Desde hace algún tiempo viene hablándose insistentemente de Estados fallidos. En realidad no hay tal. Estos supuestos “fallidos” -como en el caso de Guatemala- son, en todo caso, institucionalidades pobres que defienden la situación dada para que nada cambie. No fallan, en modo alguno: cumplen a cabalidad su función.

¿Para qué están los Estados? Supuestamente para garantizar el bien común. Pero si bien eso puede ser la declaración oficial de su cometido, su tarea real es mantener el estado de cosas dado. Dicho en otro término: garantizar que nada cambie, asegurando el núcleo de la sociedad, es decir, la explotación de clase.

En los países pobres del Sur, donde las relaciones sociales siguen siendo mucho más en blanco y negro, más brutales, con menos mediatizaciones de las que se pueden encontrar en el Norte (con una institucionalidad y mecanismos estatales que ofrecen un clima de menos explotación brutal, aunque la explotación por supuesto también existe), en esos países el Estado está muy lejos de cumplir su declarada función de regulador social. En el Norte, donde sobran recursos (porque se explota al Sur, porque la acumulación originaria permitió un acopio de recursos muy grande), los Estados medianamente satisfacen las necesidades de su población. En el Sur: no.

Para verlo gráficamente, puede tomarse un ejemplo concreto; para el caso: Guatemala. Allí hace ya casi dos siglos que existe un Estado moderno, calcado sobre la base de las potencias capitalistas surgidas primeramente: algunas de Europa y Estados Unidos. Con una Constitución que repite los patrones de la ideología iluminista dieciochesca, el Estado de Guatemala -como el de cualquier país tercermundista, con su himno nacional y toda la parafernalia simbólica al respecto- declara principios universales para el bienestar común. Pero la práctica muestra que no los cumple. En el Norte, porque hay una mayor acumulación, para la clase trabajadora llegan muchos beneficios. La carga impositiva vuelve al pueblo en forma de servicios eficientes. En el Sur no. El Estado se limita a declarar en el papel cosas altisonantes que en la realidad no cumple, pues las clases dominantes acumulan la mayor parte de la riqueza. La asimetría en el acceso a la riqueza es inmoral.

Véase el caso de Guatemala. ¿Sirve ahí el Estado? ¿Es fallido, o le sirve a alguien? A las grandes mayorías no parece servirle mucho. Pero a la clase dominante sí.

Es un Estado raquítico, al menos en cuanto a su recaudación fiscal. En los países latinoamericanos la media del ingreso fiscal es de alrededor de un 20% del Producto Bruto Interno; en países con “estado de bienestar” la carga impositiva llega al 50% de ese PBI, en tanto que en Guatemala ronda apenas el 10%, la segunda más baja del continente americano, detrás de Haití. Partiendo de la base que es un Estado pobre, muy pobre, con muy pocos recursos para trabajar, la cuestión se complica cuando se observa a quién apunta su objetivo. A llenar realmente las necesidades populares: definitivamente no. A mantener la situación de explotación: sí.

Se dice que el Estado es “fallido”, pero cuando tuvo que defender a capa y espada los privilegios de la clase dominante durante la pasada guerra interna (la más cruenta de toda Latinoamérica en estos años de “guerras sucias”, con terrorismo de Estado, campos de concentración clandestinos y cámaras de tortura a la orden del día), su papel se cumplió a la perfección. Quien masacró la protesta popular fue el Estado.

¿Falló en su cometido de contener el avance de las luchas populares de los años 60/70 del siglo pasado? ¡En absoluto! Su papel fue decisivo para impedir el avance del “comunismo internacional”.

Para graficar todo esto, compárese cómo “falla” en un servicio público básico tal como la educación, y cómo actúa aceitadamente para reprimir.

Estado represor: una pequeña muestra

Durante los sangrientos años de la guerra interna, el Estado contrainsurgente desarrolló un enorme aparato clandestino para frenar cualquier organización popular que pudiera ser contestataria. Para ello valió todo, incluso violar abiertamente los principios declarados en la Constitución. La desaparición forzada de personas fue uno de sus instrumentos privilegiados, sacando de circulación luchadores populares enviando así un mensaje aterrorizante, paralizante al resto de la población.

“Sigue la consigna que por ningún motivo hay que mostrar el libro de control de detenidos a los jueces que vienen a practicar exhibición personal de algún detenido. Esto es orden del jefe.”, puede leerse, por ejemplo, en un Memorándum con fecha 23 de julio de 1980, firmado por el Jefe de Servicios, actualmente resguardado en el Archivo Histórico de la Policía Nacional (Referencia archivística: GT PN 24-09-02 S001).

El Estado sabía lo que hacía. La guerra contra ese ataque subversivo fue despiadada y, desaparición forzada de personas y masacres de tierra arrasada mediante, el Estado se impuso. El “comunismo” fue rechazado. Las cosas siguieron “normales”: como diría Joan Manuel Serrat: “Vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas”.

¿Falló el Estado? Definitivamente no. En su tarea básica, en mantener las cosas de base sin cambio, en mantener la estructura social firme (el pobre a su pobreza, el rico a su riqueza, y ¿todos felices?), en eso no falló. Pero sí falla en, por ejemplo, brindar educación.

Violación del derecho de acceso a la educación pública gratuita

Gratuidad

En el artículo 74 la Constitución establece el derecho y la obligatoriedad de la educación: “los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los límites de edad que fija la ley. La educación impartida por el Estado es gratuita. (…) El Estado promoverá la educación especial, la diversificada y la extraescolar”.

La ficticia gratuidad

El compromiso asumido por el Estado de brindar educación gratuita en los establecimientos públicos es algo que se desmiente en la cotidianidad de las familias en condición de pobreza y pobreza extrema.

Algunas escuelas públicas realizan cobros adicionales como “donaciones” o “colaboraciones voluntarias” para los gastos que el Estado no asume. Estos cobros se justifican como una ayuda para: el mantenimiento de la escuela, la seguridad de la misma, la compra de artículos de limpieza, etc. Estas “colaboraciones voluntarias” se exigen como requisito para la inscripción de las niñas y niños a la escuela. Estos cobros que constituyen una clara violación al derecho a la educación. Además de ser ilegales y violatorios de ese derecho fundamental, son arbitrarios (pues cada establecimiento educativo asume un criterio propio) y constituyen uno de los impedimentos principales para que las niñas y niños que provienen de comunidades de extrema pobreza ingresen, permanezcan y sean promovidos en la escuela.

Lo anterior se detalla en la siguiente gráfica:

Inversión familiar en educación en sector público:

Fuente: Movimiento Cuarto Mundo, 2014.

Las familias que tienen a sus hijos en primaria tienen que invertir en el primer mes del ciclo escolar Q.450.00 por cada hija/o, y en básicos un aproximado de Q.1, 400.00 por cada hija/o. Estos gastos tienen que ver con compra de útiles escolares, uniformes y el pago de las “colaboraciones voluntarias”. Estas cantidades resultan casi imposibles de asumir para las familias más pobres, lo cual imposibilita el acceso de sus hijos a la educación, o bien les obliga a elegir a quién mandan a estudiar y a quién no.

Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011-2012 del PNUD, el 62% de la población vive en pobreza media, y el 30% en pobreza extrema. El ingreso para una persona (a veces para toda una familia) que vive en condición de pobreza extrema es aproximadamente de Q600 al mes. Por lo tanto, los Q450.00 requeridos por cada hija/o en el primer mes del ciclo escolar representan el 75% del ingreso de una persona en pobreza extrema. Poder realizar estos gastos para algunas familias se vuelve casi imposible, más cuando se tienen que mandar a varios niños a estudiar. Esto ocasiona que se viole el derecho a la educación, al no poder ser accesible por limitaciones económicas.

Si con gran esfuerzo logran superar estos obstáculos, la gratuidad de la educación sigue haciéndose menos evidente. Los centros educativos piden “contribuciones voluntarias” a lo largo del año para: excursiones y/o actividades recreativas -de las cuales algunas son obligatorias y su inasistencia afecta negativamente la nota de los estudiantes-, fotocopias de los exámenes, pago de mensualidades (a nivel de la educación básica), etc.

A esto se suma el dinero que tienen que gastar para hacer tareas e investigaciones en internet cuando en muchas escuelas no se enseña computación ni se cuenta con una biblioteca cercana para realizar las investigaciones; en algunos casos realizar gastos en pasajes para el traslado hacia los centros educativos; refacciones, etc.

Todos los gastos mencionados hacen que, aunque algunos estudiantes logren entrar, luego no puedan continuar y terminen, finalmente, fuera del sistema educativo. En otros términos: el Estado sigue incumpliendo un derecho básico para niñas, niños y jóvenes como es el acceso a la educación gratuita.

Educación de calidad y universal

Si bien la gratuidad de la educación, así como su calidad y el acceso universal a la misma, están consagradas en la Constitución de la República, el hecho es que la situación imperante lleva a muchas familias a enviar a sus hijas/os a instituciones privadas, a partir de la insistente prédica que identifica lo privado como de alta calidad, y lo público como mediocre. Situación ésta que termina negando el principio básico de la gratuidad educativa, e impidiendo que una alta cantidad de niñas, niños y adolescentes sean así objeto de violación a su derecho a la educación.

Del mismo modo, la precariedad presupuestaria y la falta de voluntad política de mantener un sistema educativo competente por parte del Estado, hace que el servicio brindado sea deficiente, con pocos días de clases, con falta de planificación y con carencias que van en detrimento del derecho a educarse, negándosele ese derecho en especial a las mujeres.

Conclusión

No es cierto, en modo alguno, que el Estado falle en su objetivo final. Lo que el proyecto de la clase dominante desea es un país con mano de obra barata, desorganizada, atontada (¿por eso se consumirá tanto alcohol?). Una clase trabajadora apta para mover la industria básica de la que vive esa clase dominante: cultivos para la exportación (azúcar, palma africana, café), que no proteste, asustada. Si esa clase trabajadora (la mayoría del país) vive en la ignorancia, excluida, sin posibilidades, teniendo el viaje “de mojado” a Estados Unidos como una opción (11% del PBI lo aportan las remesas), el Estado se desentiende.

Y casualmente todo eso (la exclusión, la pobreza, el embrutecimiento) es lo que realmente sucede: ¿por qué el Estado contrainsurgente pudo funcionar tan acompasadamente y para la educación nunca hay recursos?

Quizá es hora de ir pensando en otro tipo de Estado. No se trata de personas, del funcionario de turno, de personalidades del presidente, de los ministros o de los diputados, que son más o menos corruptos. ¡Es una cuestión de base, estructural! Este Estado no sirve a las mayorías populares, definitivamente.