Los gobiernos del mundo deberán comprender las enormes desventajas de soberanía económica y política que le conllevará suscribir el llamado Tratado Transpacífico de Asociación Económica Estratégica (TPP) tras la sentencia dictada por tribunales internacionales contra Ecuador que obligó a la nación andina pagar una indemnización a la multimillonaria transnacional Chevron, por supuestos e injustificados daños ocasionados a esa compañía.

A finales de julio pasado, el gerente del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez, anunció, que se pagaron 112 millones de dólares (incluidos intereses) a la petrolera estadounidense Chevron, (antes Texaco) por un litigio que ganó la compañía ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, y ratificado después por una Corte Federal y por el Tribunal Superior de Estados Unidos, respectivamente. Decisiones catalogadas como abuso de poder internacional.

Con un enorme capital que en 2015 ascendió a 129 000 millones de dólares solo en ingresos operativos y ventas con los que puede comprar a jueces y políticos corruptos así como mantener influencias políticas en los centros financieros occidentales la compañía pretendía además, imponer un embargo de bienes ecuatorianos si no se abonaba la cifra exigida, lo que hubiera sido funesto para el país.

Martínez explicó que "no estamos de acuerdo en la forma que funcionan estos instrumentos internacionales pues es el resultado de todas las arbitrariedades que se firmaron en los años 90, que ponían al país en condiciones de ser demandados. Ahora el TPP redobla esas prebendas a las trasnacionales.

El caso es conocido como Chevron II y se trata de una demanda interpuesta por la petrolera estadounidense contra ese Estado andino en 2006 que aduce falta de celeridad de la justicia ecuatoriana en procesos presentados en el período en el que la compañía operó en la Amazonía, hace más de 20 años.

Esa fue la táctica utilizada por Chevron para contrarrestar la demanda contra la compañía interpuesta por los pobladores de la localidad de Sucumbios y Orellana en noviembre de 1993, (no tiene nada que ver con Chevron II) para que se les indemnizaran por los graves daños ambientales y humanos que provocó.

Tras numerosas batallas en tribunales nacionales e internacionales en 2012, la Corte Superior de Sucumbíos, en la Amazonía halló culpable a la transnacional por el daño ambiental causado y le ordenó pagar 9 500 millones de dólares como indemnización a los pobladores y gasto de limpieza, pero la transnacional se ha negado a abonarlo e impuso otra contra demanda.

En 1964 la compañía Texaco comenzó a buscar petróleo en la provincia de Sucumbíos junto con la también trasnacional Gula. En 1967, la Texaco encontró el primer yacimiento conocido como Lago Agrio 1, y años después, el Estado ecuatoriano, que por esos años seguía todas las directivas provenientes de Washington, formó parte del consorcio. Para 1990, la compañía dejó de operar, aunque continuó siendo parte de la asociación.

Durante los años de indiscriminada explotación, Texaco derramó más de 64 340 000 de litros de petróleo crudo además de 68 130 000 litros de aguas de formación, las que brotan de la tierra con petróleo, contaminadas con hidrocarburos tóxicos. En 2008 una comisión estableció que los daños ocasionados fueron del orden de los 27 000 millones de dólares y que en esa región ocurrió una de las peores catástrofes ambientales en la historia de la humanidad.

La contaminación recayó sobre la población, que ha presentado en sus demandas, numerosos casos de cáncer, malformaciones congénitas, y enfermedades de la piel.

La Chevron, mediante diferentes artimañas, se ha negado a pagar a los habitantes de esa zona las indemnizaciones establecidas por varios tribunales.

Este es uno de los ejemplos más fehacientes de lo que significará para los países menos desarrollados, llevar adelante el Tratado Transpacífico, que hoy reúne a Estados Unidos (principal promotor), Japón, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, México, Perú, Singapur y Vietnam.

El pacto, (conveniado durante seis años en forma completamente secreta) pone fin a aranceles de 18 000 productos norteamericanos, entre estos, automóviles, maquinaria, tecnología de la información, productos de consumo, el acceso a Internet, la protección a los inversionistas, la propiedad intelectual, los farmacéuticos y la producción digital.

La mayor gravedad consiste en que las transnacionales obtendrían amplios poderes para desafiar las regulaciones, acciones y decisiones de gobiernos soberanos ante tribunales organizados por mecanismos internacionales controlados por el gran capital.

No es casual que entre las poderosas compañías transnacionales que han estado laborando en la confección del acuerdo, aparecen Chevron (petrolera), Monsanto (afroindustrial) y Barrick Gold (minera), según informó la organización empresarial Council of the Americas-Americas Society, con sede en Nueva York.

El sistema pactado permite a las corporaciones multinacionales demandar a los gobiernos y solicitar millonarias indemnizaciones si éstos no obedecen las prerrogativas obtenidas en los convenios.

El portal digital Wikileak, destapó recientemente algunos de los secretos que han estado ocultos durante años, y publicó el Capítulo sobre los derechos de propiedad intelectual del texto final del TPP.

En ese documento se prescribe que sólo las corporaciones pueden demandar a los gobiernos y estos últimos apenas pueden defenderse, en medio de pleitos que no son independientes, ni transparentes y cuyos procedimientos no son claros.

Ejercen gran influencia en la selección de los árbitros, en la sede de los litigios y otros elementos que optimizan las condiciones para la obtención de reiterados resultados ventajosos.

Aceptar las cláusulas sobre medioambiente e inversiones, significa que los Estados no tendrán ningún derecho a cuestionar el accionar de las empresas que se establezcan en sus territorios y además se les brindarán facilidades para explotar la flora y la fauna.

Por tanto, no podrán imponerles legislaciones estatales para el control de pesticidas, medidas de protección ecológica, seguridad alimentaria ni sanciones fiscales.

Por si todo esto fuera poco, también se establece que las empresas pueden demandar a los gobiernos ante paneles de arbitraje integrados por abogados corporativos que eviten los tribunales nacionales si las ganancias esperadas en los convenios no son logradas.

O sea, si la rentabilidad de una inversión se establece en 15 % y por cualquier motivo no se llega a esa cantidad, el Estado deberá restituirle la diferencia.

El Tratado Transpacífico cercena la soberanía económica y política de las naciones, las cuales quedan en manos de los países poderosos y de las grandes transnacionales.

No existe mejor ejemplo para tomar conciencia, que lo ocurrido a Ecuador, pues los acápites establecidos en el TPP son mucho más lesivos que los de hace más de 20 años.