Mientras que la gestora del PSOE hace malabarismos para justificar entregar el gobierno al PP con su abstención y la Comisión europea amenaza con sanciones inmediatas si no se comienza a aplicar el ajuste de austeridad trienal negociado por Rajoy y Guindos, el juicio por corrupción del caso Gürtel está revelando la verdadera naturaleza del régimen del 78.
Para los gestores de Caja Madrid y Bankia, empezando por Blesa y Rato, las tarjetas de crédito "black" que se les entregaba en el consejo de administración de la entidad no eran sino "parte de su salario". Como apuntó el fiscal, a veces ni se molestaban por agotar su límite mensual de utilización, seguros como estaban que siempre había más dinero a su disposición. Muchos de ellos son los mismos que explicaban tras el comienzo de la crisis en 2008 que "los españoles han vivido por encima de sus necesidades".
En los interrogatorios, que están lejos de haber acabado, se ha puesto de manifiesto la red ilegal de financiación de las campañas electorales del PP, los escandalosos sobresueldos de sus políticos y que alentó la trama para sacar provecho de ella. Más que un partido político, el PP se ha definido a si mismo como una banda organizada con ánimo de lucro criminal. Por supuesto, Rajoy – a pesar de declaraciones previas sobre el jefe de la Gürtel, Correa- no sabía nada, no se había enterado de nada. El tribunal ha desestimado que acuda como testigo, por el momento.
En pocas semanas, ese mismo Rajoy se presentará de nuevo al debate de investidura y el grupo parlamentario socialista le hará presidente del gobierno sin haber consultado a los militantes del partido. La bancarrota política del PSOE no tiene precedentes.
Y una vez que sea presidente, Rajoy recortará inmediatamente unos 3.000 millones retenidos por Hacienda del presupuesto de 2016, y presentará unos nuevos presupuestos para 2017, tras las reformas legales express necesarias, por más de 7.000 millones de euros para cumplir con el dictat de la Unión Europea. Tras diez meses de gobierno en funciones, la erosión no solo de la legitimidad sino de la soberanía popular ponen de manifiesto que el gobierno del PP se ha convertido en un mero gestor de la Troika.
Pero la crisis del régimen del 78 sigue acentuándose en todos los campos: en la quiebra del estado de bienestar a golpe de recortes; en la financiación autonómica; en el desafío soberanista en Cataluña, al que se responde con su judicialización criminal. Solo faltaban las declaraciones del ministro de exteriores Margallo prometiendo plantar la bandera del reino en Gibraltar.
Frente al cambio de ciclo político es necesario comenzar a organizar cuanto antes las tareas de resistencia contra el austericidio. Desde los ayuntamientos, los sindicatos y los movimientos sociales, en defensa de nuestros derechos y libertades.
