El relato oficial dice que entre la muerte de Franco en 1975 y el fallido golpe de Estado de Tejero (23 de febrero de 1981), España sería una Arcadia idílica (de apellido Transición), en la que los líderes de la oposición al régimen de Franco y los reformistas del interior pactaron una agenda para preparar al Estado español para su anhelada entrada en Europa así como garantizar la democracia y el progreso generalizado, todo ello bajo la supervisión del rey Juan Carlos I como valedor de la balbuciente democracia.

Sin embargo, al cabo de 4 décadas,la crisis económica, la desafección política de la sociedad española motivada por los sangrantes casos de corrupción de la élite político-económica y el creciente descrédito de la institución Monárquica han hecho revisar tales esquemas, incluida la tesis de la supuesta reconciliación nacional propagada por la "mass media" de la época de la Transición, todavía pendiente de su finiquito legal.

La deriva regresiva del Estado español

La deriva totalitaria del Estado Español arranca con la implementación de la doctrina de la alternancia en el Poder del bipartidismo PP-PSOE como defensa y garante del citado establishment dominante, fruto del acuerdo tácito entre los partidos políticos tras el simulacro de golpe de mano de Tejero (23-F del 1981) y alcanzó su mayoría de edad con la llegada al poder del PSOE y el nombramiento como Presidente del Gobierno de Felipe González (1982), con quien asistimos al finiquito de la idílica Transición y al inicio de la deriva totalitaria del sistema mediante la implementación del llamado "terrorismo de Estado" o "guerra sucia" contra ETA y su entorno, del que serían paradigma los Grupos Armados de Liberación (GAL).

Un hito fundamental en la espiral involucionista del régimen del 78 sería la implantación por el Gobierno socialista de Felipe González de la Ley Antiterrorista de 1985, definida por José Manuel Bandrés en su artículo "La Ley antiterrorista: un estado de excepción encubierto", publicado en el diario "El País", como "la aplicación de facto del estado de excepción encubierto". Dicha Ley Anti-terrorista (todavía vigente a pesar de la ausencia de actividad por parte de ETA), sería un anacronismo propio de la dictadura franquista, un limbo jurídico que convirtió los sótanos de cuartelillos y comisarías en escenarios distópicos de naturaleza real (no fictica) y en Guantánamos virtuales refractarios al control de jueces, fiscales y abogados.

La deriva regresiva tendría su continuación con la Ley Orgánica 7/2000 del Gobierno Aznar que incluyó como novedad la aparición del llamado "delito de exaltación del terrorismo" y prosiguió su escalada con la firma por Aznar y Zapatero del llamado "Pacto por la Justicia y las Libertades" de 2003 que instauraba de facto "la cadena perpetua estratosférica" al elevar la pena máxima de cárcel hasta cuarenta años, superando la "crueldad del régimen de Franco " que contemplaba los 30 años de cárcel como pena máxima. En el paroxismo de la involución, hemos asistido a la modificación del Código Penal para constriñir hasta su nimiedad los derechos de expresión (Ley Mordaza) y a la firma entre Rajoy y Sánchez del llamado "pacto antiyihadista" que bajo la falacia de combatir el terrorismo yihadista "convierte en delitos terroristas infracciones menores o conductas lícitas y supone un ataque a la línea de flotación del sistema constitucional" en palabras de Manuel Cancio Meliá.

Dicha deriva totalitaria habría ya convertido a la seudodemocracia española en rehén del establishment y tendría como objetivo último la implementación del "Estado Tardofranquista", anacronismo político que bebería de las fuentes del centralismo bonapartista y del paternalismo de las dictaduras blandas y que alcanzó el paroxismo con la implementación de un Golpe blando en Cataluña tras la suspensión de facto de la Autonomía catalana mediante la aplicación del 155 y la entrada en prisión de Oriol Junqueras, los Jordis y demás ex-consellers. El Tardofranquismo judicial tendría a la Audiencia nacional como brazo ejecutor y al Tribunal Supremo como dique de contención de los recursos populares contra la parasitaria y corrupta clase política establecida en cualquier segmento de poder mediante el status de aforado ( léase casos Rato y Cifuentes), a los jueces Lamela y Llarena como su más destacados peones y al juez Marchena como Sumo Sacerdote de unos tribunales que estarían controlados por el llamado "clan de los políticos" en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo y devenido en punta de lanza contra el Gobierno Sánchez.

La espiral de silencio

En el ecuador de su legislatura, Pedro Sánchez se habría despertado con el llamado Catalangate. Así, según la entidad Citizen Lab con sede en Toronto (Canadá), Pere Aragonés y 62 independentistas catalanes y vascos habrían visto hackeadas sus conversaciones de móvil en el 2019 mediante el sofware Pegasus de la empresa israelí NSO Group, programa que según el diario el País, habría sido comprado por el CNI por 6 millones de dólares por lo que todo apuntaría a los Servicios Secretos como responsables de un espionaje que sería una nueva escalada en la deriva involucionista del Estado español.

La mencionada deriva involucionista del Estado español estaría amparada por la "espiral del silencio" de los medios de comunicación de masas del establishment , teoría formulada por la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann en su libro "La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social" (1977). Dicha teoría simbolizaría "la fórmula de solapamiento cognitivo que instaura la censura a través de una deliberada y sofocante acumulación de mensajes de un solo signo", con lo que se produciría un proceso en espiral o bucle de retroalimentación positiva. A ello contribuye el encefalograma plano de la conciencia crítica de la sociedad actual favorecida por una práctica periodística peligrosamente mediatizada por la ausencia de la exégesis u objetividad en los artículos de opinión y el finiquito del código deontológico periodístico que tendría su plasmación en la implementación de la autocensura y en la sumisión a la línea editorial de su medio de comunicación, con lo que parece evidente la necesidad de una nueva Transición para lograr que la sui generis democracia española se equipare a las democracia formales europeas.