Con enorme premura el presidente brasileño Jair Bolsonaro esta impulsando las privatizaciones en todos los sectores de la nación y trata de desmontar todos los beneficios económicos y sociales que los anteriores gobiernos del Partido de los Trabajadores llevaron a la mayoría del pueblo.

Durante los gobiernos del PT (2003-2015) encabezados por Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Roussef, respectivamente, proliferaron los programas sociales que sacaron de la pobreza a más de 28 000 000 de habitantes. Lula logró estabilizar la economía y que creciera el Producto Interno Bruto (PIB) a un promedio de 4,1 % anual. Canceló toda la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), redujo el desempleo a 5,7 % y consolidó al país como uno de los más grandes exportadores de crudo del mundo.

Desde el golpe parlamentario contra Dilma Roussef en 2015, el presidente interino Michel Temer, aplicó extremas medidas neoliberales que profundizaron las privatizaciones en las ramas de la energía, los hidrocarburos, el transporte, los aeropuertos, la minería y la banca, entre otros.

Bolsonaro, seguidor en supremacía de esa tendencia de capitalismo salvaje, eleva las propuestas de privatizaciones que ahora afectará casi por completo a la empresa Electrobras, la mayor generadora de energía del país y de Latinoamérica, por cuya transacción el gobierno espera recaudar unos 4 050 millones de dólares y de esa forma reducir aun más la participación del Estado.

También empleados públicos de Petrobrás, protestan contra la mayor subasta de petróleo de la historia, donde 14 inversores pujan por controlar la explotación de varios pozos y de esa forma el gobierno prevé recaudar 26 500 millones de dólares.

El anuncio sobre la subasta de acciones se realizó cuando Brasil afrontaba un derrame de combustible en la región del noreste que ha ennegrecido las playas, pero se ha detenido porque los pobladores se manifestaron contra la licitación debido al daño que causaría al medio ambiente en una región donde habitan primordialmente etnias nacionales.

Asimismo, durante semanas se han realizado en casi 50 establecimientos de 12 Estados, huelgas de petroleros pese a las amenazas del Tribunal Superior del Trabajo. Las mayores protestas han tenido lugar en la sede de Petrobrás en Río de Janeiro en la que además exigen la reintegración a sus puestos de un millar de empleados.

En la ola de privatizaciones, el Banco de Nacional de Desarrollo Económico y Social puso recientemente en venta sus acciones en hidrocarburos y espera recibir 5 600 millones de dólares por la venta del 9,6 % de su participación en Petrobrás. La medida fue anunciada por el presidente del Banco Público, Gustavo Montesano durante el Foro de Davos.

Esa operación se inició desde finales de enero cuando bancos contratados para intermediar en la venta comunicaron a los inversores la decisión del Banco de Fomento de lanzar una venta pública secundaria de acciones ordinarias. Los recursos ingresarán directamente en la tesorería de la entidad y mejorará supuestamente el desempeño financiero antes de ser transferidos al Gobierno en forma de dividendo.

La estrategia que el Banco de Fomento puso en marcha desde 2019 incluye empresas como la exportadora y distribuidora de carne Mapric, la papelera Fibria y la distribuidora eléctrica Light. Asimismo, a principios de febrero Petrobrás anunció que cedería toda su producción en las costas de Río de Janeiro a la estadounidense Chevron. El campo tuvo una producción diaria de 17 300 barriles de petróleo y gas acompañante y las reservas se estiman en 1 900 millones de barriles.

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) informó que la agenda privatizadora de Bolsonaro para 2020 buscará recaudar 36 600 millones de dólares con la venta de otros activos públicos. Además de filiales de Electrobras, aparece la de correos para finales de año. También busca conceder al capital privado, las atracciones turísticas del país como los parques nacionales de Iguazú y de Lencois Maranhenses. En cuanto a infraestructura aparecen 44 proyectos por unos 22 500 millones de euros.

Sus políticas también se encaminan a reducir la plantilla laboral del Estado. El ministro de Economía, Pablo Guedes impulsa una agenda de Constitución de Emergencia que de ser aprobada prohibirá la promoción y contratación de nuevos funcionarios públicos y bajará el sueldo de los actuales.

El Instituto de Geografía y Estadísticas reportó que en 2019 hubo un desempleo del 11,9 % y afectó a 12,6 millones de personas, mientras en 2014 solo era de 6,8 millones. Los brasileños que ejercen actividades en la rama informal es de 41,1 %, o sea, 38,4 millones.

La amazonía, uno de los pulmones de la humanidad, se verá dentro de poco en un gravísimo peligro pues el gobierno quiere abrir las reservas indígenas a la explotación minera y agrícola.

En resumen, Bolsonaro apuesta por un modelo de privatización neoliberal y cuando se acaben esos recursos, a los brasileños les quedará muy poco para negociar.