La rebelión popular se ha desatado por toda Colombia por los desatinos económicos y políticos cometidos por el gobierno de Iván Duque lo cual ha obligado a la población a reclamar sus derechos con manifestaciones pacíficas en las calles.

Cada día aumentan las organizaciones sociales, obreras, indígenas y de ex guerrilleros que se unen a las protestas desde que el pasado 21 de noviembre se decretó el paro nacional contra del llamado paquetazo de Duque.

El gobierno, como ya es habitual, ha respondido con allanamientos a organizaciones sociales y con fuerte presencia de los cuerpos de seguridad del Estado en las calles, lo que ha sido catalogado por los manifestantes como "tratamiento de guerra, persecución y criminalización de la protesta".

Las razones de este largo paro nacional se motivaron por las nuevas medidas neoliberales que decretaría el gobierno entre las que aparecen la imposición de un salario mínimo diferente según la productividad de cada región; bajar el salario mínimo hasta el 75 % para los jóvenes que tienen menos de 25 años e imponer la contratación del personal por horas.

Asimismo los ciudadanos rechazan una reforma en las pensiones para convertirlo en un fondo privado. No aceptan que se cree un holding estatal de servicios financieros, o sea, una agrupación de empresas estatales vinculadas al sector que aportarían al mercado y que dejarían de tener control directo del Estado lo que representa para las organizaciones sociales una privatización encubierta.

Se impondría además una rebaja impositiva a grandes empresas y transnacionales que ya tienen de por sí grandes rebajas tributarias. También se tiene previsto un tarifazo en el precio del servicio eléctrico para algunos consumidores que se ubicaría en un 35 %.

Como ocurre en estas economías neoliberales impulsadas por Estados Unidos y organismos financieros internacionales como el FMI, Colombia es uno de los países que más va a crecer en la región pero a las personas del pueblo no les benefician esas riquezas.

Mientras el Producto Interno de América Latina será en promedio 0,2 %, la economía colombiana lo hará en 3,3 % según estimaciones del FMI, pero actualmente el desempleo se mantiene en 10,2 % mientras entre los jóvenes de 14 a 28 años, aumentó del 16,5 % a 18,1 %.

Organizaciones gremiales afirman que el 64 % de los colombianos trabaja en la informalidad; el 18 % en labores ilegales, mientras el 89 % de los asalariados no tienen protección social y el 47,1 % ganan menos del salario mínimo legal.

Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, solo superado por Honduras, y de los 43 millones de habitantes, 22 millones están en condiciones de pobreza.

Desde la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en 2012, se acrecentó la fuga de capitales, aumentó la privatización de servicios esenciales como electricidad, agua, educación, salud y se redujo la producción alimentaria con la entrada de mercancías subsidiadas procedentes de Estados Unidos.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) informó que entre 2016 y 2019 ingresaron 1 200 000 personas en la categoría de pobreza multidimensional y entre las poblaciones más afectadas se encuentran Guainía, Vaupes, Vichada, La Guajira y Chocó.

Datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) señalan que de 2012 a 2018 la deuda externa estatal se duplicó del 12,5 % al 25,2 % y la deuda externa privada del 8,8% al 18,6 %. Las dos suman en total el 44 % del PIB, 24 % más que hace seis años.

En el paro nacional y las manifestaciones, los sectores estudiantiles, sindicales y sociales reclaman la aplicación de leyes a favor de la población que han sido incumplidas por el gobierno.

Entre estas aparece un acuerdo firmado en diciembre de 2018 por Duque con 32 universidades mediante el cual el presupuesto tendría una subida de 1,2 billones de pesos en los próximos cuatro años y hasta la fecha el dinero no ha aparecido.

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) denuncia la ausencia de garantías para ejercer la docencia en el país pues más de 70 maestros están bajo amenaza de muerte por grupos ilegales y paramilitares.

El partido FARC apoyó las manifestarse para condenar el bombardeo donde murieron por lo menos ocho niños en Caquetá, así como denunciar los asesinatos, de 52 indígenas, 155 líderes sociales y más de 50 exguerrilleros desmovilizados en este año 2019.

El pueblo colombiano se ha cansado de aguantar gobiernos neoliberales al servicio de Estados Unidos y sale masivamente a las calles a reclamar sus usurpados derechos humanos aunque la tarea será ardua y sangrienta pues la oligarquía derechista nacional esta dispuesta a reprimir con furia a sus ciudadanos para que no disminuyan sus prebendas.

Los colombianos comienzan a despertar y con mayor fuerza refutan los cantos de sirena del neoliberalismo.