España continúa enredada en una espiral de problemas económicos, políticos y sociales que desalientan a la mayoría de su población y le impiden buscar fórmulas adecuadas para solventar la crisis iniciada desde hace ocho años.

En los últimos tiempos no se ha podido lograr un gobierno estable al no obtener ninguno de los partidos políticos, con o sin alianzas, los votos mayoritarios necesarios en el Parlamento para formarlo.

Mariano Rajoy, cuyo Partido Popular obtuvo más votos en las recientemente finalizadas elecciones, no ha podido aun alcanzar una alianza con otras agrupaciones, (solo con Ciudadanos mientras el PSOE y Podemos se han negado) pese a que ha presionado y realizado ingentes esfuerzos para continuar en el poder que ostenta desde finales de 2011.

Motivado por los grandes déficit presupuestarios y para que el país ibérico no entrara en impago, en 2012 la Unión Europea anunció su plan de rescate y entregó una abultada cifra a los bancos españoles, a cambio de numerosas exigencias al gobierno de Mariano Rajoy.

El Banco Central Europeo (BCE), obligó a bajar el déficit público y flexibilizar el mercado laboral, además de incluir una supervisión de las cuentas, la que aún no ha terminado.

El nuevo gobierno que se logre integrar, (si no España deberá ir a una tercera elección general) tendrá fuertes desafíos que lo pondrán en continuo vilo ya que la deuda pública tuvo un nuevo récord al alcanzar 1 095 billones de euros, o sea, más del 100,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) informó el Banco de España.

El anuncio indicó que una gran parte de la deuda esta registrada en valores a medio y largo plazo, los cuales suponen unos dos tercios de la deuda total.

No deja de ser alarmante el dato pues es la primera ocasión desde 1909 que el saldo negativo de las cuentas públicas rebasa el valor de la economía ibérica.

Con respecto al último trimestre de 2015, en los tres primeros meses de 2016 se incrementó un 2,14 % y en relación con el primer trimestre de 2015, lo hizo en 4,1 %.

Por no haber rebajado la deuda al 3 % y como otra espada de Damocles, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, amenazó a Madrid con aplicarle una multa equivalente a 2 200 millones de euros.

Para hacer mucho más fácil la comprensión del problema, un informe de la Comisión Europeo puso un ejemplo que dibuja la grave situación del país:

"Un simple cálculo demuestra que a cada uno de los alrededor de 46 millones de españoles le corresponde en estos momentos una deuda de unos 23 600 euros. Se trata de un nivel muy elevado de endeudamiento que, sobre todo, hace la economía española muy vulnerable, respecto a los vaivenes del sector exterior".

Para disminuir el déficit fiscal al 3 % del PIB, que desde 2011 le ha estado exigiendo Bruselas (sede de la Unión Europea) los gobiernos españoles impusieron fuertes ajustes en empleos, salud, educación, jubilaciones, subsidios.

Además, incrementó las recaudaciones impositivas en todos los sectores y a pesar de los ingresos obtenidos, no ha podido disminuir la deuda lo cual habla del fracaso de las políticas neoliberales establecidas.

La crisis, la desocupación y la mala calidad de los empleos se convirtieron en caldo de cultivo para que emigraran más de 600 000 personas en los últimos cuatro años; mientras los trabajadores que se quedaron han tenido que enfrentar fuertes afectaciones económicas y sociales.

La tasa de desempleo duplica a la media europea y afecta al 24 % de la población; entre los jóvenes menores de 25 años alcanza al 52 %; el sector bancario esta altamente endeudado y casi todas las entidades han solicitado abultados rescates; uno de cada cuatro españoles se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión social.

No cabe la menor duda que las políticas de austeridad y privacidad, impuestas a instancias de la Troika (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo) han desmontado el sistema social y llevado a la pobreza, la desilusión y la incertidumbre a millones de personas.

La Comisión Europea anunció el 27 de julio que canceló por el momento la multa de 2 200 millones de euros, pero quiere que Madrid aplique medidas adicionales de ajuste por valor de 6 000 millones de euros, pues alega que son insuficientes las medidas de ahorro presentadas por el Gobierno en funciones presidido por Rajoy que consiste en el endurecimiento del Impuesto de Sociedades.

Esa medida, según la Comisión, solo es una forma de ganar tiempo ya que implicaría un adelanto de recaudación del Impuesto de Sociedades para el próximo año que en todo caso tendría que ser devuelto posteriormente a las empresas.

Bruselas pide mucho más y exige que entre 2016 y 2017, se garantice otra fórmula de ajuste por valor equivalente, es decir, 6 000 millones de euros.

Para satisfacer las demandas de la poderosa Troika, España deberá aplicar nuevos recortes a los gastos públicos lo que ya ha sido enunciado por Rajoy en una carta Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea: "Conscientes de la necesidad de salir del procedimiento por déficit excesivo cuanto antes, en la segunda mitad del año, una vez haya un nuevo Gobierno, estamos dispuestos a adoptar nuevas medidas, si se requieren, para cumplir con el objetivo".

Claro que no le será tan fácil a Rajoy, si por fin logra formar un gobierno, impulsar los previstos nuevos recortes pues el Partido Popular no cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento y los ajustes de gasto público son de difícil consenso entre los congresistas.

El corolario es que la zozobra sobrevuela encima de los ciudadanos españoles.