A lo largo de la historia nunca ha sido un secreto que las metrópolis han controlado las colonias para satisfacer sus intereses políticos, económicos o militares, mientras que los países bajo esa dominación padecen numerosas necesidades. Ese es el caso de Puerto Rico, que desde 1898 y todavía en este siglo XXI su pueblo vive bajo la égida de Estados Unidos.
Aun están frescas para el mundo aquellas imágenes transmitidas por los medios de comunicación cuando después de los huracanes Irma y María en 2017 que arrasaron la Isla, el presidente estadounidense Donald Trump llegó a Puerto Rico y en vez de otorgar apoyo económico y financiero, lo que hizo fue lanzar paquetes de papel higiénico a varios puertorriqueños.
Los habitantes de esa isla del Caribe padecieron y aun afrontan inmensas necesidades por los estragos de los ciclones que provocaron más de miles de muertos y heridos, destruyeron viviendas, incrementaron la falta de agua potable y alimentos y colapsaron el sistema eléctrico.
Para incrementar las desgracias, recientemente un fuerte terremoto afectó ese territorio que ocasionó daños considerables al país.
Medio año antes del paso de los huracanes, la colonia ya padecía una enorme crisis económico-financiera que Washington no ayudó a resolver y el país se declaró en una especie de quiebra, pues la deuda exterior se fijaba en más de 73 000 millones de dólares.
El entonces gobernador, Ricardo Rosselló, informó que tomó la decisión de solicitarle a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impuesta por el Congreso de Estados Unidos desde junio 30 de 2016, que se acogiera a la protección del Titulo III para trabajar en forma estructurada e intentar cancelar los pagos bajo los parámetros del plan fiscal.
Recordemos que la JSF fue instaurada debido a la crisis de la deuda pública puertorriqueña con el objetivo de reestructurar las cuentas de la colonia, denominada eufemísticamente desde 1952, Estado Libre Asociado (ELA).
La Junta tiene bajo su control las finanzas de Puerto Rico y ostenta la potestad de poner en marcha planes de austeridad, reformar la legislación del país caribeño y ajustar sus prioridades económicas.
El Título III de la Ley para la Supervisión, también conocida como Ley Promesa, prevé un proceso supervisado de reestructuración al no lograr los acreedores y el Gobierno acuerdos para los pagos de deuda. Por tanto, el país tiene que reestructurar parte de su deuda en los tribunales.
Una de las consecuencias de los desastres naturales que han golpeado al país, es que miles de puertorriqueños han abandonado la Isla y se han ido a Estados Unidos para tratar de paliar la agobiante situación, pero en el Norte los consideran como ciudadanos de segunda categoría por lo que les resulta difícil encontrar trabajo.
En Puerto Rico, el 45 % de los ciudadanos vive por debajo de la línea de pobreza y hay una tasa de desempleo del 19%. Especialistas indican que bajo la teoría del endeudamiento progresivo, el país tiene una infraestructura y una apariencia de modernidad que hace que muchos se confundan cuando lo visitan por un tiempo breve.
Ante la enorme deuda que sobrepasa los 75 000 millones de dólares, el gobierno y la JSF decretaron recortes por cerca de 2 000 millones de dólares al gasto público anual hasta finales del 2020 (cerca del 20 % del presupuesto actual) y de 2 500 millones hasta 2025.
Asimismo se disminuyeron las prestaciones sociales, beneficios laborales y derechos adquiridos; fueron cerradas decenas de escuelas y aumentó el coste de la universidad pública. Sólo el 40% de la población adulta trabaja o busca empleo (el resto no aporta o lo hace en la economía sumergida). La inversión ha caído un 20 % y los activos bancarios en 40 %.
Una reciente encuesta de la Comunidad del Censo estimó que en 28 de los barrios del sur más cercanos al epicentro del reciente terremoto, la mitad de las familias tienen ingresos por debajo de los estándares federales de pobreza.
La necesidad económica en esa zona es dramática. En Guánica, Guayanilla, Maricao, Peñuelas, ocho de cada 10 familias viven en la pobreza.
Los datos indican que el denominador común en toda esa zona es que más de la mitad de las personas son pobres.
En algunos lugares las cifras son alarmantes pues la pobreza infantil en Guánica llega al 83%, mientras, que en Peñuelas, Ponce, Guayanilla las tasas se sitúan en 69 % (siete de cada 10). En todo Puerto Rico es de 57 %.
Mientras esto ocurre, según datos de organizaciones sociales, en la última década las subsidiarias norteamericanas han extraído del país, 330 000 millones de dólares, prácticamente sin pagar impuestos.
Sin autonomía político-económica, soberanía ni independencia, los puertorriqueños no tienen decisión alguna sobre su país, pero sí pueden servir en el ejército de Estados Unidos como lo han hecho en Irak, Siria, Afganistán y otras decenas de lugares en donde muchos han perdido la vida.
Triste papel le ha tocado a la única colonia de habla hispana que queda en toda América Latina y El Caribe.
