Colombia clasifica como una de las naciones más desiguales del mundo y la segunda de América Latina, según datos del Banco Mundial, donde la mayoritaria población desfavorecida debe hacer diariamente lo indecible para poder alcanzar un magro sustento.

El profesor e investigador de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de Francia, Thomas Piketty, durante una conferencia en la Universidad Externado de Colombia, señaló que el 20 % del ingreso de Colombia está en manos del 1 % de la población, mientras que la mitad de esos ingresos pertenece solo al 10 %.

Piketty sugirió que la mejor estrategia para reducir la inequidad en una sociedad es invertir en educación, salud y otros servicios públicos de calidad, pero para pagarlos es necesario establecer sistemas de tributación progresivos, donde los ricos no terminen pagando menos impuestos que los pobres como ocurre en esa nación latinoamericana al igual que en otros países capitalistas del mundo.

Una organización como la del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó un informe en el que subraya que Colombia ocupa el puesto 12 de 168 países en desigualdad en el ingreso, acceso a la educación y la salud entre hombres y mujeres. Paradójicamente, ese mismo informe, sitúa a su vecino país, Venezuela, en el puesto 79, es decir, casi siete veces mejor que Bogotá.

La comparación viene al caso porque el presidente Juan Manuel Santos, en ninguno de sus últimos discursos, ha dejado de criticar al gobierno de Nicolás Maduro y ha insistido en que el modelo social y político de la Revolución Bolivariana ha fracasado.

Así también lo hizo Santos durante la recién concluida Asamblea General de ONU sobre la paz y el cambio climático, minutos después del discurso pronunciado por el mandatario estadounidense Donald Trump quien realizó una amplia diatriba contra el gobierno de Caracas.

El desempleo en Colombia se sitúa en el 9,1 %, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Durante los largos años de guerra contra las guerrillas de las FARC y el ELN, resultaron desplazados cientos de miles de campesinos que debieron irse para lugares lejanos o hacia ciudades y poblados donde les era difícil encontrar trabajo y algún local para sus familias.

Como consecuencia de ese conflicto, unido a la entrega indiscriminada de territorios cultivable por parte de las diferentes administraciones colombianas, en la actualidad el 1 % de la población más rica del país, junto con las compañías transnacionales, son dueñas del 81 % de las tierras.

El 62 % de los jóvenes colombianos que viven en el ámbito rural no se inscriben en la educación secundaria y solo un 2 % accede a la universidad.

Aunque Colombia tiene un Producto Interno Bruto de 456 000 millones de dólares y enormes riquezas minerales, más de 22 millones de los 42 millones de sus habitantes viven en la pobreza lo cual se ha agudizado con las políticas neoliberales establecidas en los últimos años.

Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en Colombia 5 000 niños mueren cada año por causas relacionadas con desnutrición. Un documento suscrito por la Iglesia Católica denunció que "no solo el 52 % de los colombianos vive en la pobreza, sino que el 20 % se encuentra en la indigencia mientras 5 000 000 se van a dormir, diariamente, sin comer".
Con la entrada en vigor el 15 de mayo de 2012 del Tratado de Libre Comercio TLC), se aceleró la fuga de capitales, la destrucción ambiental; aumentó la privatización de servicios esenciales como educación, agua, electricidad y salud; se incrementó la desigualdad y el trabajo precario; se redujo la producción alimentaria con la entrada de mercancías subsidiadas procedentes de Estados Unidos, y sobre todo, se perdió la soberanía económica y política de la nación. En territorio colombiano están enclavadas siete bases militares norteamericanas.

Para que congresistas norteamericanos aceptaran aprobar el TLC, se incrementaron las concesiones: se impulsaron las ventas de empresas de producción y servicios como las compañías eléctricas de Boyacán, Pereira, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Meta y Termocandelaria; grandes extensiones de terreno para la extracción de minerales y la agricultura extensiva; construcción de hidroeléctricas con las consecuentes afectaciones a los pobladores originales y al medio ambiente.

Las privatizaciones alcanzaron a los Banco Popular y Colpatria; a las empresas inmobiliarias, servicios de agua potable, alcantarillado, la educación, salud y seguros.

Economistas y organizaciones políticas aseguran que los documentos del TLC, compuestos por 1 531 páginas, desarticulan la soberanía del país al convertirlo en Ley tutelada por lineamientos internacionales mediante el cual ningún organismo del Estado puede aprobar algo que contradiga ese texto. Solo Washington ostenta el derecho a realizar modificaciones a esas leyes con las consabidas ventajas a su favor.

Para reforzar el cerco neoliberal del TLC, Colombia se comprometió dentro del acápite de la Propiedad Intelectual, a ceñirse por otros cuatro acuerdos internacionales que favorecen la penetración y libre accionar de las transnacionales estadounidenses en el país, sin tener que responder por reclamaciones ambientales, despidos laborales y violaciones de derechos humanos.

Indiscutiblemente que Santos se anotó un importante punto con la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pero deberá realizar (en el poco tiempo que le queda en la presidencia) muchas mejoras sociales, económicas y políticas a favor de la mayoritaria población pobre del país, las que no se alcanzarán mediante políticas neoliberales.