Al gobierno francés le vino como anillo al dedo haber sido la sede de la Eurocopa de fútbol y aunque su equipo no ganó la copa, si posibilitó que se disminuyera en los medios de comunicación, la enorme tensión social y económica que vive la nación gala.

Mientras los fanáticos franceses y de otras partes del mundo disfrutaban en París, por las avenidas de la llamada Ciudad Luz, miles de trabajadores protestaban contra la nueva reforma laboral aprobada por el gobierno.

Mientras la conversión de un gol hacía gritar o lamentar a los fanáticos de uno y otro equipo, la policía gala en las calles cercanas, reprimía con bastones, gases lacrimógenos y cañones de agua a los inconformes.

Desde que estallaron esas manifestaciones, el 9 de marzo pasado, se cuentan por centenares los heridos y los detenidos.

Claro que los grandes medios de comunicación y los gobiernos occidentales, han disminuido hasta el mínimo, las informaciones sobre los violentos enfrentamientos ocurridos en todo el territorio francés.

El gobierno de Francois Hollande, al aprobar la nueva ley laboral, esta adoptando un programa obligatorio que impone la Unión Europea para controlar, como omnipotente, las cuentas de los miembros de la Unión, y en el caso específico galo, tiene un déficit presupuestario anual y una deuda pública acumulada, mayores de las reglas establecidas.

Veamos el panorama en que se desenvuelve Francia, considerada como la octava economía mundial por el total de su Producto Interno Bruto (PIB), que en el primer trimestre de este año solo creció el 0,5 % y la tendencia es hacia un decrecimiento a finales de 2016.

El 10,2 % de la población económicamente activa, o sea, alrededor de 3 000 000 de personas se encuentran sin trabajo.

Esa es la segunda cifra más elevada entre las principales economías industrializadas que conforman el Grupo de los 7.

El desempleo juvenil refleja una cifra elevadísima para una nación desarrollada pues uno de cada cuatro jóvenes están en busca de empleos los que cada día son más difíciles de obtener.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al igual que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea, estiman que

Francia tiene altos niveles de servicios públicos, lo cual provoca una "pesada carga de los impuestos" que limita los incentivos para trabajar, ahorrar e invertir.

Esas organizaciones, que prácticamente dirigen las economías y las políticas de las naciones más desarrolladas, aducen que el déficit presupuestario anual y la deuda pública acumulada gala, son mayores de lo que se supone deben estar bajo las reglas de la Unión Europea.

Para algunos analistas, uno de los problemas principales que padece París es que está en una unión monetaria con Alemania, una economía mucho más fuerte y mejor organizada. Eso provoca, añaden, que paga un alto costo por no poder ya controlar las principales palancas de ajuste económico, desde las tasas de interés hasta la política fiscal.

No dejan de tener razón pues la pertenencia en la Eurozona obliga a que la modificación de las tasas de interés, estén en manos del Banco Central Europeo, que establece la política para toda la región.

Asimismo, las presiones sobre las finanzas del gobierno y las normas de la Zona Euro para administrarlas limitan las acciones de Francia para utilizar el gasto gubernamental o los recortes de impuestos para estimular la demanda.

El malestar nacional contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno motivo que las fuertes centrales sindicales galas hayan podido reunir en las calles de París, Nantes, Rennes, Lyon, Toulouse y otras decenas de ciudades a cientos de miles de manifestantes.

La ley se dirige a cercenar las bases en que se asientan las relaciones que fijan las condiciones laborales entre las empresas y los trabajadores, al imponer que prime el convenio de las compañías sobre los sectoriales lo que permitiría a dueños y gerentes rebajar todo tipo de condiciones laborales para hacer más competitivas sus mercancías y servicios.

Las indemnizaciones por despido se reducen de los 27 meses establecidos anteriormente a las que determine los tribunales y las que desde ahora serán menores a los 20 meses.

Se aumentan los motivos económicos para despidos colectivos que abarcan descensos en la cifra de negocios o pedidos y cambios organizativos para mantener la competitividad, entre otros.

Prácticamente desaparecen las famosas 35 horas semanales de trabajo, introducidas en el país en el 2000 y bandera insignia de las centrales sindicales. La modificación aprueba que se mantenga la jornada de 35 horas laborales a la semana, pero que las empresas organicen calendarios alternativos en temporada alta, para ampliar los turnos a 48 horas semanales y 12 horas al día, sin el pago de horas extras, sino que se otorguen más tiempo de descanso al trabajador.

Como se observa, el malestar en Francia se extiende por todo su territorio y muchos están pensando si esta situación provocará una nueva versión del Brexit inglés para salirse de las ataduras económicas y financieras impuestas por la Unión Europea.

Mientras tanto, continúa el bajo perfil que los medios de comunicación occidentales le dedican a los cotidianos reclamos de los ciudadanos franceses.

Pensemos por unos minutos lo que habrían publicado esos mismos medios si esas huelgas y manifestaciones, convoyadas por represiones policiales, hubieran sucedido en países como Venezuela, Cuba, Ecuador o Bolivia. No alcanzarían papeles en los diarios u horas radiales, televisivas y en Internet para tratar de denigrarlos.