La imagen de Amado Boudou preso reabre un debate esencial sobre la justicia, el gobierno y la relación estructural entre ambos poderes en nuestro país. Sin duda, en la Argentina la corrupción de los gobiernos y sus funcionarios así como de la clase capitalista en general es un mal endémico, estructural. Y desde ya, quienes malversan fondos y/o recursos públicos merecen ser todos juzgados y castigados. Y eso les cabe tanto a los corruptos del gobierno del FPV-PJ como a los del gobierno de Macri. Es más: hay casos que los involucran a ambos. Pero esta justicia, que más que Comodoro Py se debería llamar "Comodoro PRO", es muy rápida para actuar ante los escándalos K pero inmóvil por completo frente a los actuales.

La detención de Boudou y otros hechos recientes están evidenciando un salto cualitativo en la sumisión de la justicia al poder político de turno: el gobierno macrista. A toda velocidad algunos jueces montan escenarios de detención con clara utilización política, para la foto deseada por la Casa Rosada, alimentando el verso de que este gobierno está "contra los privilegios y las mafias". ¿"Contra las mafias y los privilegios" Macri, cuyo holding familiar creció al amparo de la dictadura militar asesina, que además le estatizó su deuda privada, y viviendo durante décadas de la teta del Estado? ¿"Contra las mafias" Mauricio Macri, que junto a su padre fueron procesados penalmente por contrabando? ¿"Contra las mafias" Macri, el amigo íntimo de Nicky Caputo y el primo de Ángelo Calcaterra, ambos beneficiados con contratos públicos millonarios y acusados de corrupción? No hay ataque a las mafias sino un nuevo e hipócrita relato.

Lo más peligroso es que el gobierno macrista impulsa esta justicia sumisa avasallando los más elementales derechos y garantías democráticas. Se empieza a poner de moda la detención sin condena previa, como a Milagro Sala antes y Boudou ahora. La medida excepcional de prisión preventiva sólo cabría ante riesgos ciertos de fuga o de obstaculizar la investigación judicial, hipótesis que hoy no tienen ningún margen político. Lo cierto es que los jueces, como el cuestionado juez federal Ariel Lijo, hoy pasan burdamente por encima de las garantías procesales y ordenan encarcelar a conveniencia política del gobierno.

Desde el MST no tenemos ningún motivo para defender el accionar de Boudou y tantos otros funcionarios del gobierno anterior ni a la propia CFK, de quienes nos separan enormes diferencias políticas y metodológicas. Pero el punto en debate hoy no es ése. Antes de la detención de Boudou, en La Plata, por presión oficial fue suspendido el juez Luis Arias por el "delito" de haber dictado fallos en defensa de derechos sociales que disgustaron al gobierno. En los mismos días, también por presión macrista y sin juicio político, renunció la fiscal general Alejandra Gils Carbó. Desde hace meses, con la excusa de combatir "la industria del juicio", el gobierno mantiene una ofensiva contra el fuero laboral como preludio a la reforma esclavista que anunció Macri. Y ya vimos el intento de la Corte Suprema de concederles el "2x1" a los genocidas, como sigue pidiendo el macrismo por boca de Elisa Carrió. Nada de todo esto es casual, sino que forma parte del mismo plan de lograr una justicia adicta.

Tenemos que preguntarnos: Si todo esto sucede hoy, ¿quién será atacado en sus derechos democráticos mañana? ¿Qué pasará cuando no haya más funcionarios kirchneristas procesados? ¿Por quienes vendrán? ¿A qué otros opositores o simplemente sectores populares que reclamen se pretenderá silenciar con amenazas judiciales o de cárcel? Y cuando se salga a pelear contra la reforma laboral, la baja de las jubilaciones, los nuevos despidos y privatizaciones, por aumento salarial, por Ni Una Menos o contra el endeudamiento y la entrega del país al FMI, ¿la justicia no actuará con igual obediencia debida hacia este gobierno autoritario?

Por una justicia sin privilegios

Detrás de los planes del macrismo está la realidad del sistema político y judicial, que este gobierno no quiere cambiar ni, vale decirlo, el anterior tampoco. Toda la casta política tradicional quiere mantener un modelo clientelar en donde a los jueces los elige y los remueve el poder político, trama para que la justicia nunca tenga independencia del poder político. Jueces ricos, llenos de privilegios, con cargos a perpetuidad, nombrados por el gobierno. ¿Qué clase de justicia imparcial y equilibrada pueden impartir? Ninguna. Esa matriz dependiente hay que cambiar de fondo si queremos que realmente haya justicia sin discrecionalidades ni privilegios.

Proponemos lo que ni el PRO, ni la UCR, ni el massismo ni el PJ/Unidad Ciudadana proponen. Queremos democratizar toda la justicia y que los jueces y fiscales sean electos por voto popular. Que dejen de cobrar fortunas y no tengan ningún tipo de privilegios. Que su mandato no sea vitalicio sino que dure cuatro o seis años y que sean revocables en caso de mal desempeño. Y que se pongan en pie los juicios por jurados populares, que figuran en la Constitución Nacional desde 1853 pero casi nunca se aplican. Solo así podemos democratizar y lograr una real independencia de la justicia frente a los gobiernos.

Proponemos que los delitos de corrupción que atañen a funcionarios públicos sean declarados imprescriptibles, es decir que no venzan. Estamos a favor de investigar a fondo a Boudou y a quien corresponda. Y ante la corrupción del poder político eso implica realizar una verdadera investigación, que en estas condiciones de justicia adicta solo puede hacerse si la toman en sus manos personalidades independientes. Por eso proponemos formar una CONADEP de la corrupción, con plenos poderes, que investigue los casos de funcionarios anteriores y también los Panama Papers, los negociados Macri-Correo, las rápidas facilidades de familiares presidenciales ante embargos, los blanqueos millonarios facilitados a familiares del gobierno, la relación de funcionarios con las coimas de Odebrecht, los negocios Estado-Shell siendo Juan José Aranguren a la vez ministro y accionista de dicha petrolera.

En última instancia, en este, como en otros temas de importancia, no hay manera de terminar con los privilegios de Estado, la corrupción, la justicia adicta y millonaria, si no se cambia todo el régimen político imperante. Hay que abrir paso a una democratización institucional real, que siente al país sobre nuevas bases. Propuesta que en nuestro caso acompañamos de un cambio económico-social anticapitalista, que liquide también los privilegios de clase, de grandes corporaciones y empresas que bancan a este gobierno y este sistema de (in)justicia macrista.