El presidente argentino Mauricio Macri ha hecho lo imposible por llevar al país hacia la dirección más extrema del neoliberalismo en beneficio de los grandes capitales, con la visible intención de superar al ex mandatario Carlos Saúl Menem y convertirse en el campeón del rumbo capitalista para la región.

Macri desde que asumió el poder el 10 de diciembre de 2015 ha impuesto numerosos tarifazos que han provocado una constante inflación y la consecuente disminución del poder adquisitivo de los pobladores.

Entre las principales subidas de precios se encuentran la electricidad, agua, gas, transporte público, servicios de comunicación celular y peaje en las vías terrestres. Mientras aumentan en espiral el desempleo, los despidos laborales y se reducen las jubilaciones y las prestaciones sociales.

Los tarifazos macrianos, duplicaron los precios del transporte público y el 66 % del metro urbano; subieron en 500 % el costo de la luz; en más de 300 % el agua y gas, y 10 % de la gasolina. Esta administración se ha caracterizado por un ataque directo contra las masas más desfavorecidas

En Argentina las políticas neoliberales se iniciaron a principios de la década de 1980, tomaron impulso durante el mandato de Menem (1989-1999) y se extendieron hasta 2003 cuando comenzó la era de los Kirchner.

Carlos Menem al aplicar las directrices del Consenso de Washington a instancias del Fondo Monetario Internacional (FMI) abrió los servicios y la industria al capital extranjero y permitió la importación indiscriminada de mercancías lo que llevó al país a la debacle económica, pues la moneda argentina tenía el mismo valor del dólar. Por tanto, las mercancías importadas resultaban más baratas que las del país lo cual afectaba las producciones nacionales.

Esas incongruencias motivaron a finales de los años noventa, un profundo déficit comercial, que se remediaba con la venta de las entidades de producción y de servicios públicos. La entrada de capitales disminuyó al no existir empresas que privatizar y el país cayó en un endeudamiento comercial y público que paralizó todo y produjo en 2001 masivas manifestaciones populares.

Los bancos dejaron de funcionar, congelaron el dinero de los acreedores, la deuda externa se elevó a 95 000 millones, el desempleo llegó a más de 30 % de la población y el hambre y la miseria alcanzaron a la mitad de sus 40 millones de habitantes. Datos oficiales evidenciaron que en 2003, el 54 % eran pobres y el 27,7 % se hallaban en estado de indigencia.

Con la llegada de las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández (2007-2015) se revertió la profunda crisis económica social.

Pero ahora Macri, al parecer superará con creces a su maestro Menem pues en los 14 meses de mandato, aumentaron el número de personas que pernoctan en las calles y los sitios de ollas colectivas populares para mal mitigar el hambre; creció la quiebra de negocios y la otrora pudiente clase media redujo su poder adquisitivo.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que a finales de 2016 las personas pobres se cifraban en 9 377 000 y los indigentes 1 905 000.

La última jugada que trató de realizar el presidente fue condonarle a su grupo familiar, una millonaria deuda que tenía con el Estado desde hacía más de una década. De esa forma intentó borrar de un plumazo el adeudo contraído desde los tiempos de Menem cuando éste puso en venta Correos Argentinos y Franco Macri (padre de Mauricio) lo adquirió en 1997 mediante una concesión de privatización.

El negocio concluyó después en forma ruidosa; los Macri lo declararon en concurso de acreedores, una especie de quiebra, y el grupo quedó en deuda con el Estado por alrededor de 300 millones de dólares.

En 2013, el ex presidente Néstor Kirchner la devolvió al Estado y comenzó un proceso legal por los montos adeudados la concesión del Correo. En ese año el Holding Macri presentó propuestas de pago del 7,7 % y 5,73 % de la deuda, o sea, condonaciones del 92,5 % y 94,27 % que fueron rechazadas por el Estado por abusivas y que enfrascó el caso en una larga guerra judicial.

Pero al llegar Mauricio Macri a la Casa Rosada, eso resultó una magnífica ocasión para hacerle un gran favor a la familia y terminar con el litigio. En junio de 2016 el Ministerio de Comunicaciones a cargo de la deuda con Correo Argentino, aceptó una nueva propuesta del Grupo Macri que se pagaría en pesos, en 15 años, con un interés del 7 % anual la más baja de todos los bancos del país.

De esa forma, se eliminaba más del 98 % (cerca de 250 millones de dólares) de la deuda que tiene la empresa con el Estado, la cual fue apelada. Los argentinos cada día comprenden mejor que su presidente pertenece a una de las familias más ricas del país que labora incansablemente por aumentar el capital familiar y el de sus coterráneos adinerados.

Ya esos regalos los había efectuado el presidente con anterioridad pues en 2016 modificó la ley de blanqueo que impedía que los familiares más cercanos a los funcionarios del Ejecutivo pudieran blanquear sus bienes y capitales no declarados.

Uno de los primeros beneficiados fue el amigo íntimo de Macri, Nicolás Caputo que recibió más de 80 millones de dólares por adjudicación de obras públicas de la empresa Nuclear Eléctrica Argentina controlada por el Estado.

Otro caso fue la adjudicación de una obra pública en un ferrocarril de la zona urbana de Buenos Aires a favor de Algelo Calcaterra, primo del presidente por valor de 3 000 millones de dólares.

Ante el escándalo por la condonación de la deuda familiar de Correo Argentino S.A., Macri debió de dar marcha atrás y una semana después, en conferencia de prensa, solicitó al ministro de Comunicación que se consulte a expertos internacionales, al Congreso y a la Auditoría antes de firmar un nuevo acuerdo con su padre, Franco Macri.

Claro, a modo de justificación, el mandatario dijo que no había sido informado del acuerdo firmado por el ministro de Comunicación, Oscar Aguad, y a la par defendió la actuación del funcionario: "Él actuó conforme a la ley".

Con la marcha atrás, la compañía familiar podrá hacer la misma propuesta en la sede judicial, la cual sería supervisada por "expertos internacionales", el Congreso y la Auditoría General de la Nación. Pero ya se da por seguro que la familia presidencial sacará un esplendido acuerdo.