Comenzó el "pin", pam, pum contra el gobierno. Ni 100 días ni 100 segundos de cortesía. La derecha, cuya voz cantante representa Vox, seguida de la iglesia católica, la judicatura y el resto de santos estamentos de la "España eterna" se olvidaron de que hace escasamente una semana morían tres trabajadores y ocho quedaban heridos a consecuencia de la explosión del reactor de la empresa química IQOXE en Tarragona. La compañía había sido sancionada hasta cuatro veces por la Inspección de Trabajo, pero no sirvió de mucho. A consecuencia de la deflagración, una masa de óxido de etileno, gas cancerígeno, se liberó junto a otras sustancias peligrosas a la atmósfera. Las alarmas no sonaron; la prevención no funcionó. Los sindicatos, las entidades vecinales y el movimiento ecologista denuncian la precariedad, la obsolescencia del modelo y la inseguridad general que se masca en una zona de la que viven unas 300 mil personas.
Bajo el capitalismo los principios de eficiencia, seguridad y eficacia se construyen, miden y ponen en práctica en función del fin supremo del beneficio privado. Nada hay más importante para quienes dirigen el mundo y por ello, sin el menor arrobo, siguen lanzando al aire cada año 4.223 kilotoneladas de gases de efecto invernadero mientras "olvidan los riesgos". Las entidades sociales exigen cambios en el modelo productivo, cambios que lo hagan sostenible y seguro. Sin avanzar en el control público y democrático sobre una propiedad manejada por un sector que suma casi el 6% del PIB y más del 13% del PIB industrial será imposible. La movilización, la unidad y la ampliación del tejido social representan el mejor medio para conseguirlo.
Como también son el mejor medio para frenar ese atentado a los derechos humanos de la infancia, los tratados internacionales y la propia Constitución que supone el veto llamado "PIN parental educativo". Abanderado por Vox y por el PP, serán la calle y el fortalecimiento del tejido asociativo de las entidades de padres y madres, así como sindicatos y partidos, quienes puedan pararlo. El gobierno anuncia que pondrá el asunto en manos de los tribunales, pero ya conocemos cómo se las está gastando el poder judicial con el simple nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. Muy poca o ninguna confianza existe en un poder no electo que no duda en desobedecer sentencias europeas, ponerse al lado del poderoso sin sonrojarse y que mira hacia otro lado sin intervenir cuando el trabajo bajo el capitalismo acaba provocando muertes o accidentes como en Tarragona.
La manera de responder al pim, pam, pum de la derecha es unidad, debate y acción de calle concreta y precisa por nuestros derechos y necesidades. Ellos no le dan ni un día ni un segundo de respiro; nosotros no podemos dormirnos, esperando que las cosas de arreglen por sí mismas durante los inciertos 1.400 días de los que habló Sánchez y que conforman esta legislatura recién estrenada.
