En el número 69/70 del año 1993, de la revista Hérodote, Beatrice Giblin, como parte de su artículo titulado “L’ immigration et la nation: un probleme géopolitique”, escribió lo siguiente: “La inmigración es un fenómeno geopolítico porque involucra a diferentes Estados, fronteras, extranjeros y nacionales, porque pone en evidencia rivalidades de poder en el territorio y entre los habitantes que allí residen, y porque esas rivalidades alimentan, a través de los medios de comunicación, los debates entre los ciudadanos”.
Se recurre a Beatrice Giblin para entender el incidente que recientemente ocurrió en la estación del Metro de Legazpi, en el barrio Usera de Madrid (España), donde fue asesinado un joven de 16 años, miembro de una coordinadora de grupos autodenominados antifascistas, por parte de activistas del ultraderechista partido español Democracia Nacional. Ese hecho se une a otro que hace apenas algunas semanas se pudo observar a través de un video, en el que se aprecia a un joven español arremetiendo ferozmente contra una muchacha de origen ecuatoriano, que viajaba sentada en el metro de Madrid.
Esos incidentes y otros que seguramente ocurrirán en el futuro, son la punta del iceberg de un fenómeno geopolítico que tiene en la inmigración a su causa principal y que es aprovechado por Democracia Nacional para ganar adeptos e intentar aumentar su caudal electoral en futuras elecciones. No por casualidad en la página web (www.democracianacional.org) de Democracia Nacional aparecen los resultados de encuestas, en las que la inmigración es el principal problema en España, con casi el 60% del total, precisamente el principal aspecto que fundamenta la plataforma ideológica de esta organización política.
Algunas voces, especialmente del mundo de la izquierda política española, están pidiendo la ilegalización de Democracia Nacional, pensando, tal vez, que esa es la solución. Sin embargo, cuando se observa un mapa en el que se representa la proporción de extranjeros por región en España, es fácil darse cuenta que en las regiones de Madrid y Valencia, la proporción es superior al 9% del total, seguido por regiones como Navarra, Aragón, Murcia y Cataluña, donde la proporción se ubica entre el 5% y el 9%, cifras éstas que representan un caldo de cultivo para posiciones políticas antiinmigración. Una buena razón para que los gobiernos de España y Europa se dispongan a hilar fino ante un fenómeno geopolítico que puede alcanzar niveles significativos y que tiene mucho que ver con las políticas de cooperación económica dirigidas a los países origen de los inmigrantes.
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