Estados Unidos se ha convertido en una fábrica de sanciones y las aplica, bajo cualquier pretexto, con el objetivo de adueñarse o controlar yacimientos de petróleo, agua o minerales que le sean necesarios para tratar de recuperar la hegemonía económica mundial que ha perdido en los últimos años.

Los tiempos han ido cambiando y ya no es lo mismo lidiar con países que emergen con fuerza suficiente para contraponérsele como China, Rusia, Irán, o algunos miembros de asociaciones que luchan por mantener la independencia y soberanía de sus naciones en América Latina, África y Asia.

El pasado 27 de julio, el Senado de Estados Unidos ratificó con amplia mayoría, aprobada anteriormente en la Cámara Baja, la imposición de nuevas sanciones contra empresas y ciudadanos rusos, así como contra Irán y Corea del Norte.

El proyecto de ley fue enviado a la Oficina Oval y el presidente Donald Trump lo firmará para que entre en vigor.

En el caso de Rusia, las medidas van dirigidas contra su sector energético y financiero, personas que Washington considera sospechosas de lanzar ciberataques; empresas a las que acusa de proveer armas a Damasco, y a otros ciudadanos que culpa de interferir en las elecciones presidenciales del pasado año, sin que existan pruebas.

Washington intenta debilitar las exportaciones de petróleo y gas rusos, las que no solo afectarán a Moscú sino también a los países de la Unión Europea, que si desisten de obtener los hidrocarburos del gigante euroasiático, deberán pagar el doble por los envíos que lleguen de Estados Unidos y a la par encarecerá directamente los productos que se fabrican en la Unión, lo cual hará caer su competitividad. De esa forma, las mercancías norteamericanas serían menos costosas que las europeas.

Al convertir en Ley las sanciones que desde 2014 viene aplicando Washington contra Moscú, se limita el derecho del presidente a eliminarlas y para hacerlo, tendría que consultarlo y después sancionarlo el Congreso.

Además, aumenta las restricciones a terceros países para hacer negocios con empresas rusas, en particular en el sector energético, lo que preocupa a gobiernos europeos por la posibilidad de sufrir sanciones por financiar o participar en proyectos de gasoductos como el Turk Stream, hacia los países balcánicos e Italia y el Nord Stream 2, que de no concluirse afectaría a Alemania y Austria.

Rusia seguirá utilizando la red de tuberías instaladas en Ucrania, pagando a Kiev unos 2 000 millones de dólares por el tránsito y tanto ese país como la Unión Europea están interesados en que continúe.

Recordemos que desde marzo de 2014 Estados Unidos y la Unión Europea impusieron varios paquetes de medidas contra Moscú debido a que ésta no dejó arrebatarse la estratégica península de Crimea después de que Washington diseñó y ayudó a derrocar al gobierno ucraniano de Víctor Yanukovich y en su lugar instaló un régimen ultraderechista con el objetivo de cerrar el cerco fronterizo al gigante euroasiático, al que observa como un fuerte obstáculo, junto a China, para tratar de preservar un mundo unipolar.

La propuesta de adopción de nuevas medidas punitivas produjo inmediatamente críticas dentro de la Unión Europea ya que afectarían también a sus empresas y negocios. La Comisión Europea se mostró dispuesta a adoptar medidas si Washington amplía las restricciones contra Moscú "sin tener suficientemente en cuenta" las preocupaciones de la Unión.

El abanico de exigencias apunta a la imposición de sanciones a empresas de terceros países que inviertan en los sectores energético, minero, y ferroviario ruso. Directamente se afectaría el suministro de gas ruso y haría a las empresas de la UE susceptibles de enormes multas por parte de Estados Unidos.

El gobierno alemán que será una de las naciones más afectadas y cuya primera ministra Ángela Merker ya ha tenido encontronazos con Trump, declaró por medio de su cancillería y del Ministerio de Comercio, que no aceptarán algo que perturben la adquisición de petróleo y gas más barato y asequible para sus ciudadanos y que además, las medidas violan el derecho del Comercio Internacional.

Poderosas y acaudaladas empresas estadounidenses que producen en su país gas y petróleo de esquisto han derrochado esfuerzo y dinero para tratar de introducir esos productos en la Unión Europea, lo que podría salvar sus industrias, actualmente amenazadas por los bajos precios de los hidrocarburos.

En esta ocasión, al ser anunciada la decisión del Senado, el Kremlin respondió inmediatamente y comunicó a Washington que deberá reducir su personal diplomático en Rusia de 1 100 en la actualidad a 455, en correspondencia con el número de diplomáticos y miembros del personal técnico ruso que labora en Estados Unidos. Además, suspendió el uso a los estadounidenses de todas las instalaciones de almacenamiento en la calle Dorozhnaya y de una mansión en Serébrian y Bor.

Aunque Moscú no tomó decisiones económicas contra su contrincante, sí dejó abiertas las puertas para adoptar otras, si fueran necesarias.

Rusia en los últimos años ha forjado fuertes lazos comerciales con China, India, Irán, así como con países asiáticos y latinoamericanos, mientras su intercambio con Estados Unidos no es muy importante.

Washington debería recordar que en un mundo globalizado resulta muy difícil lanzar cercos económicos contra otros, máxime en el caso de Rusia que es una potencia agrícola, energética, científica y militar. Esperemos que la obsesión norteamericana de fabricar sanciones sea trasquilada.