La Asamblea general de las Naciones Unidas votó durante 15 años consecutivos, con una mayoría cada vez más amplia, a favor del levantamiento de las sanciones económicas que afectan gravemente a la población cubana y particularmente a los sectores más vulnerables. La comunidad internacional es unánime al respecto. En 2006, 183 países condenaron el cruel e ilegal estado de sitio que impone Washington a Cuba. En vano. El gobierno estadounidense permanece sordo y persiste en aplicar una política inhumana, anacrónica e ineficaz, en vigor desde julio de 1960 [1].
Las sanciones han costado a la economía cubana más de 89.000 millones de dólares desde que se impusieron. En 2006 Cuba perdió cerca de 4.000 millones de dólares como consecuencia directa de esta política brutal. No sólo la isla del Caribe no puede exportar ningún producto a Estados Unidos, ni importar nada por otra parte, sino que ni siquiera tiene autorización para efectuar operaciones comerciales con las empresas estadounidenses instaladas en otros países, en flagrante violación de la legislación internacional. Cuba no puede conseguir ningún crédito de las instituciones financieras internacionales y tiene prohibido usar el dólar en sus transacciones con el resto del mundo [2].
Desde su entrada en vigor, la política económica hostil de Washington ha sido cada vez más severa, con la adopción de la ley Torricelli en 1992, la ley Helms-Burton en 1996, el primer informe de la Comisión de Asistencia para una Cuba libre en 2004 y el segundo informe en 2006. Así, ningún turista estadounidense puede viajar a Cuba bajo pena de sanciones sumamente duras que pueden alcanzar 10 años de cárcel y 150.000 dólares de multa. En 2005 las sanciones que impuso la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control – OFAC) contra los ciudadanos estadounidenses que visitaron Cuba aumentaron en un 54%. En cuanto a los cubanos residentes en Estados Unidos, desde 2004 no pueden visitar a sus familias en Cuba más de 14 días cada tres años a condición de que obtengan una autorización del Departamento de Tesoro. En 2005 el número de viajes disminuyó en más del 50% con respecto a 2003 [3].
Las sanciones económicas han tenido también un impacto desastroso sobre la alimentación de los cubanos. Entre mayo de 2006 y abril de 2007 originaron pérdidas por valor de 258 millones de dólares en este sector. En efecto, Estados Unidos limita fuertemente la adquisición de productos alimentarios. Con semejante suma Cuba hubiera podido adquirir 180.000 toneladas de frijoles, 72.000 toneladas de aceite de soja, 300.000 toneladas de maíz y 275.000 toneladas de trigo [4].
El campo de la salud también está afectado. La pérdida se evalúa en 30 millones de dólares en este sector. Así, el Instituto Cubano de Oftalmología “Ramón Pando Ferrer” no pudo adquirir un equipo para el estudio de la retina comercializado por la empresa Humphreys-Zeiss así como el medicamento Visudyne distribuido por la multinacional Novartis. Del mismo modo, los laboratorios Abbot se negaron a vender el anestésico Sevorane destinado a los niños. El Departamento del Tesoro también prohibió la venta de válvulas protésicas destinadas a los niños que sufren arritmia cardíaca. Los campos de la educación, la cultura, el transporte, la vivienda, la industria y la agricultura también están gravemente afectados por las sanciones económicas [5].
Barack Obama, el candidato demócrata para las elecciones presidenciales estadounidenses de 2008, ya se pronunció contra el castigo económico impuesto a Cuba [6]. Christopher Dodd, senador demócrata de Connecticut, también candidato, siguió sus pasos. Aseguró que en caso de ser elegido levantaría las sanciones, abriría de nuevo una embajada en La Habana, pondría fin a los programas subversivos e ilegales de Radio y TV Martí y derogaría la criminal ley de Ajuste Cubano que estimula la emigración ilegal. “Salvo la guerra de Iraq no hay otra política estadounidense que sea más impopular en el ámbito internacional”, declaró, calificándola de “abyecto fracaso” [7].
El objetivo de las sanciones económicas –que sigue siendo derrocar al gobierno cubano– fue definido claramente por Lester D. Mallory, subsecretario de Estado asistente para los Asuntos Interamericanos, el 6 de abril de 1960, en un memorándum a Roy R. Rubottom Jr., entonces subsecretario de Estado para los Asuntos Interamericanos:
“La mayoría de los cubanos apoya a Castro. No hay oposición política eficaz [...]. El único medio posible para aniquilar el apoyo interno [al régimen] es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria [...]. Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica [...]. Una medida que podría tener un impacto muy fuerte sería negar toda financiación y entrega a Cuba, lo que reduciría los ingresos monetarios y los salarios reales y provocaría el hambre, la desesperanza y el derrocamiento del gobierno” [8].
No se trata más que de un intento de genocidio como lo demuestra la Convención para la Prevención y la Represión del Crimen de Genocidio del 9 de diciembre de 1948, que estipula en el artículo II que “en la presente Convención, el genocidio se entiende como uno cualquiera de los siguientes actos, cometidos con la intención de destruir, completa o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”. Los puntos b y c aluden respectivamente al “atentado grave contra la integridad física o mental de miembros del grupo” y al “sometimiento intencionado del grupo a condiciones de existencia que puedan ocasionar su destrucción total o parcial” [9]. No se puede ser más claro.
El feroz acoso económico que dura desde hace cerca de medio siglo ha fracasado en su misión. El gobierno revolucionario todavía está en el poder y más sólido que nunca a pesar de la retirada temporal del presidente Fidel Castro. La independencia de Cuba es una realidad que sigue obsesionando Washington hasta el punto de hacerlo persistir en una política tan cruel como irracional.
Revisado por Caty R.
Notas
[1] CubavsBloqueo, «Resultados de las votaciones en la ONU en contra del genocida bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba», septiembre de 2007. http://www.cubavsbloqueo.cu/Default.aspx?tabid=1596 (sitio consultado el 23 de septiembre de 2007).
[2] República de Cuba, «Informe de Cuba sobre resolución 61/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EEUU contra Cuba», 2007. http://www.cubavsbloqueo.cu/informe2007/index.html (sitio consultado el 23 de septiembre de 2007), sección 6, Conclusión.
[3] República de Cuba, «Informe de Cuba sobre resolución 61/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EEUU contra Cuba», 2007. http://www.cubavsbloqueo.cu/informe2006/index.html (sitio consultado el 23 de septiembre de 2007), sección 1.2.
[4] Ibid., sección 3.1.
[5] Ibi.,. sección 3.1., 3.2.
[6] Barack Obama, «Our Main Goal: Freedom in Cuba», The Miami Herald, 21 de agosto de 2007.
[7] Associated Press, «Dodd Would Throw Out Cuba Embargo as President», 9 de septiembre de 2007.
[8] Lester D. Mallory «Memorandum From the Deputy Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs (Mallory) to the Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs (Rubottom)», Department of State, Central Files, 737.00/4-660, Secret, Drafted by Mallory, in Foreign Relations of the United States (FRUS), 1958-1960, Volume VI, Cuba: (Washington: United States Government Printing Office, 1991), p. 885.
[9] Salim Lamrani, Fidel Castro, Cuba et les Etats-Unis (Pantin: Le Temps des Cerises, 2006), p. 121.
Salim Lamrani es profesor, escritor y periodista francés especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Ha publicado los libros: Washington contre Cuba (Pantin: Le Temps des Cerises, 2005), Cuba face à l’Empire (Genève: Timeli, 2006) y Fidel Castro, Cuba et les Etats-Unis (Pantin: Le Temps des Cerises, 2006).
Caty R. pertenece a los colectivos de Rebelión, Cubadebate y Tlaxcala. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la revisora y la fuente.
