Hay varias interpretaciones del Estado guatemalteco sobre su formación, su composición, su funcionamiento y sus finalidades. Estas interpretaciones describen varios tipos de Estado, su naturaleza histórica, política, económica y social. Los análisis combinados son negativos, complejos y perversos. Esta naturaleza orgánica del aparato de Estado guatemalteco se ha esbozado analítica y comparativamente, enfocándose mayormente los últimos 50 años, desde el período que antecede al comienzo de la última guerra civil, pasando por los años de transición "civil-democrática", a la firma de los acuerdos de paz y a los gobiernos que han seguido en el post-conflicto, llegando hasta la actualidad alrededor del proceso electoral del 2019.
El Estado guatemalteco ha sido definido e interpretado desde varios puntos de vista: académicos, mediático-noticiosos, cibernéticos de redes y oral-populares. El Estado, entonces, es un aparato post y neocolonial oligárquico-monopólico; un Estado corrupto y partidista-clientelar; un Estado fallido hiper explotador clasista, racista y excluyente; un Estado cooptado por grupos mafiosos del crimen organizado; un Estado narco-cleptocrático; un Estado patrimonialista-depredador, etc. Estas definiciones y otras que están en constante construcción, complementación, discusión, aceptación o rechazo, tratan de conceptualizar en teoría y en la práctica su naturaleza, su formación/deformación, su composición y sus fines históricos: en lo político, en lo económico y en lo social.
Relacionado a lo anterior y regresando al período de la administración demócrata de Barack Obama y del embajador Todd Robinson en estas tierras, el proyecto de alto impacto "guerra a la corrupción, al contrabando y al narcotráfico dentro y fuera del Estado guatemalteco", consistió en abrir una serie de medidas relativamente fuertes para desactivar a los CIACs, (grupos mafiosos del crimen organizado, vinculados a contratos lesivos al Estado, a narcotráfico, a lavado de dinero, a contrabando de mercaderías y bienes en gran escala, a la trata regional e internacional de personas, a la evasión de impuestos y otras actividades ilícitas y violentas). Ello dio como resultado la desarticulación de un grupo delincuencial que se había apoderado del Estado, bajo las órdenes de la ex-vicepresidenta Roxana Baldetti y del ex-presidente Otto Pérez. La jugada política tuvo efecto, puesto que una buena cantidad de funcionarios públicos fue detenida y enfrenta procesos judiciales (La Línea 1, como se le llamó). No obstante, varios empresarios fuertes de algunos sectores del CACIF, miembros de lo que se podría llamar La Línea 2, no fueron prácticamente tocados. Fueron detenidos y puestos en prisión una serie de políticos y militares ligados a estructuras criminales (sea por contrabando, narcotráfico, lavado de dinero, cooptación del Estado y corrupción monetaria y de activos). La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -Cicig-, de Naciones Unidas, y el Ministerio Público, en coordinación, jugaron un papel clave en todo ello.
El calor popular que se había generado para ese entonces era de un rechazo mayoritario a la corrupción en gran parte de los sectores sociales del país. Fue allí donde apareció en las elecciones del 2015 la figura de Jimmy Morales quien, en una nueva presentación actoral tal como es su profesión, se "disfrazó" de candidato honesto ("no robo ni miento"). La experiencia de su gobierno ha demostrado todo lo contrario. El grupo que quizá para sorpresa de muchos, pero no de todos, ganó las elecciones estaba ligado a lo más corrupto de la clase política, militar y empresarial. Ese grupo es el que ha gobernado durante estos años. Y con el cambio de gobierno en Estados Unidos, llegando el republicano Donald Trump a la Casa Blanca, cabildeó para sacar, bloquear y disminuir a la Cicig, y terminar con esa "cruzada anticorrupción" que se había iniciado y se estaba extendiendo. En definitiva: el llamado "Pacto de Corruptos" se salió con la suya, y Washington dio su consentimiento para ello (negociando, por supuesto. El gobierno guatemalteco se ofreció como absoluta alfombra para las políticas de Estados Unidos: traslado de su embajada en Israel, luz verde para la entrada de tropas norteamericanas en suelo guatemalteco, aceptación de lo que el presidente estadounidense ordene).
Más recientemente y relacionado también a lo anterior, ha finalizado la primera vuelta de las elecciones generales de Guatemala en el 2019, la cual ha sido muy cuestionada desde sus inicios, principalmente debido a la "judicialización y politización" de los procesos de revisión y aceptación legal, de acuerdo con la idoneidad, honorabilidad y el estatus ético-moral y legal-judicial de los candidatos y candidatas, sea para la presidencia, el congreso o a las alcaldías. Los organismos de auditoría y justicia estatales se vieron muy sesgados, favorecedores, ineficaces, tolerantes, antojadizos, incoherentes y contradictorios; dependiendo del candidato(a) que fue sometido(a) a estos procedimientos y requisitos de acuerdo con los cambios de la nueva Ley electoral y de partidos políticos en Guatemala.
La situación preelectoral se mostró patética, incierta, confusa, calculada y corrupta. Faltando tan poco tiempo para el segundo acto electoral (11 de agosto), aún hay una enorme decepción, una apatía y una creciente incertidumbre y muchas y variadas dudas sobre el proceso. La ‘judicialización’ de varias de las candidaturas se vio como una estrategia manipulada para impedir abiertamente y/o apoyar simultáneamente, algunas candidaturas con posibilidades de pasar a la segunda vuelta. La estrategia fue enfocada mayormente contra la participación de dos de las tres mujeres candidatas, que hasta hace un par de meses atrás venían (con diferencias porcentuales relativas entre ellas) encabezando las encuestas. Las ex-candidatas afectadas Zury Ríos y Thelma Aldana quedaron fuera de la contienda.
Sandra Torres ha terminado en el primer lugar de la primera vuelta, pasando a la segunda vuelta con la mayor cantidad relativa de votos, aunque sin mayoría absoluta por las razones sabidas a través de los medios de comunicación. En el segundo grupo de candidato(a)s, quienes venían mucho más atrás del primer grupo inicial de mujeres candidatas, favorecido por las cancelaciones y ausencias de ellas, quedó en segundo lugar Alejandro Giammattei del partido VAMOS, quien también pasó a segunda vuelta. En la situación actual, mientras se llega a la votación de la segunda vuelta, Torres, la candidata de la UNE, tiene aún problemas de aceptación, según los análisis preliminares de la cuarta encuesta de intención de voto para la segunda vuelta, recientemente publicada y explicada por los medios. Sigue persistiendo el anti-voto en las últimas semanas, principalmente en la ciudad capital y los centros urbanos secundarios. La población guatemalteca en los centros urbanos más grandes del país como parte del electorado, ha manifestado su rechazo a dicha candidatura, tendencia que se mantiene, aunque un tanto más reducida, desde y con relación a las encuestas previas a la votación en la primera vuelta.
La opinión en las redes sociales, en los medios de comunicación y la opinión en general es que se ha favorecido a su candidatura con las reformas, con el manejo prolongado y tardío de la sanción del antejuicio y con varias demandas legales-judiciales que no prosperaron en las instancias o instituciones legales-judiciales correspondientes. Torres tiene aún pendiente un proceso de antejuicio por financiamiento ilícito del partido político que representa. Se espera(ba) que tenga/tuviera una segunda vuelta difícil contra Giammattei, tratando de formar alianzas y convenciendo a ese electorado urbano de su idoneidad para el cargo presidencial. Al mismo tiempo, se ha escrito y hablado también de un relevo de los CIACs en estas elecciones del 2019, colocándose estratégicamente detrás de varios candidatos de la extrema derecha. El grupo de inteligencia militar de antaño llamado "La Cofradía" saltó al conocimiento nacional e internacional a través de varias actividades ilícitas que realizó el grupo de crimen organizado llamado "La Red Moreno" (el cual se supone fue desmantelado en años pasados). Como ya es sabido, varios de sus elementos han estado en el gobierno de Jimmy Morales a través de AVEMILGUA (oficiales veteranos de la guerra interna), la llamada "Juntita Militar" y otros grupos muy cercanos al poder ejecutivo y al legislativo.
En esta elección, La Cofradía sustituiría o relevaría (temporal o permanentemente) al otro grupo de inteligencia militar llamado "El Sindicato", representado por los grupos del crimen organizado "La Oficina 1 y 2" (los cuales también se supone fueron desmantelados recientemente). Entonces, se habla en los medios de comunicación de algunos personajes y/o grupos oscuros del pasado, pertenecientes a estos grupos de relevo militar-civil en el control del Estado tras bambalinas, quienes podrían/estarían asociados o detrás de la candidatura y del partido VAMOS de Giammattei. Asimismo, con respecto a los resultados de la primera vuelta, se ha especulado de un fraude técnico, se ha corrido la voz mayormente en las redes sociales y en algunos medios de comunicación masivos y alternativos, que los grupos detrás de Jimmy Morales o los grupos adyacentes a él, lo habrían tramado, tejido, lo promovieron y difundieron para tratar de concretarlo, sin éxito. Esta supuesta maniobra intentaría evitar cualquier tipo de cambio en los poderes del Estado, tratando de continuar con el esquema actual a partir de una campaña mediática y de redes virtuales de desinformación.
Se ha hablado también sobre la posibilidad de un fraude institucional planificado, donde los errores técnicos de software y de digitación en el procesamiento de los datos electrónicos, que difieren de los que aparecen registrados en las actas a mano de las urnas, no han sido accidentales, no han sido algo casual, fortuito e inocente, sino algo planificado con antelación y propósito. Se cree que el llamado "Pacto de Corruptos" enquistado en la estructura estatal, intocable, inamovible está detrás de una renovación aparente con la misma intención anterior. Incluso se ha escrito en algunos de los medios de comunicación muy recientemente que los acuerdos negociados casi en secreto con EE.UU., y que han resultado infructuosos y fallidos de momento, a saber: la militarización interna y de fronteras por parte del propio ejército guatemalteco (aunque se han enviado efectivos de la Policía Nacional Civil), la aceptación de tropas norteamericanas en puntos estratégicos de la frontera mexicano-guatemalteca, y el más sonado de los tres, el intento para convertir a Guatemala en un "Tercer País Seguro", es parte de la estrategia descrita arriba. Es decir: una negociación secreta, absolutamente a espaldas de la población, lo cual desvirtúa por completo la idea de democracia y transparencia.
El escándalo llamado "Pacto del Loroco", como consecuencia de la captura por parte de la DEA del ex-candidato presidencial Mario Estrada del partido UCN en Florida, tiene dentro de esta teoría de la conspiración un peso relativo, que cada vez parece gravitar más en esta maniobra estratégica de retardar o cancelar las elecciones y el cambio formal eleccionario de poderes dentro del Estado guatemalteco. Simultáneamente, la discusión en los medios ha visto una tendencia, a partir de la captura del ex-candidato presidencial, de tratar de agradar, alinear y abrirse más a las demandas de la política norteamericana de seguridad nacional. Es decir, a crear una barrera de control, detención y castigo para reducir las migraciones del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) e internacionales, y para tratar de "controlar" el tráfico de personas, el contrabando de bienes y mercancías, y principalmente el narcotráfico en/desde/a través del territorio guatemalteco. Esa preocupación de la Casa Blanca, en realidad, tiene como fundamento, si no el principal al menos de gran importancia, la campaña proselitista de Donald Trump buscando su reelección, levantando una vez más la promesa de "mano dura" contra los "migrantes ilegales que van a quitarle puestos laborales al trabajador estadounidense".
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No obstante y de momento, el TSE ha adjudicado formal y oficialmente los resultados presidenciales de la primera vuelta y también las diputaciones nacionales y centroamericanas, quedando pendientes las alcaldías. Lo cual pareciera desvanecer y desmentir el proceso fraguado del "complot del fraude eleccionario" para quedarse un tiempo más en el poder. Se habla, en los medios y redes sociales también, que las autorizaciones internacionales del caso no cedieron, no permitieron, no dieron su aval, para realizar otro golpe técnico y de facto por parte del actual gobierno (como de alguna manera se dio meses atrás para cerrarle el paso a la Cicig). Se ha dicho en algunos medios de comunicación que las presiones internacionales principalmente del norte siguen apoyando la trama de la segunda vuelta; se tiene que continuar con ella como fue programada, de acuerdo con el ciclo electorero del país. Y donde manda capitán, no manda marinero...
Como se ha explicado anteriormente, ha quedado un sabor de cuestionamientos e incertidumbres, un sentimiento reflejado en varios artículos de opinión en la prensa nacional e internacional, en las redes sociales y en la opinión general de los analistas, fiscales y profesionales que han participado en elecciones pasadas y en la actual elección. Consideran que habría que darles certeza jurídica a los resultados de la presente elección, contratando una empresa con prestigio internacional en procesamiento de datos, la cual llevaría a cabo una auditoría rigurosa de todo el proceso: revisando el software, la digitalización y los resultados parciales y finales, la metodología del recuento, manejo, seguridad y transportación de cajas de votos y documentación relacionada, etc. Sin embargo, con la adjudicación de candidaturas presidenciales a segunda vuelta, con la aprobación del listado oficial de diputaciones, parece poco probable que se haga una revisión como la descrita arriba. Quedan pendientes las alcaldías donde incluso el proceso de votación o el conocimiento local de triunfos no oficializados causaron conflictos, demostraciones y protestas serias en el interior del país.
A lo anterior, habría que agregar el último escándalo de Jimmy Morales con las controversiales, discutidas e ilegales compras de dos aviones y un barco para el ejército, sin seguir los procedimientos administrativo-contables legales y debidos de compra, motivo por el cual ambas transacciones están también suspendidas. ¿Será que muchos funcionarios de la administración del actual presidente, incluyendo él mismo, van a ser formalmente acusados, enjuiciados y condenados, o incluso extraditados por las acciones ilegales, inconstitucionales, irregulares y corruptas que se han llevado a cabo durante su gobierno, una vez que entreguen el poder estatal? Quedan estas interrogantes y otras para el futuro.
Ahora bien, no olvidar que los funcionarios electos y los que están por ser electos, son una expresión del pueblo, de lo que es efectivamente la sociedad. La impunidad y la corrupción, jamás debe perderse de vista, están atravesadas en toda la sociedad: evadir impuestos, pagar un salario básico que apenas cubre la tercera parte de la canasta básica (y se paga sólo a un 50% de trabajadores urbanos y apenas a un 10% de trabajadores rurales), no pagar la cuota del Seguro Social de los empleados, son tan deleznables como el diputado que se roba un viático o que manda a quemar un archivo que lo compromete. La corrupción atraviesa la sociedad desde la colonia: si "los de arriba" lo hacen, ¿por qué "los de abajo" no lo van a repetir? Hay necesidad de cambiar también los malos hábitos, las relaciones e interacciones sociales, la psiquis colectiva, los imaginarios y los valores éticos y morales de los distintos grupos sociales guatemaltecos. Se necesitará volver a apreciar el respeto a la vida, los derechos humanos y civiles en todas sus expresiones y formas, la verdad, la honradez y la transparencia, todo lo cual trastocó de un modo patético la reciente guerra interna. El racismo, la discriminación y las distintas exclusiones: social, étnica, de clase, siguen siendo una terrible realidad. Si eso no cambia (60% de la población bajo el límite de pobreza, 12% de analfabetismo, primer lugar en Latinoamérica y sexto en el mundo en desnutrición infantil crónica, migraciones irregulares hacia Estados Unidos como "salvación" para amplias masas de población) por más que se cumpla con el rito formal de elecciones periódicas, no se asegura la paz. Con una democracia tan endeble, la sociedad que se construye/destruye es una bomba de tiempo.
Desde un mal llamado "Estado nacional" poli-formado/deformado en sus raíces históricas, con aberraciones políticas, económicas y sociales, con sus diferentes definiciones descritas al inicio de este ensayo, tratando de interpretar su naturaleza perversa, permanece la cuestión central, que no estriba solamente en esa corrupción/transgresión omnipresente desde su creación. Está la cuestión esencial en la forma en que el Estado ha sido utilizado para repartir la riqueza nacional: por qué, cómo, para quién y para qué (el 2% de la población detenta el 70% de las tierras cultivables; mientras el salario básico ronda los 400 dólares mensuales, los grandes grupos económicos se apropian, en ese mismo tiempo, de muchos millones de esa moneda en exportaciones o la transacción de las remesas). Y, por lo visto, ningún candidato habló o ha hablado en primera o en segunda vuelta de esto claramente. A lo sumo, las tristes campañas que se están viendo no pasan de invocaciones recicladas, repetitivas, obvias y vacías. Se menciona por momentos a la corrupción, pero no se habla a profundidad del Estado que la regula, la facilita y la perpetúa. No se habla extensiva y críticamente del modelo, su estructura, su sistema que la propicia, la crea y la reproduce. ¿Qué esperar entonces de estas elecciones democráticas, más con lo mismo o lo mismo con más?
