La demonio-cracia estadounidense se ha caracterizado desde siglos por una política nacional represiva hacia cualquier movimiento o individuo que vaya en contra de la supremacía blanca en el poder y en la que el racismo visceral forma parte intrínseca de su accionar.

Tras el asesinato el pasado 25 de mayo en Minesota del afroamericano George Floyd cuando en plena vía pública un agente policial le presionó el cuello con su rodilla durante ocho minutos pese a que el detenido clamaba que no podía respirar, las manifestaciones y protestas se extendieron como pólvora por todo el territorio norteamericano.

Más de 150 ciudades han reportado protestas, saqueos, enfrentamientos con la policía, quema de autos, actos violentos e incendios, mientras las autoridades han decretado toques de queda y el despliegue de la Guardia Nacional (fuerza militar de reserva que Estados Unidos utiliza para situaciones de emergencia).

De un extremo a otro, de Nueva York a Los Ángeles, de Miami a Seattle, las protestas han sido multitudinarias. Y es que son siglos de ignominia racista y de desprecio a los millones de desfavorecidos de ese sistema capitalista que ha erosionado la vida de muchas generaciones y hoy se levantan ante el desprecio de los poderosos.

Pero en vez de buscar la vía pacífica como sucede en cualquier democracia que se respete, el presidente Donald Trump arremetió verbalmente contra los manifestantes y gobernadores de los Estados, mientras el 31 de mayo corría al lado de sus guardaespaldas a guarecerse en el búnker subterráneo de la Casa Blanca porque las protestas llegaron a las afueras de esa instalación, según reportó The New York Times.

El diario informó que Trump habría permanecido menos de una hora en la instalación, diseñada para ser utilizada en caso de una amenaza física a los altos funcionarios ejecutivos.

"La mayoría de ustedes son débiles y los gobernadores deben dominar a los manifestantes violentos", fueron las primeras declaraciones del magnate, y los conminó a sacar a las calles a la Guardia Nacional.

Al siguiente día declaró públicamente: "Hay que arrestar a las personas, hay que rastrear a las personas, hay que ponerlos en la cárcel durante 10 años y nunca volverán a ver estas cosas. Lo estamos haciendo en Washington. Vamos a hacer algo que la gente no ha visto antes".

Seguidamente Trump volvió a la carga sobre los sucesos cercanos a la Casa Blanca y escribió en un twitter:

Fue "na gran multitud, profesionalmente organizada, pero nadie se acercó a atravesar la valla. Si lo hubieran hecho, habrían sido recibidos por los perros más feroces y las armas más amenazantes que he visto jamás. Ahí es cuando la gente podría haber sido herida de gravedad, por lo menos. Muchos agentes del servicio secreto solo aguardaban para pasar a la acción", su hosquedad y prepotencia lo incitaban.

Para tratar de controlar esa enorme ola de protesta antiracial, muy superior a la ocurrida en 1968 cuando fue asesinado el luchador por los derechos humanos Martin Luther King, Trump lanzó a los efectivos de la Guardia Nacional y solo en Washington fueron desplegados 1 600 efectivos.

Ante la represión que ha provocado varios muertos, numerosos heridos y cerca de 5 000 detenidos, nada más contundente para caracterizar la situación que las declaraciones de la vocera de la cancillería rusa, María Zajárova, que puntualizó; Estados Unidos ha perdido el derecho de "hacer comentarios a cualquiera sobre derechos humanos".

Desplegar a la Guardia Nacional, usar balas de goma, gases lacrimógenos y gas pimienta, son las soluciones y las tácticas que ofrece Trump a su población, las que pueden exacerbar aun más la tensa situación.

Las revueltas callejeras junto a su incapacidad para controlar la pandemia del coronavirus, que ha dejado ya más de 6 000 000 de contagiados y 110 000 fallecidos, están sumando obstáculos a la reelección de Trump, catalogado por muchos como uno de los mayores mentirosos que ha ocupado la Casa blanch.