Los enormes yacimientos de litio boliviano constituyen dos vertientes opuestas: una bendición para profundizar el desarrollo económico futuro del país, o una constante amenaza debido a la ambición de compañías transnacionales y gobiernos imperiales por tratar de controlar esos recursos.

El expresidente Evo Morales Aima ha denunciado en repetidas ocasiones que su gobierno fue víctima de un "golpe de Estado del litio" cuando fuerzas de la oligarquía derechista, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de Estados Unidos lo sacaron del poder en noviembre de 2019.

Un año antes de esos sucesos, en octubre de 2018, Morales había firmado un convenio con la empresa alemana ACI Systems para la explotación del salar de Uyuni, pero la oligarquía criolla, encabezada por el expresidente del Comité Cívico Potosinista, Marco Pumari, inició una virulenta campaña desinformativa al catalogar el convenio como "entreguista".

La desinformación engañó a parte de la población que comenzó protestas bajo la dirección de elementos de la derecha respaldada por militares afines y por la OEA que alegó fraude en las elecciones de noviembre de 2019.

Aunque Evo anuló el acuerdo con ACI Systems, el golpe de Estado quedó consumado una semana después de los comicios.

En el denominado Golpe del Litio actuaron influyentes transnacionales y hasta el segundo hombre más rico del mundo, Elon Musk, propietario de las compañías SpaceX y Tesla (autos y equipos eléctricos). Este multimillonario estadounidense al ser consultado en twitter por un internauta sobre si tenía algo que ver con los sucesos de Bolivia declaró que no le molestaba derrocar a quien sea, con tal de alcanzar sus objetivos empresariales.

Tras las altisonantes declaraciones de Musk, Morales declaró que el principal móvil del Golpe fue haber dejado fuera a Estados Unidos del proyecto de industrialización del litio que se llevaba a cabo en el país en conjunto con Alemania y China.

Con la empresa Xinjiang Tbea Group-Baocheng se habían rubricado acuerdos por alrededor de 2 000 millones de dólares para edificar ocho usinas, cuatro en el salar de Uyuni y cuatro en los salares de Coipasa y Pastos Grandes, pero quedaron inconcluso por la imposición del régimen de facto de Jeanine Añez y los desastrosos efectos de la pandemia de Covid-19.

Recientemente se anunció que el presidente Luís Arce reflotará el plan para convertir el salar de Uyuni en la capital mundial del litio, cuyas reservas son las mayores del orbe. Hasta el 2030 se prevén instalar 41 plantas de procesamiento en los departamentos de Potosí y de Oruro.

En declaraciones a la prensa, el nuevo presidente ejecutivo de la Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Marcelo González señaló que el país tiene el inmenso desafío de reactivar esa industria tras un año de semi paralización que impidió la comercialización a gran escala del producto.

González aseguró que cuentan con recursos humanos calificados para entrar a la etapa de industrialización y entre las principales acciones está la construcción de otras plantas industriales como las de ión litio y cátodos en los departamentos de Oruro y Potosí.

Actualmente, Bolivia puede producir 12 000 toneladas de carbonato de litio al año y en la planta de Uyuni se procesan entre 700 y 1 000 toneladas mensuales de ese producto.

Asimismo, en la Planta Piloto de Baterías se construyen las 5V, similares a las utilizadas por los teléfonos móviles pero aún el país no logra satisfacer la alta demanda externa, por lo cual se busca la asociación con otra nación que colabore con transferencia tecnológica.

Para González resulta importante que se complete la cadena del litio dentro de Bolivia, es decir, se extraiga la materia prima y se procese para darle valor agregado. Argumentó que hasta ahora han cerrado la cadena del litio a nivel de laboratorios y pilotaje con la planta de materiales catódicos así como la de baterías que está produciendo para la venta en el mercado interno, y se realizan gestiones con la empresa de autos eléctricos Quantum, con sede en Cochabamba para proveerles acumuladores.

Bolivia posee 21 millones de toneladas de litio, mineral muy preciado por gobiernos desarrollados y compañías trasnacionales por su utilización en laptops, celulares, tabletas, otros equipos móviles y acumuladores para vehículos, por lo que han denominado a ese mineral como el "Oro blanco".

Expertos indican que con la continuación del desarrollo de las baterías con base a sales de ión litio, ese producto movería unos 46 000 millones de dólares en 2022 y 220 000 millones de dólares en diez años.

Esas baterías pueden acumular en los aparatos móviles gran energía con mínimo peso y espacio para las personas y en los autos eléctricos son capaces de mantener un máximo de 3 000 ciclos de carga y descarga sin perder las propiedades de almacenaje y voltaje.

Un estudio del Servicio Geólico de Estados Unidos (USGS) estima que el 60 % del "oro blanco" mundial se haya en Argentina, Chile y Bolivia por lo que esas naciones están destinadas a impulsar su desarrollo económico en los próximos años.

Pero Argentina y Chile tienen la desventaja de que su explotación está en manos de empresas transnacionales que dejan pocas remuneraciones monetarias, mientras en Bolivia está controlada por el Estado, que según lo establecido, el 51 % de las ganancias permanecerá en el país.

Si el nuevo gobierno encamina al país por la senda política-económico-social que logró llevarlo el expresidente Evo Morales, los enormes yacimientos de litio que posee Bolivia pueden acabar de revertir la historia de pobreza de esta nación, aunque siempre debe estar alerta con las artimañas de la oligarquía criolla y de las compañías estadounidenses interesadas en hacerse del control del "oro blanco".