Cuando faltan pocos días para las elecciones legislativas de medio tiempo programadas para el 14 de noviembre, los argentinos no deben olvidar todas las penurias que sufrieron durante la dictadura militar (1976-1983) ni con los regímenes neoliberales de Carlos Menem (1989-1999), Fernando de la Rúa (1999-2001) y Mauricio Macri (2015-2019).

Aunque Estados Unidos y varios gobiernos aliados en América Latina insisten en que los pueblos deben olvidar "historias pasadas", resulta completamente necesario que los argentinos rememoren las vicisitudes vividas para que no vuelvan las fuerzas ultraderechistas a desgobernar el país.

Repacemos hechos que han quedado lamentablemente grabados en la mente de muchos de sus nacionales.

A cuatro años del golpe de Estado, el 9 de septiembre de 1977, el general Jorge Videla declaró al diario Crónica en Washington que "el objetivo del proceso de Reorganización Nacional es realizar un escarmiento histórico [...] En la Argentina deberán morir todas las personas que sean necesarias para terminar con la subversión".

Meses antes, en mayo de ese año, el general Ibérico Saint Jean, entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires sentenció: "Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después... a sus simpatizantes, enseguida... a aquellos que permanecen indiferentes, y finalmente mataremos a los tímidos". Era la concepción de genocidas desembozados.

Miles de jóvenes exterminados, más de 30 000 desaparecidos; cientos de niños secuestrados al nacer tras ser torturadas y asesinadas sus madres en prisión; más de dos millones de exiliados. El objetivo del plan era acabar con los mejores referentes sociales y paralizar al resto de la población mediante el terror, para quebrar cualquier resistencia y despolitizar la vida nacional.

Mientras los militares despejaban el camino, los oligarcas neoliberales ligados a los intereses de los sectores exportadores y financieros tomaron las riendas de la economía.

De esa forma, se impuso un programa económico de las clases ricas en contra de la gran mayoría cuyos puntos centrales fueron el endeudamiento externo; la apertura incontrolada al capital extranjero; la desregulación de los servicios financieros; la devaluación de la moneda.

Asimismo, severos recortes en el gasto público; congelación de los salarios y la privatización de 120 de las 433 empresas estatales que existían en esa época. Al disminuir drásticamente la producción nacional, las mercancías importadas inundaron el país con la consecuente falta de empleo e inflación. O sea, un neoliberalismo salvaje.

Tras la dictadura militar, encabezó el país Raúl Alfonsín (1983-1989) que no ayudó a resolver ninguno de los problemas económicos, políticos y sociales de la nación. Después fue electo Carlos Saúl Menem (1989-1999) un personaje de la clase adinerada, ultraconservador y proestadounidense.

Menem dirigió al país hacia la debacle económica al atarse el FMI, al Banco Mundial (BM) y a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que obligaban a las naciones a ceñirse al Consenso de Washington cuyas prioridades son el libre mercado y las privatizaciones.

Antes de concluir su segundo mandato, en 1997, la Argentina entró en una espiral descendente y comenzó el estancamiento de la economía.

Fernando de la Rúa que tomó las riendas del país (1999-2001) siguió la línea de Menem y la crisis se profundizó con cierre de muchas fábricas, inflación galopante, la paralización de los bancos y de casi todo del país. Se declaró la moratoria de la abultada deuda; se devaluó el peso argentino y las protestas de estudiantes y obreros fueron reprimidas con saldo de numerosos muertos.

De la Rúa tuvo que abandonar el poder y lo sustituyeron dos presidentes interinos nombrados por la Asamblea Legislativa hasta que Néstor Kirchner triunfó en las elecciones generales para gobernar del 2003 al 2007.

En 2003 el 51,5 % de la población, o sea, 18,5 millones de argentinos vivían en la pobreza. Docenas de niños murieron por desnutrición y seis de cada 10 menores de 14 años no tenía cómo alimentarse ni protección gubernamental.

Los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández (2007-2015) cometieron la osadía de cancelar la deuda con el FMI y sacar al país de la debacle.

En ese período, Argentina tuvo crecimiento del 90 % de su PIB; construyó un mercado interno con inclusión social; le pagó al FMI, reestructuró dos veces, en 2005 y 2010, su deuda en defaul y terminó con la lógica del endeudamiento eterno.

La llegada de Mauricio Macri (2015-2019) volvió a revertir todos los logros alcanzados en la nación sudamericana pues endeudó por cien años al país con la obtención de empréstitos del FMI (la mayoría utilizados para pagar a acreedores privados). Solo en 2020 la nación debía sufragar vencimientos de deuda por 29 200 millones de dólares.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que durante el régimen de Macri la indigencia subió del 4,9 % al 7,7 %, o sea, 1 100 000 más que en 2015 para un total de 3 100 000 personas. La pobreza ascendió en 2019 al 35,4 % para afectar a 15 800 000 habitantes.

En esos cuatro años de desgobierno, el peso argentino pasó de 16 por dólar, a 60 por un billete verde.

Las pequeñas y medianas empresas, conocidas por pymes, cayeron en picada con miles de sus empleados echados a las calles. Entre 2015 y 2019 los costos de la energía eléctrica se incrementaron hasta 1 600 %, los de gas en 567 %, del agua en 686 %, pero también en esto influyó el aumento de las mercancías importadas que dejó a muchos empresarios en la imposibilidad de competir.

Esas son las amargas historias políticas, económicas, financieras y sociales que el pueblo argentino no debe olvidar cuando el próximo 14 de noviembre concurra a las urnas para renovar a la mitad de la Cámara de Diputados y a un tercio del Senado.