Las organizaciones sociales y progresistas de Chile se encuentran enfrascadas en una fuerte lucha popular por desmontar la Constitución chilena impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet en agosto de 1980, después de haber llenado de sangre y dolor al país mediante inhumanas represiones.

El 5 de agosto de 1988, los elementos de la derecha chilena que tenían nexos con la dictadura, lograron aprobar unas tibias reformas para mantener intactas las bases principales de la Carta Magna.

Ahora, las grandes y cotidianas manifestaciones populares (reprimidas con saña por el régimen de Sebastián Piñera) lograron que se implementara un plebiscito por el "apruebo" o el "rechazo" para cambiar la Constitución, el que tendrá lugar el próximo 25 de octubre.

Mientras las fuerzas populares intentarán desmontar las leyes que se arrastran desde la dictadura con la creación también de una Asamblea Constituyente libre y soberana, los elementos burgueses y oligarcas aspirarán a crea una Carta Magna más neoliberal.

Uno de los acápites de la Carta de 1980 consagra la propiedad privada del agua, ley que se profundizó después del llamado período democrático, al desestatificarse su saneamiento en 1998, durante el gobierno de Eduardo Frei.

La proliferación de las compañías transnacionales en todos los sectores productivos y de servicios por las medidas neoliberales impuestas desde la dictadura de Pinochet, han provocado que los pobladores chilenos abonen las tarifas más altas de América Latina por el consumo del agua potable.

Entre los principales consorcios extranjeros que controlan el imprescindible líquido para la vida se encuentran el Grupo Suez, Aguas de Barcelona, Marubeni y la administradora de fondos de pensiones de Ontario, Canadá, las que en conjuntos poseen el 90 % del suministro de agua potable.

Hace pocos meses, en febrero de 2020 la trasnacional española Sacyr obtuvo la adquisición de cuatro empresas de ciclo integral del líquido en Chile por un monto de 550 millones de dólares.

La Sacyr gestionará servicios de acopio de agua, distribución y depuración de residuales a través de las firmas Aguas Chacabuco, Aguas Lampa y Aguas Santiago, en la región metropolitana. Se suma además Aguas del Norte de Antofagasta.

La mala noticia para los chilenos se produce cuando el país enfrenta la sequía más aguda de su historia, con varias regiones declaradas en emergencia hídrica e incluso en estado de catástrofe como Valparaíso.

Estos negocios neoliberales a espaldas del pueblo han aumentado los reclamos de la población que en manifestaciones por todo el país demandan que el Estado asuma el control de la distribución del agua, máxime en la situación actual de padecer los desastrosos efectos de la pandemia de la Covid-19.

Sobre este asunto en específico (sin contar las otras numerosas adversidades que contiene) es de suma necesidad cambiar la Carta Magna de 1980, pues en ella se establece literalmente el derecho de los particulares sobre la propiedad de las aguas.

El gobierno del multimillonario Sebastián Piñera, como buen hijo de su clase social adinerada, quiere ir más lejos aún y ha abierto las puertas para que los ríos del país se privaticen.

Piñera desde su llegada a su segundo mandato presidencial ha impulsado la base jurídica sobre la propiedad de los derechos del agua, máxime cuando varios ministros de su gabinete ya cuentan son esas prerrogativas.

El ejemplo más fehaciente es el del ministro de la Agricultura, Antonio Walker Prieto y sus familiares que controlan 30 000 litros por segundo, o sea, el equivalente al suministro del líquido a cerca de 17 millones de personas.

Ya desde el 1981, a solo un año de la Constitución Pinochetista, la propiedad del agua se separó del dominio de la tierra, de modo que hay propietarios de agua que no tienen tierra y propietarios de tierra que no tienen agua, señaló Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo y vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA).

Esta organización se creó en 2010 en la provincia de Petorca, región de Valparaíso, para defender los derechos de los campesinos, trabajadores y habitantes de la zona.

Mundaca explicó que el Estado tiene la potestad de otorgar derechos sobre agua para uso de consumo y sobre uso no consuntivo, por ejemplo para la generación de electricidad. En la primera categoría, el 77 % de los derechos está en manos del sector agrícola y forestal, el 13 % en el sector minero, el 7 % en el sector industrial y aproximadamente 3 % en el sector sanitario.

En cuanto a los derechos de aprovechamiento del agua para uso no consuntivo, el 81 % está en manos de empresas público-privada y pueden vender o arrendar ese líquido en el mercado.

Y para rematar, otra descabellada medida: en la actualidad, en Chile se está impulsando la venta de 38 ríos. El régimen cierra negocios con base a los litros por segundo que corren por esos cauces, mientras numerosas zonas del país ya sufren sequías y millones de personas se ven imposibilitadas de abastecerse de esas fuentes y deben pagar elevadas sumas para saciar la sed, poder cocinar, bañarse o limpiar sus viviendas.

Para obtener esos inalienables servicios públicos y otros derechos humanos que le han sido negados al pueblo chileno por dictaduras y regímenes neoliberales, sus habitantes irán a las urnas el próximo 25 de octubre con el objetivo de aprobar la redacción de una nueva Constitución que garantice derechos a una vida digna.