Para Estados Unidos que siempre ha tratado a América Latina como su patio trasero o para decirlo mejor, como el dueño de sus riquezas materiales y humanas, Honduras es una de sus semicolonias donde impera la "democracia" pese a los graves problemas que padecen sus habitantes.
Hace diez años, Estados Unidos con el apoyo de la derecha hondureña provocó un golpe de Estado contra Manuel Zelaya, el único presidente en la historia moderna de esa nación centroamericana (2006-2009) que laboró por llevarle a su pueblo beneficios de los cuales nunca había disfrutado.
En ese corto período la nación centroamericana se integró en 2008 al mecanismo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
Esa decisión puso en tensión a todas las fuerzas de la ultraderecha y a las transnacionales como la estadounidense Chiquita, antigua United Fruit, que exporta desde esa nación 8 000 000 de cajas de piña y 22 000 000 de cajas de plátanos; o a las farmacéuticas que proveen el 80 % de las medicinas que se comercian en el país.
El golpe de Estado con apoyo del ejército no se hizo esperar; Zelaya fue expulsado del país e inmediatamente comenzó la represión contra las grandes masas de la población que apoyaban al destituido presidente con saldo de varios muertos y heridos.
Tras el golpe a Zelaya, fueron impuestos en el poder Roberto Micheletti y seguidamente Porfirio Lobo, quienes eliminaron el ciento por ciento de las leyes que se habían acordado en ese corto período en beneficio del pueblo.
Entre las más perjudiciales estuvieron la congelación de la Ley del Salario Mínimo, pérdida de 300 000 empleos, fragmentación de las jornadas laborales, derogación de los acuerdos con el ALBA, restitución de privilegios a las compañías transnacionales, impulso de las privatizaciones, entre estas, la estatal Hondutel en la cual Micheletti era consejero.
Los hondureños, cansados de pasar miseria y represiones, primero optaron por irse del país y tratar de llegar a Estados Unidos en busca del propagandizado "sueño americano" lo que ha sido impedido por las políticas adoptadas por la administración de Donald Trump que hasta quitó el pequeño apoyo financiero que daba a El Salvador, Guatemala y Honduras porque estos no controlaban la salida de sus ciudadanos.
Ahora se vuelven a suceder las masivas protestas las que han sido reprimidas con violencia por el régimen de Juan Orlando Hernández, reelegido en septiembre de 2018 con numerosas denuncias de fraude electoral, pues además Hernández controlaba al Tribunal Superior Electoral, encargado del conteo de los votos.
Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de Honduras publicados por el diario La Prensa, informa que casi seis millones (71 %) de los 8,5 millones de habitantes del país son pobres.
De esa cifra, 4,2 millones están en situación de extrema pobreza que tratan de sobrevivir con solo un dólar al día.
Se estima que después del golpe de 2009, otras 500 000 personas pasaron a integrar esa categoría, sobre todo en las zonas urbanas con un 77,8 % de pobreza e indigencia.
La desigualdad también ha ido creciendo en espiral debido a las políticas neoliberales impulsadas por los últimos regímenes lo que han ayudado a que 15 familias controlen el 80 % de las riquezas, mientras que el 80 % de la población recibe menos del 10 %.
En octubre del pasado año, las finanzas públicas se encontraban en un estado deplorable, con un déficit fiscal de 8 % y una deuda pública superior a los 8 000 millones de dólares, más de la mitad de su Producto Interno Bruto (PIB).
A esto se suman otros dos gravísimos problemas: la violencia incontrolable que deja diariamente más de 30 muertos con numerosas pandillas que aterrorizan pueblos y ciudades; y un alto nivel de traficantes pues cerca del 80 % de la cocaína que va a Estados Unidos desde Sudamérica pasa por ese territorio.
En las recientes protestas, el presidente Hernández autorizó la represión de los estudiantes que rechazaban la crisis nacional en los sectores de Salud y Educación. Por primera ocasión la Policía Militar (PM) irrumpió en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa, lanzando bombas lacrimógenas y disparando a los estudiantes con saldo de varios heridos.
Esa es la "democracia" de la pobreza que desea Estados Unidos en la región las que impulsa con la ayuda de gobiernos neoliberales afines, pero sin políticas sociales justas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos continuarán las protestas y las constantes migraciones.
