Como el segundo país más desigual de América Latina aparece Colombia, donde el hambre y la miseria junto a los altos índices de criminalidad y difícil acceso a la educación y a la salud son hechos cotidianos para el grueso de su población.

Pese a ser Colombia uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región, el dinero que le entrega la Casa Blanca va destinado al sector militar y no a resolver las necesidades de millones de ciudadanos pobres.

A Colombia las últimas administraciones norteamericanas y en especial la actual presidida por el magnate Donald Trump le han asignado la tarea de ser el principal actor contra la República Bolivariana de Venezuela, porque funcionaría como base logística y de agresión armada contra Caracas que ha decidido defender su independencia y se ha negado a instaurar un sistema neoliberal como exige Washington para la región.

Recordemos que en suelo colombiano están establecidas siete bases norteamericanas que cuentan con gran poder militar ubicadas en Apiay, Malambo, Cartagena, Palenguero, Tulemaida, Larandida y Bahía Málaga.

Después del recorrido realizado por el secretario de Estado norteamericano, Red Tillerson por México, Perú, Argentina, Colombia y Jamaica con el manifiesto propósito de incrementar las presiones económico-financieras contra Venezuela, el presidente colombiano Juan Manuel Santos inició conversaciones con el FMI, el BID y el BM para que cuando Caracas cambie o sea derrocado su gobierno, se apruebe un plan de rescate por 60 000 millones de dólares.

Esa información la ofreció el ministro de Hacienda colombiano, Mauricio Cárdenas quien agregó que a su país le gustaría tener un papel más destacado en Venezuela en caso de que se dé un cambio de gobierno tal como afirmó Tillerson en Austin, Texas antes de comenzar su periplo por América Latina.

Paradójicamente, los mismos organismos financieros con los cuales Santos quiere lograr una supuesta ayuda para Venezuela, confirman que Colombia vive una situación delicada, por ser una de las naciones más desiguales del mundo y la segunda de Latinoamérica.

Esto se debe a que el 20 % de los ingresos del país están concentrados en el 1 % de la población mientras la mitad de esas entradas la recibe solo el 10 %.

La política de expulsión de campesinos y de poblaciones indígenas bajo amenazas y asesinatos ha provocado que el 1 % de las familias ricas y empresas transnacionales sean dueñas del 81 % del territorio nacional.

Un informe presentado en la 62 sesión del Comité del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DES, de las Naciones Unidas, denuncia que de los 43 millones de personas en el país, 22 millones sobreviven en condiciones de pobreza

El documento asevera que el despojo generado por los desplazamientos permitió que entre 1980 a 2016 más de 7.4 millones de hectáreas cambiaran de dueños, lo cual profundizó el modelo de propiedad de tierra desigual.

Una de las denuncias más importantes es que a partir del 2002 hay un incremento en el otorgamiento de títulos mineros e hidrocarburos que se elevan a 4.9 millones de hectáreas a cambio de favores a funcionarios estatales, que ha provocado el quebrantamiento de grupos indígenas y graves afectaciones medioambientales. Privatizaciones indiscriminadas bajo el régimen neoliberal.

El Fondo de Naciones Unidas para la Educación y la Infancia (UNICEF) reveló que uno de cada diez niños sufre desnutrición crónica en ese país andino, mientras el Instituto Nacional de Salud advirtió que cada semana mueren al menos cinco menores a causa de la desnutrición.

Desde enero hasta de noviembre de 2016, en la Guajira fallecieron 66 niños por hambre, pertenecientes al pueblo indígena Wayúu. En la última década, en Colombia han muerto aproximadamente 2 000 niños y niñas por este mismo motivo.

Al igual que todos los gobiernos que aplican al pie de la letra las más estrictas leyes neoliberales, los ricos en Colombia pagan menos impuestos.

En cuanto a los empleos, el 64 % de los colombianos lo hacen en la informalidad, el 18 % bajo relaciones laborales ilegales, mientras que el 89 % de los asalariados rurales carece de protección social. Además, el 47.1 % de los trabajadores ganan menos del salario mínimo legal.

Las privatizaciones se extendieron por todos los sectores: bancario, empresas inmobiliarias, servicios de agua, alcantarillado, educación, salud, seguros, minería.

Con la entrada en vigor el 15 de mayo de 2012 del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, se aceleró la fuga de capitales, la destrucción ambiental; aumentó la privatización de servicios esenciales como educación, agua, electricidad y salud; se incrementó la desigualdad y el trabajo precario; se redujo la producción alimentaria con la entrada de mercancías subsidiadas procedentes de Estados Unidos, y sobre todo, se perdió la soberanía económica y política de la nación.

A todas estas desventajas sociales y económicas, se suma una violencia histórica que ni con la firma de los acuerdos de La Habana se han podido resolver ya que continúan los asesinatos a líderes sociales, desplazamientos forzados, hechos violentos, incumplimiento de acuerdos con sindicatos y falta de garantías para las protestas pacíficas.

Aunque el presidente Santos, con toda la maquinaria de los medios de comunicación occidentales que lo apoyan, trate de que ocurra un cambio de sistema en la República Bolivariana cuyo gobierno ha beneficiado a la mayoría menos favorecida de Venezuela, los datos que ofrece Colombia son la antítesis de lo que los pueblos latinoamericanos desean: atención educacional, salud, bienestar social y paz.