Sexta semana de confinamiento. La presión sobre el sistema de salud empieza a bajar y se habla ya de desescalada por zonas y comunidades. Por el contrario, la que escala rápido es la "enfermedad" de la pobreza. El desempleo parece que superará el 20%. Mientras el Fondo Monetario Internacional prevé una caída del PIB en un 8%, el Banco de España llega a estimar más de un 13%. El gobierno trabaja con la previsión de que ocho millones de personas acabemos viviendo de algún tipo de ayuda del Estado. ¡Un tercio de la población activa!
La situación resulta difícil y muy comprometida. En consecuencia, no es de extrañar que, según el CIS, el 90% de la población pida "pactos" para salir de ella. En estos momentos, se necesitan certezas y seguridades, y el "todos a una" se antoja como el medio más completo y mejor para lograrlo. Lamentablemente, en una sociedad dividida en clases y tan profundamente desigual como la nuestra, el todos a una no existe sin que unos ganen y otros pierdan en el intercambio. No resulta posible que todos ganemos, y menos que los hagamos por el mismo valor. Lo demostraron en su día los pactos de la Moncloa y el pacto de la transición. La igualdad formal ante la ley y las libertades constitucionales se han traducido en una profunda desigualdad (empezando por la que sufre la mujer), en una precariedad y un desempleo eternos, en una pobreza enquistada, en una corrupción que domina la ciénaga monárquica, en un capitalismo de amiguetes que representa la pauta para los negocios. En este régimen salvar bancos constituye un dogma, y la restricción de la libertad la contestación ordinaria de los tribunales ante cualquier intento por buscar una manera de entenderse que parta de la libre decisión e igualdad entre los pueblos del reino.
El gobierno ha iniciado una ronda con los partidos para un "acuerdo de reconstrucción". Pero, ¿qué reconstrucción se persigue? Para nosotros la única reconstrucción defendible es aquella que asegure y proteja la vida, que nazca de proteger y ampliar los derechos de las personas. Es decir, que permita poner más y más recursos en manos y bajo control del sector público. El Estado es el único capaz de garantizar el acceso a cualquier derecho de manera universal, sin traba para toda la población y sin negocio. El sector público, como ha podido verse ahora, resulta indispensable para la salud, pero también para el techo, los ingresos -renta-, el empleo, la educación, el crédito, el desarrollo sostenible, etc. Ningún pacto que no se asiente en las premisas de reforzar el papel del Estado, su peso en la economía y el aumento de su control democrático irrestricto por parte de la ciudadanía sobre el mismo nos ayudará.
Necesitamos formar una mayoría social y política que transite hacia esa vía. Hace falta un acuerdo con las fuerzas plurales de la izquierda y los soberanistas e independentistas que permitieron la investidura del gobierno de coalición progresista. Ello reforzaría esas bases públicas que nos posibilitarán defender la vida y a la gente. A la vez, nos ayudaría a empezar a diseñar un espacio mucho más democrático, plural, diverso e igualitario que mire más allá del régimen del 78 y sus pactos.
En 2008, el gran capital se aferró al Estado y a su aval para salvar bancos y hundir personas; no dudaron ni en cambiar la Constitución. Hoy, hay que darle la vuelta y forzar cambios para garantizar derechos y salud rompiendo inevitablemente con la austeridad neoliberal. No hay otro pacto que interese al pueblo. Encerrados en las Cortes y de la mano del PP y C’s, mal vamos para conseguirlo.
