Parece que a Jeanine Áñez y a todos los golpistas bolivianos no le han contado la historia de cómo el movimiento indígena logró sacar del poder a Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, quien inmediatamente buscó refugió en el país que le daba las órdenes: Estados Unidos.
Áñez y la camarilla militar y civil de derecha que se apoderaron del poder mediante un golpe de Estado fraudulento contra Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, (quien ganó inobjetablemente las elecciones presidenciales una semana antes) están realizando lo indecible para tratar de alejar los próximos comicios donde se elegirá a un nuevo mandatario.
Como todas las encuestas dan como posible ganador a Luís Arce, candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), los golpistas bolivianos han pospuesto en cuatro ocasiones la celebración de los comicios porque con seguridad perderían el poder y dejarían de llenar sus bolsillos de dólares lo que han logrado con la sustracción de las riquezas del país.
Desde que el Tribunal Supremo Electoral, controlado por el régimen de facto, decidió aplazar para el 18 de octubre las elecciones generales, que tenía fecha del 6 de septiembre, al esgrimir como excusa la pandemia de la Covid-19, la Central obrera boliviana (COB) y los movimientos sociales afines al MAS, se lanzaron a las calles y han bloqueado caminos en protesta por el arbitrario fallo.
El movimiento indígena en esa nación andina es muy fuerte y como ejemplo de lo que puede hacer, es preciso conocer un poco de historia. Durante la primera administración de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) el magnate propició la instauración de un neoliberalismo feroz junto a la privatización de las empresas estatales.
En ese período, compañías transnacionales se adueñaron de las firmas nacionales de servicios ferroviarios, aviación, agua, luz, teléfono, educación, recursos naturales como el oro, el petróleo y el gas natural.
Lozada redujo los impuestos a un 50 % para contratos de 40 años de duración y compañías como Total Fina ELF, British Gas, Repsol, Enron y Petrobrás, entre otras, solo pagaban un impuesto de 18 %, uno de los más bajos del mundo. Las riquezas salían del país por medio de las transnacionales mientras dejaban hambre y miseria al pueblo.
En abril de 2002, un fuerte movimiento social que se conoció como la "guerra del agua" expulsó del país a la transnacional Bechtel, que intentaba subir las tarifas del agua potable en Cochabamba.
Para llenar la copa, Sánchez de Lozada llegó nuevamente al poder en junio de 2002 y en febrero del siguiente año, una comisión del FMI que visitó el país, lo compulsó a adoptar otras medidas neoliberales. El gobierno decretó impuestos exorbitantes a los ya de por sí bajos salarios, lo cual provocó revueltas masivas con saldo de 32 muertos y cientos de heridos. En agosto de ese año, las demostraciones se intensificaron y Sánchez de Lozada huyó hacia Estados Unidos.
Durante los períodos de gobierno del presidente Evo Morales (2005-2019) el país tuvo un resurgimiento económico y social como no había ocurrido en más de 300 años de historia. Bolivia se consolidó como una de las naciones de América Latina con más adelantos en esas esferas y alcanzar un promedio anual de crecimiento de 4,7 % del PIB.
El golpe de Estado cuyo gobierno encabeza Áñez, revertió todos los adelantos logrados en esos 14 años.
La actual insurrección boliviana es el resultado de una acumulación y politización del movimiento social, con reivindicaciones que van más allá de la renuncia de la presidenta. Las fuerzas criollas derechistas están reacias a soltar el poder aunque ocurra un baño de sangre, mientras los movimientos obreros y sociales se muestran dispuestos a reclamar sus legítimos derechos.
En esta situación podría suceder que Áñez siga el camino de Sánchez Lozada y vaya a refugiarse a Estados Unidos desde donde ha recibido las infaustas directrices.
