Tras la crisis económica en 2007, iniciada en Estados Unidos y que se extendió como pólvora por todo el planeta, varias instituciones financieras presionaron para que se impusieran en diversos países, políticas de austeridad que redujeran los programas sociales y disminuyeran el poder adquisitivo de los pobladores.

Así, las potencias Occidentales, representadas en el viejo continente por la llamada Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) aplicaron a Grecia un control fiscal, y en 2009 se iniciaron los multimillonarios rescates a los bancos, además de obligar a Atenas a tomar fuertes medidas de austeridad aplicadas con intransigencia, las que llevaron al país al hundimiento de su sistema político y económico.

Motivado por los grandes déficit presupuestarios y para que España no entrara en impago, en 2012 la Unión Europea anunció su plan de rescate y entregó una abultada cifra a los bancos ibéricos, a cambio de numerosas exigencias al gobierno de Mariano Rajoy.

El Banco Central Europeo (BCE), obligó a bajar el déficit público y flexibilizar el mercado laboral, además de incluir una supervisión de las cuentas, la que aún no ha terminado.

Medidas similares se las aplicaron a Portugal, Irlanda, Italia y otras naciones cuyos pobladores en los últimos años han visto perder sus empleos, junto a considerables aumentos en los precios de los servicios y de la canasta de alimentación básica, o la disminución en sus jubilaciones, por citar solo unos pocos ejemplos.

Desde que la crisis económica se hizo presente en 2007, los países y organizaciones hegemónicas se empeñaron en recetar drásticos ajustes, pero no para ellos.

Trabajar en instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco Mundial (BM), implica disfrutar de ventajas que dejan la puerta abierta a un mayor crecimiento de desigualdad.

El FMI, punta de lanza de los macro ajustes, se caracteriza también por pagar abultados salarios a sus directivos. Según su memoria anual de 2013, el Fondo contaba con un presupuesto de 740 millones de euros y el 80 % estaba destinado al pago de su plantilla de 2 400 empleados y 10 % para gastos de viajes.

La directora del FMI, Cristine Lagarde, ostenta el sueldo más elevado de todos los personajes que dominan el mundo. Controla el dinero que los países aportan a la institución y determina quiénes, cómo y cuándo lo recibirán.

Lleva años predicando la reducción salarial de los trabajadores, pero ella desde que llegó al cargo, se incrementó el sueldo en un 11 % que hoy supera los 450 000 euros anuales, mientras los supervisores y gerentes reciben más de 300 000 euros y los directores ejecutivos unos 180 000 euros.

A su elevado sueldo, se suman algunas ventajas adicionales pues al ser francesa y presidir un organismo internacional con sede en Estados Unidos, no tiene necesidad de declarar impuestos a ningún país; tiene un suplemento para gastos de representación que hace cinco años era de 58 000 euros exentos de tributación.

El FMI reserva para los gastos personales de su presidente un fondo que asciende a unos 65 000 euros al año, destinado a que mantenga un nivel de vida apropiado a su posición como directora gerente.

Siempre debe viajar en primera clase y tiene derecho a una pensión vitalicia del 60 % de sueldo cobrado y aumenta de acuerdo al tiempo ocupado en el cargo. Desde el 2011 cuando llegó a la dirección ha recibido más de 2,2 millones de euros.

Cuando comenzó la crisis en 2007, el cargo del presidente del Banco Central Europeo tuvo un incremento salarial del 2,6 % y fue subiendo paulatinamente en 1,9 % en 2008, 2,5 % en 2009, 2 % en 2010 y 0,8 % en 2011 y 2012.

En la actualidad, el expresidente del BCE, Jean Claude Trichet sin tener en cuenta la crisis económica en la Unión Europea, recibe un sueldo anual de 367 800 euros libres de impuestos. Desde entonces, directivos del BCE tienen remuneraciones para paliar la crisis.

El vicepresidente del BCE, Vítor Constancio, recibió en 2013 un salario de 324 214 euros y Mario Draghi, al frente del Banco Central Europeo ganó alrededor de 389 000 euros en 2016, un 1 % más que en 2015. Las mejoras también se han aplicado a los sueldos del resto de los miembros del Consejo Ejecutivo del BCE que vieron incrementarse a 270 168 euros anuales.

La estructura salarial del Banco Europeo prevé que sus ejecutivos perciban prestaciones por residencia y representación. El presidente dispone de una residencia oficial propiedad del BCE para su uso particular, a la par que los miembros del Consejo Ejecutivo cuentan con derecho a representaciones tanto por residencia como para educación de sus niños, así como deducciones fiscales para el plan de pensiones y seguro médico.

Los salarios de todos los empleados han continuado subiendo en todos estos años.

De esta forma se demuestra la incoherencia entre las drásticas medidas de austeridad que imponen esas instituciones y organismos financieros a los gobiernos y trabajadores del mundo mientras sus empleados y funcionarios incrementan anualmente sus salarios.