El gobierno ucraniano de Petro Poroshenko, que enfrenta una grave crisis político-económica, hace lo indecible por complacer a las naciones occidentales y en especial a Estados Unidos como lo demostró su fallida operación naval contra la integración de la vecina Rusia.

Con el proyectado objetivo de agasajar a las naciones occidentales que imponen sanciones y tratan de aislar a Rusia, y a la par obtener adeptos para ganar las elecciones presidenciales que se realizarán en marzo de 2019, Poroshenko autorizó el pasado 25 de noviembre que tres barcos de guerra ucranianos violaran la frontera estatal rusa.

Las naves entraron en una zona provisionalmente cerrada del mar Negro y avanzaron hacia el estrecho de Kerch que une los mares Negro y de Azov y separa la península de Crimea del resto de Rusia.

Tras ser apresadas, Moscú calificó la incursión de provocación y denunció que Kiev violó las normas fundamentales del derecho internacional

Pero analicemos los problemas económicos fundamentales a los que se enfrenta el gobierno ucraniano que ha tenido que solicitar y obtener para su subsistencia, empréstitos al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la Unión Europea.

Las naciones occidentales desarrolladas presentaban a Ucrania, tras su separación de la extinta Unión Soviética, como una historia de éxito que estaba asediada por Rusia. Esa leyenda se desmoronó con el paso del tiempo.

En la actualidad, la economía de Kiev sufre un profundo declive, la población no es capaz de pagar sus deudas de gastos comunitarios, las elevadas tarifas aumentan las tensiones sociales y la deuda externa que le es difícil sufragar la pone al borde del impago.

El FMI acordó con Ucrania un programa de cuatro años de asistencia financiera por 17 500 millones de dólares del que en marzo de 2015 le entregó 5 000 millones y en agosto de ese año, otros 1 700 millones.

En septiembre de 2016 le transfirió 1 000 millones de dólares y una cifra similar a finales de 2017, pero el programa fue paralizado hasta que Kiev no cumpliera con las recias directrices que impone el organismo financiero internacional.

Ahora Ucrania espera obtener dos tramos del Fondo Monetario Internacional y uno de la Unión Europea por valor de 2 000 millones de dólares y 1 000 millones de euros, respectivamente, aunque los organismos financieros todavía no lo han decidido y el país europeo pasa por un grave estancamiento.

Entre las condiciones que imponen a Kiev el FMI y la Unión Europea aparecen la de establecer un tribunal contra la corrupción y aumentar las tarifas de gas para la población y las empresas lo que puede provocar severos disturbios sociales y como consecuencia directa aumentaría la desaprobación del gobierno a pocos meses de las elecciones presidenciales.

Los especialistas aseguran que el Tesoro Público del país, al igual que su fondo de pensiones, están en bancarrota y que le será difícil cumplir los plazos de pago de la deuda contraída, lo que motivará que el tipo de cambio de la grivna (su moneda) sufra una brusca caída, y se produzca, también por esta vía, estallidos sociales.

Otra mala noticia para Kiev es que a finales de 2019 concluirá la construcción del gasoducto Nord Stream 2 que le representará la pérdida de 3 000 millones de dólares al no tener que pasar por territorio ucraniano el gas ruso con destino a Europa, por lo cual cobra jugosos impuestos. Además, ese país utiliza parte del gas para su uso, por lo que la pérdida será más elevada.

Ante la belicosa posición del gobierno de Poroshenko que en 2015 amenazó con hacer explotar el gasoducto, Moscú tomó la decisión de construir el Nord Stream 2 que desde Rusia pasará por el mar Báltico hasta llegar a Alemania para después repartirse por varios países de la Unión Europea.

De esa forma, su crisis energética se acrecentará sobre todo en invierno cuando se hace imprescindible los servicios de calefacción.

La crisis y la corrupción no han dejado de golpear al pueblo ucraniano desde que hace cinco años, Poroshenko se adueñó del poder tras las manifestaciones en la Plaza de Maidan de fuerzas derechistas, apoyadas por países occidentales.

Antes de esos sucesos y durante su permanencia dentro de la extinta Unión Soviética hasta 1991, Ucrania presentaba un nivel económico comparado con el de los países desarrollados, con una política social que beneficiaba a todos sus habitantes.

De 2014 a la fecha, el deterioro del nivel de vida de la población ha sido galopante.

Si en 2013 el PIB era de 183 300 millones de dólares, en 2017 fue de tan solo 112 200 millones de dólares. En 2012 las exportaciones ascendieron a 69 000 millones de dólares, mientras que en 2017 quedó en 43 000 millones de dólares.

El PIB per cápita cayó de 4 030 a 2 640 dólares; el salario promedio se redujo más de un 20%; las pensiones cayeron un 64%; el precio del gas se elevó 11 veces más, la calefacción 5,5 y la electricidad 4 veces.

La consecuencia directa fue que más de la mitad de la población se convirtió en pobre, pues si en 2014 eran 4,2 millones de personas las que formaban parte de este grupo poblacional, en 2017 la cifra alcanzó a 25 millones de personas.

Simple y llanamente, la política neoliberal seguida por el millonario Poroshenko solo ha beneficiado a las clases pudientes en detrimento de las mayorías.