El Consejo europeo acaba de aprobar el paquete de estímulos contra la crisis del Covid-19, que supondrá el 13% del PIB anual repartido en siete años, aunque el 70" de las ayudas se concentren en los dos próximos años. El Fondo "Próxima Generación UE" emitirá deuda europea por valor de 750.000 millones de euros respaldada únicamente por un presupuesto europeo ligeramente reducido (1,047% del PIB), de los que 390.000 euros serán ayudas no reembolsables. Estas medidas son claramente insuficientes. EEUU ha destinado a su plan de estímulos el 15%, Japón el 21% y Alemania el 16%.
No se trata de los "eurobonos", ni de una mutualización de la deuda de los estados miembros. Simplemente de una extensión por cuatro del programa de bonos de la Comisión que financió el rescate de Irlanda y Portugal, bajo su sola responsabilidad. El Banco Central Europeo comprará el 50% de esos bonos europeos, destinados en buena parte a los especuladores europeos. Y como es inevitable, implica condiciones aplicadas por la mayoría neoliberal que gobierna en gran parte de la UE: recortes en las pensiones, del "escudo social" y la degradación de los sueldos y las condiciones de trabajo. Después de 2023 vendrá el ajuste para reducir el déficit fiscal, multiplicado por tres por el Covid-19, y asegurar el pago de los intereses de una deuda pública disparada, que en caso de Italia llegará al 160% del PIB. La reimposición de las condiciones del Pacto Fiscal europeo -el tratado que impuso el neoliberalismo en Europa tras la Gran Recesión de 2008- será una losa que pesará más sobre la reconstrucción de nuestras economías a partir de 2023 que los propios efectos del Covid-19.
El especulador George Soros dijo una vez que Merkel solo hacia lo imprescindible para que la UE sobreviviera. Este ha sido el caso en este Consejo Europeo. Las clases dominantes europeas han vuelto a adoptar la "financiarización" de la crisis con la emisión de una deuda europea que no cree presión fiscal adicional y cree un nuevo mercado especulativo de bonos. Los bonos dan dividendos, los impuestos recortan beneficios. El ajuste fiscal recaerá no sobre las grandes fortunas o los beneficios de las empresas, sino sobre los salarios de los trabajadores.
En el caso del Reino de España, las ayudas europeas (73.000 millones de ayudas, 67.000 en créditos en siete años) supone un impulso fiscal del 1,2% anual, claramente insuficiente. El déficit presupuestario se sitúa ya en el 10% del PIB y el impulso fiscal comprometido por el Gobierno PSOE-UP está ya por encima del 3,5%. Esos dos puntos y medio implicarán una desgarrada lucha de intereses sociales entorno al presupuesto de 2021, del que depende toda la legislatura "progresista". Las negociaciones comienzan ya con un gobierno lastrado por la condicionalidad europea, que la patronal CEOE ha hecho suya para añadir su programa de mantenimiento de la contra-reforma laboral del PP, menos impuestos y transferencias directas de las ayudas a las empresas.
Aparentemente el acuerdo europeo da un respiro al gobierno PSOE-UP de aquí al 2023, cuando se vuelva a reimponer el Pacto Fiscal europeo y la austeridad con todo su rigor neoliberal. Pero es un espejismo creado por el fracaso de la ofensiva de acoso y derribo del PP y Vox en los últimos meses. Las clases populares y trabajadoras saben bien lo que supondría que nos gobernará el "partido holandés".
Pero sin una movilización social y sindical a la altura de los desafíos de la crisis, el pulso al que nos enfrentamos puede acabar con importantes recortes de empleo, salarios y del gasto social público, en medio de la peor crisis capitalista que hemos conocido desde la Guerra de España. Es esencial hacer valer política y socialmente los derechos de la gente frente a la sed de beneficios de empresarios y especuladores financieros. Para que los presupuestos del 2021 sean unos presupuestos progresistas, para salvar y ampliar el "escudo social" es imprescindible movilización por nuestros derechos y reforzar la coalición parlamentaria -la alianza de las izquierdas españolas y soberanistas- frente a las concesiones a la patronal, Ciudadanos, Vox y el PP.
