En la violencia insurreccional de los días 29 y 30 del pasado mes de julio, después de las elecciones, entre las personas detenidas hubo una cantidad de adolescentes, los cuales están implicados en esas masivas acciones delincuenciales que generaron entre otras cosas 25 muertes que enlutaron a numerosas familias venezolanas. No es una cifra cualquiera pues ocurrieron esos asesinatos en dos días. Una guerra civil.
Las autoridades venezolanas cuentan con un sistema de justicia específico para los adolescentes, a los cuales están sujetos todos aquellos jóvenes que cometen actos violentos. A esos tribunales correspondió juzgar a estos noveles terroristas. La derecha nacional e internacional desato una campaña mediática para acusar al gobierno nacional de abuso por querer llevar a los detenidos ante los tribunales. Por razones no expresadas se olvidó la máxima del Libertador sobre los insurrectos de la Primera República: "a cada perdón siguió una conspiración" y libero a los detenidos.
Sin embargo quiero señalar que esta derecha que tan ofuscada se muestra con sus comanditos detenidos, no muestra ninguna sensibilidad ante los jóvenes detenidos en su país de origen, perdón, de referencia como lo es Estados Unidos, ya que el que quiera buscar ejemplos, casos, experiencias de inequidades, abuso, atropellos en nuestra era moderna le basta con revisar para encontrarlas, la historia de los Estados Unidos donde todas las injusticias han tenido su cuna.
En los Estados Unidos, el procesamiento y encarcelamiento de jóvenes y niños es un tema múltiple y de grandes dimensiones que necesita preocupados como esa derecha nuestra para defenderlos, ante la mirada y actitud por lo menos apática de la sociedad norteamericana.
Algunas cifras obtenidas fácilmente en Internet, nos permitirán ubicarnos en las dimensiones de la injusticia contra los jóvenes en EEUU, que siendo el más rico y poderoso del mundo, no tiene capacidad para darle oportunidades honestas y adecuadas a su juventud y niñez. Así cada año, aproximadamente 250,000 menores son procesados, sentenciados o encarcelados como adultos. Esto varía según el estado, ya que cada uno tiene sus propias leyes y procedimientos. Allá lo que importa es el tipo de delito cometido y no la edad del que ha sido señalado.
Otro dato es que en promedio, hay alrededor de 53,000 jóvenes que son encarcelados diariamente en los Estados Unidos. Este número incluye tanto a aquellos en centros de detención juvenil como a los que están en cárceles de adultos con el agravante en este último caso por las condiciones de encarcelamiento de los jóvenes en prisiones para adultos, donde enfrentan riesgos significativamente mayores de violencia y suicidio. Los menores en cárceles de adultos tienen 36 veces más probabilidad de cometer suicidio que aquellos en centros juveniles.
En los Estados Unidos contrariamente a lo que nos quieren hacer ver, las condiciones sociales y económicas no son iguales para todos y en la administración de justicia la situación es más grave según el grupo social al que se pertenezca ya que los jóvenes de minorías, especialmente los latinos y afroamericanos, enfrentan tasas de encarcelamiento desproporcionadamente altas. Por ejemplo, los jóvenes latinos tienen un 43% más de probabilidad de ser enviados al sistema de justicia de adultos en comparación con los blancos.
En algunos casos, los menores han recibido sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo cual ha sido objeto de debate y litigios por lo que representa para su tan cacareada agenda de defensa de los derechos humanos. Aunque uno tiende a pensar que en ese país, pobres, negros y latinos no son considerados humanos por lo tanto no tienen derechos. Así los jóvenes de comunidades desfavorecidas a menudo enfrentan sentencias más severas.
Solo en 2012, ante la magnitud de la violencia contra los jóvenes fue que la Corte Suprema de EE. UU., falló en el caso Miller v. Alabama que declaró inconstitucional la imposición de cadenas perpetuas obligatorias sin posibilidad de libertad condicional para menores.
Incluso anteriormente, pero hasta hace poco, la ejecución de menores de edad estaba contemplada en las leyes pues la Corte Suprema prohibió la ejecución de delincuentes que eran menores de edad al momento de cometer su delito, tomando como referencia el caso Roper v. Simmons (2005) que significó que hace menos de 20 años, es inconstitucional ejecutar a alguien que tenía menos de 18 años en el momento del crimen.
Es famoso el caso de George Stinney, un niño afroamericano, fue acusado de asesinato en el caso de la muerte de dos niñas blancas, Betty June Binnicker y Mary Emma Thames. Su juicio fue muy breve, y se alegó que no tuvo una defensa adecuada. Fue condenado y ejecutado en la silla eléctrica, convirtiéndose en el más joven en ser ejecutado en Estados Unidos en el siglo XX. En 2014, un juez anuló su condena, afirmando que no había pruebas suficientes y que su juicio fue injusto. Pregunto: ¿Quién paga ese crimen judicial?.
Algunos estados han implementado sanciones severas para delitos graves cometidos por adolescentes, a menudo llevándolos a juicios en tribunales de adultos y hace pensar a uno si no deberían servirnos de ejemplo para los casos de terrorismo que utiliza la derecha para atacar al gobierno constitucional venezolano.
Aunque la Octava Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos prohíbe castigos crueles e inusuales, esta no se aplica ni en el trato a su población ni en la política exterior donde lo cruel es la norma de conducta a seguir. Es necesario cambiar revolucionariamente el gobierno de los Estados Unidos para que el mundo y su propia población, incluyendo los jóvenes, puedan vivir y trabajar en paz.
Todo lo antes señalado muestra que los seguidores de las políticas de Estados Unidos en Venezuela embrutecidos con sus propias ideas políticas, extorsionan e intimidan con posiciones que su propio gobierno yanqui, ni piensa en seguir.
