Sánchez ha movido 7 carteras en el ejecutivo de coalición progresista que mantiene con Unidas Podemos. Los cambios producidos dejan varias cosas claras.
Que la suerte del propio gobierno, y por ende de la legislatura, está atada al dinero de la UE. Es decir, al ritmo y condiciones en los que irán llegando los fondos Next Generation. Todo se fía a ellos y a la recuperación que pueda tener una muy maltrecha economía cuya "modernización" se hipoteca a la tiranía del Ibex 35 y sus planes de negocio en el mundo global.
Que el balance, hasta ahora más bien magro, de las reformas llevadas a cabo por el "gobierno más a la izquierda desde la II República" no parece que vaya a mejorar. A día de hoy, no está garantizada ni la subida del Salario Mínimo Interprofesional ya pactada. El Ingreso Mínimo Vital continúa sin funcionar, las leyes mordaza se mantienen. Las pensiones permanecen sin la garantía prometida. La luz, a lo que habría que añadir el resto de suministros, siguen por las nubes sin que parezca que nadie esté dispuesto a embridar (vía reforma fiscal) los beneficios de las eléctricas o de los ricos.
Continuamos esperando desde hace más de un año (y van 9) que se derogue la reforma laboral que el PP de Rajoy aprobó en 6 meses. La patronal ya amenaza con no firmar las condiciones de su eliminación y espera que la prisa de todos por el dinero de Europa le ayude en su afán por mantener la precariedad y su dominio cuasi absoluto en las empresas.
Se confirma que Unidas Podemos no tiene alternativa al guion de Sánchez. El proyecto político que representa permanece en el aire y cada vez más consumido por los consensos del régimen que debía hacer saltar.
Los órganos judiciales no se renuevan y siguen como "martillo de herejes". En Catalunya, hay más de tres mil personas con procesos abiertos y condenas relacionadas con el procés. A ello hay que sumar la ruina y embargos millonarios por los que trabaja el Tribunal de Cuentas.
Por su parte, el domingo sendas manifestaciones en Bilbao y en Donostia rechazaron el procesamiento por la Audiencia Nacional de ocho abogados vascos acusados de formar parte de ETA por defender los derechos de sus detenidos. ETA ya no existe, pero la venganza de las instituciones monárquicas, sí. El domingo también una masiva manifestación recorrió el centro de A Coruña exigiendo de nuevo "justicia para Samuel" y contra la homofobia.
El empobrecimiento avanza y la crisis del régimen del 78 prosigue. La calle, que comienza a hablar, despejará el camino, como la lucha de los trabajadores en Tubacex que ahora deberán ser readmitidos por sentencia judicial.
