión, García Padilla dijo que el país no podía pagar los más de 73 000 millones de dólares de su abultada deuda pública y pidió a los habitantes "compartir el sacrificio".

Esta es la segunda ocasión que el gobernador decreta impagos con acreedores, debido a la insolvencia del Banco Central, que en la actualidad solo cuenta con 562 millones de dólares en sus arcas.

Tuvo que reconocer que está con las manos atadas pues por la inacción del Congreso de Estados Unidos, el denominado Estado Libre Asociado (ELA) que desde 1898 funciona como una colonia de Estados Unidos, no cuenta con instrumentos para sobrellevar ese pago y al mismo tiempo asumir los gastos de los servicios esenciales de la ciudadanía.

El gobernador dijo que han sido infructuosos sus continuos viajes a Washington para pedir, solicitar y rogar al Congreso que "nos provea las herramientas para reestructurar nuestras deudas", que ascienden a 73 000 millones de dólares.

Como García Padilla sabe que no tiene ningún poder real, le manifestó al Congreso estadounidense, en su última visita a Washington, que le daría la bienvenida a una junta de supervisión fiscal que asistiera al gobierno de Puerto Rico en el proceso de balancear su presupuesto y mejorar su disciplina fiscal, para que "los errores que cometieron gobernadores del pasado no los cometan otros en el futuro". A la par, se "opuso" a una junta de control fiscal, bajo el argumento de que sus decisiones prevalezcan sobre las del gobierno puertorriqueño porque se "regresaría al régimen colonial".

Como se conoce, el anterior gobernante republicano Luís Fortuño, reconocido neoliberal al igual que Padilla, abogaba por la anexión plena de Puerto Rico a Estados Unidos, e impuso en 2009, el ahorro de 2 000 millones de dólares en gastos públicos mediante la llamada Ley 7, la cual implicaba el despido masivo de más de 21 000 funcionarios y trabajadores y el perjuicio para sus familias.

Con el argumento de "hacer el gobierno más chico y que la empresa privada sea la que resuelva el problema", Fortuño justificó los despidos en una nación cuya tasa de desempleo se ubicaba ya en ese año en 15,8 %

En cuanto al impago propuesto por el gobernador del oficialista Partido Popular Democrático (PPD), la senadora independentista María de Lourdes Santiago lo consideró una acción tardía ya que, según afirmó, "la estrategia correcta es una declaración frontal de impago pues resulta imposible cumplir con la deuda y con los servicios que necesita el país".

Seguidamente criticó a García Padilla por haber dicho que la junta federal de control fiscal haría volver a Puerto Rico al régimen colonial.
Y sentenció: "vivimos en el régimen colonial que el PPD defiende; es el Congreso el que puede imponer la junta o cualquier medida que se le antoje; porque el ELA es colonia y por eso los puertorriqueños se han visto obligados a servir y morir en las guerras de Estados Unidos".
Hasta el momento, el gobierno federal estadounidense que dirige la vida política nacional e internacional de la Isla no ha previsto ningún rescate para Puerto Rico pese a su asfixia financiera.

La realidad es que la vida se ha vuelto mucho más cara para los 3 650 000 habitantes de la Isla que desde hace largos años enfrentan la incertidumbre económica sin ver algún respiro.

Las estadísticas indican que en ese Estado Libre Asociado, el 40 % de la población adulta trabaja o busca algún empleo, mientras que el resto esta desvinculada o lo hace en la economía sumergida. La inversión ha caído un 20 % y los activos bancarios en 35 %.

Las cifras son calamitosas pues Organizaciones No Gubernamentales afirman que el 72,6 % de la población vive en precarios niveles de pobreza, y más de 15 000 habitantes (la mitad jóvenes) son adictos a las drogas.

El gobernador García Padilla impuso el pasado año varias medidas para "solventar" la situación: aumentó los impuestos a la venta de 7 % a 11,5 %, redujo en 11 % los servicios de atención de salud Medicare y Medicaid; eliminó puestos de trabajo en empresas y administración, y disminuyó los pagos de jubilaciones.

Con acciones neoliberales orientadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con el auspicio de Washington, los gobiernos puertorriqueños han ampliado año tras año la brecha entre pobres y ricos al propiciar constantes alzas en el precio de los servicios básicos esenciales, como la energía eléctrica, el agua potable y transportación pública.

Este Primero de Mayo se recordará en esa Isla Caribeña porque miles de trabajadores, activistas políticos y sociales marcharon en repudio a los constantes recortes sociales y contra la proyectada imposición de una junta federal de control fiscal que representaría nuevas vicisitudes para cientos de miles de puertorriqueños.

Algunos especialistas ya denominan al ELA como el Desasociado Estado Puertorriqueño.