Cuando por América Latina soplan aires extremos de neoliberalismo que imponen desempleo, privatizaciones y rebajas de programas sociales, Bolivia aparece como faro de luz para las grandes mayorías de la región.

Impulsadas desde Estados Unidos con pleno apoyo del Fondo Monetario Internacional, el Banco mundial, las oligarquía nacionales y los medios de comunicación capitalista, Latinoamérica ha sufrido en los últimos años un retroceso significativo en aras de la integración regional y en detrimento a las personas menos favorecidas.

Grandes programas de austeridad han adoptado varios gobiernos como Brasil, Argentina, Honduras, Paraguay, Guatemala que elevan los índices de pobreza y el hambre entre la población, mientras son favorecidas las minorías adineradas del país y las compañías transnacionales.

Por eso resulta notorio el caso de Bolivia que a partir de 2006 cuando el primer mandatario indígena en su historia alcanzó la presidencia tomó una serie de medidas para nacionalizar empresas y riquezas productivas, mineras y de servicios, en aras de mejorar la precaria vida de la población.

Desde entonces, la situación en la nación andina dio un vuelco de 180 grados pues anteriormente las características eran la pobreza, hambre, falta de educación y de atención a la salud del pueblo, mientras que la economía sufría el saqueo por parte de las transnacionales y el resto del capital paraba en manos de unos pocos nacionales.

La economía de Bolivia es la de mayor crecimiento en los últimos cinco años y se ha convertido en la más sólida y estable de América Latina.

Bolivia creció en 2017 un 4,2 % y para este 2018 si se mantienen los precios del gas y de sus otros productos de exportación, puede alcanzar hasta 4,5 %.

Los logros de Bolivia no solo se deben a las estabilidad en los precios de las materias primas sino también al esfuerzo del pueblo, al aporte del sector productivo y a la política de nacionalización que se implementó para recuperar los recursos naturales y las empresas estratégicas de país.

En apretada síntesis, resultaron nacionalizados o renegociados los leoninos convenios que habían sido firmados por gobiernos anteriores con empresas extranjeras entre los cuales aparecen la de madera, oro, aviación, telecomunicaciones, electricidad, telefonía, transporte público, minería, hidrocarburos y metalúrgicas.

Esa política resultó en un cambio radical del sistema neoliberal que existía anteriormente, que mantenían a esa nación, según organismos internacionales, como el tercer país más atrasado y pobre de América Latina.

Según el listado que anualmente publica el FMI Bolivia se ubicaba en 2005 en el número 117 por el Producto Interno Bruto (PIB) entre los países a nivel mundial y ahora aparece en el puesto 75. Es decir, avanzó 42 puestos en solo 11 años. En 2006, el PIB era alrededor de 6 000 millones de dólares y ahora es de 37 000 millones.

También la adopción de una política financiera inteligente, le ha permitido pasar de una reserva monetaria de 700 millones de dólares a 20 000 millones de dólares.

Por toda la nación andina surgen nuevas fábricas de papel, cartón, pintura, sal, almendra y derivados; la agricultura aporta soya, azúcar, maíz, quinua, se construyen carreteras, puentes, almacenes, lo que ha permitido que el Estado tenga una de las tasas de desempleo más bajas de Latinoamérica, de solo 5,1 %.

Antes de la llegada de Evo Morales al poder, nueve de cada 10 bolivianos de origen campesino se hallaban en la extrema pobreza, sin tener acceso al agua potable, electricidad, salud, educación y alimentación.

Cifras de organismos financieros internacionales señalan que el Gobierno ha logrado disminuir la pobreza moderada del 59 % al 28 %, entre 2005 y 2016, y el coeficiente Gini de desigualdad bajó de 0,60 a 0,41.

Fundamentalmente han sido los programas políticos-sociales instaurados por el Estado Plurinacional los que han posibilitado esos adelantos.

Con la utilización del método cubano Yo Si Puedo se eliminó el analfabetismo al aprender a leer y escribir 850 000 bolivianos, que hoy estudian para alcanzar el sexto grado.

Se estableció el pago de rentas vitalicias de entre 1 800 y 2 400 pesos a la población mayor de 60 años (Renta Dignidad), y de 1 820 pesos a mujeres en estado de gravidez y madres puerperal (Bono Juana Azurduy) hasta que sus hijos cumplan dos años, lo cual ayuda a combatir los índices de morbilidad infantil y de féminas gestantes.

Con el objetivo de que los menores no estén obligados a trabajar en edades tempranas, se crearon programas sociales para niños, mediante el cual el Estado abona 200 pesos anuales a 1,7 millones de estudiantes entre el primero y octavo grado que han revertido los índices de deserción escolar en el país.

En el plan diseñado hasta el 2020 se establecieron cinco ejes principales: elevar las inversiones en el sector petrolero; exportar energía eléctrica; desarrollar la petroquímica; expandir el agro, e industrializar el litio, donde el sector privado y la inversión extranjera directa están llamados a jugar un importante papel.

Como pocos países de la región, la nación andina ha ir solucionando en solo 11 años, una deuda social de 500 años que padecía debido a siglos de colonialismo, neocolonialismo y neoliberalismo.