La carta enviada por la primera ministra británica Theresa May al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk en la que se invoca el artículo 50 del Tratado de Lisboa, firmado hace 44 años, significa el principio del fin de la relación de Londres con esa organización.

El susodicho artículo estipula que cualquier miembro de la Unión Europea, cuya sede radica en Bruselas, tiene derecho a abandonar el bloque si lo estima conveniente, otorga dos años de negociaciones para la salida oficial y una vez que se concluya no existe posibilidad de revertirlo al no ser que los restantes miembros acuerden lo contrario.

El próximo 29 de abril se reunirán en Bruselas, Bélgica, los actuales 27 integrantes de la Unión (a cuya Cumbre Especial no podrá asistir Gran Bretaña) para adoptar las directrices de negociación con la nación saliente que se hará efectiva el 29 de marzo de 2019.

La decisión adoptada perjudica tanto a la UE que pierde a la quinta economía mundial y a un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, como también a Gran Bretaña que deberá enfrentar grandes desafíos económicos, de inmigración y hasta territoriales.

En este último aparecen ya dos problemas: el nuevo pedido de Escocia para independizarse de Gran Bretaña y las futuras relaciones con la fronteriza Irlanda del Norte, ambos parte del territorio del Reino Unido que se oponen a separarse de la Unión Europea, lo cual puede desatar problemas políticos.

En su declaración oficial, May confirmó que el país que dirige no conservará "porciones de su membresía" en la UE ni seguirá siendo parte del mercado único, basado en las denominadas "cuatro libertades" de movimiento: de capital, bienes, servicios y personas, aunque tratará de encontrar una mayor incidencia en ese mercado.

La incertidumbre corroe a los ciudadanos de la UE que se hallan en Gran Bretaña pues todo hace indicar que no disfrutarán de las condiciones que ahora poseen y por tanto perderán derechos que les ofrecía ese Estado.

Londres ha reafirmado que el país cerrará las fronteras que existen de entrada para evitar la libre circulación de personas, contrariamente a los derechos que tienen todos los ciudadanos de la Unión Europea.

A la par, los británicos perderán los derechos que la UE les da como el reconocimiento en terceros Estados, y las facilidades y prerrogativas que mantenían como integrantes del grupo.

El Brexit se complica aun más en el plano económico pues la primera ministra ha expresado que saldrán del Mercado Común para firmar convenios por separado con las naciones, pero reemplazar comercialmente en su conjunto a la Unión Europea, que es su mayor socio económico, será difícil y le llevará varios años.

Algunos especialistas como la directora de la Unidad de Política Exterior Europea de la London School of Economics and Political Science, Karen Smith, aseguró que el costo del comercio subirá y se podrá comerciar menos, por lo que el Reino Unido se verá involucrado en grandes problemas.

Ya por lo pronto, el Banco de Inglaterra solicitó a las entidades financieras un plan de urgencia para analizar los posibles riesgos que trae el Brexit pues se prevé que un ajuste brusco de la economía pueda dejar al mercado sin liquidez, con una recesión del 4 %.

Debe tenerse en consideración que la economía de Gran Bretaña es fuerte, puede enfrentar grandes embates y por tanto los cálculos que se realicen deben ser sobre bases objetivas.

Desde la aprobación del Brexit, los cimientos comenzaron a moverse y en febrero la inflación llegó a 2,3 % que supera lo planificado por el Banco de Inglaterra. Datos oficiales reflejan que esto se debió a la devaluación de la libra esterlina en 17 %, unido a un leve aumento de los precios del petróleo.

Tras el anuncio de Theresa May, sobrevendrá la parte más peliaguda para el Reino Unidos que serán las conversaciones con el grueso de los miembros de la Unión. Su presidente, Jane Claude Jorker señaló que al salirse de la UE, Londres deberá pagar más de 60 000 millones de dólares hasta 2020, correspondiente a los compromisos financieros legalmente vinculantes, adquiridos durante su etapa en el bloque.

Según lo estipulado, los adeudos aparecen relacionados de la siguiente forma: a Gran Bretaña se le exige abonar su contribución al presupuesto hasta 2020, ascendente a 29 000 millones de euros. Esta nación, con un 14 %, es la que más aporta a los presupuestos y programas de la Unión lo cual representa también un duro golpe a los proyectos comunitarios, equivalentes a un déficit de alrededor de 10 000 millones de euros anuales.

Londres se comprometió a financiar parte de las pensiones de los funcionarios comunitarios que ascienden a unos 15 000 millones de euros. Otras partidas a liquidar serán los fondos de cohesión después de 2019, o sea, la financiación de proyectos de miembros de la UE con una renta menor percápita estimada en 17 400 millones de euros.

Las partidas señaladas coinciden con lo demandado por Jonker, pero los funcionarios británicos afirman que la cifra real solo ronda los 20 000 millones de euros.

El proceso de negociación durará por lo menos dos años y los principales temas a debatir serán: Los activos a los que el Reino Unido ha contribuido durante más de 40 años, los capítulos presupuestarios y los compromisos de pago; dar garantías de estabilidad a los 4,5 millones de personas afectadas por la salida de la Unión, o sea, europeos en el Reino Unido y británicos que se encuentran en otros países del continente; la situación fronteriza y en especial con Irlanda del Norte, y las futuras relaciones comerciales entre el Reino Unido y la Unión Europea

Largas y tensas serán las negociaciones para desentrañar las consecuencias del Brexit que innegablemente su aprobación afecta a las dos partes.