A lo largo de sus mas de cinco años de gobierno en Colombia, el presidente Uribe a dado demostraciones de su inflexibilidad en materia de negociaciones con las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo, FARC-EP, como parte de su política de “Seguridad Democrática”, que tiene por objeto la victoria política y militar mediante el apoyo Plan Colombia y el Plan Patriótica, financiado por el gobierno de los Estados Unidos.
Esa inflexibilidad, que niega todo reconocimiento a la FARC-EP como organización político-militar con legitimidad para representar a una parte importante del pueblo colombiano e impide toda negociación sobre los problemas estructurales que afectan al Estado y la sociedad colombiana, parte de la premisa de que, esta organización guerrillera, con cerca de cincuenta años de lucha armada en contra de los gobiernos liberal-conservadores-oligárquicos colombianos y 20.000 comandantes, oficiales y efectivos guerrilleros experimentados, se encuentra aislada internacionalmente por su supuesta relación con el narcotráfico, no tiene influencia importante en el entramado socio-político colombiano y, ha perdido su potencia militar por la ausencia de países socialistas que pudieran mantener el suministro de armamento.
Sin embargo; las cifras de combates durante el período uribista y las bajas ocasionadas a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional por las FARC-EP – sin desdeñar los golpes sufridos por esta organización guerrillera – son indicadoras de que el conflicto armado interno colombiano se mantiene en toda su fuerza y lo que se ha modificado son las tácticas de las fuerzas combatientes y el escenario de la confrontación, a partir del viraje táctico adoptado por el Secretariado de las FARC-EP, de redistribuir sus fuerzas, dividir sus unidades y concentrar sus principales componentes en zonas selváticas en donde reducen la ventaja táctica de las Fuerzas Militares y de la Policía Colombiana, dotadas por los Estados Unidos de mayor entrenamiento militar, medios aéreos de ataque nocturno, de movilización rápida y profunda de elementos de tropa y mayor dotación de armamento y equipos sanitarios y de sobrevivencia para las tropas profesionales.
En el marco de esta nueva situación militar se viene manifestando el agotamiento de la sociedad colombiana por los efectos de la prolongación de la guerra y, sectores de la oligarquía comienzan a asumir el discurso de negociación, el canje humanitario y la solución dialogada del conflicto interno colombiano; posición que se ve favorecida por el escándalo de la parapolítica en que se encuentran envueltos muchos parlamentarios del entorno presidencial, por las exigencias de Francia de liberación de Ingrid Betancourt y por el cautiverio de los tres mercenarios norteamericanos capturados por las FARC-EP durante operaciones de espionaje electrónico en sus áreas de influencias y control; situación que obligó al presidente Uribe Velez a designar a la senadora de oposición Piedad Córdova como facilitadota del diálogo y ésta a solicitarle al presidente Chávez su colaboración con ese fin.
Sin embargo, igual como en el período de las pasadas negociaciones con el Movimiento 19 de Abril,( ELN), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el Movimiento “Quintín Lame”, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las mismas FARC-EP; las tentativas de negociación chocan con la resistencia de sectores de la rancia oligarquía colombiana que se resisten a una negociación política del conflicto que supondría el inicio de un proceso irreversible de pérdida de la monopolización del poder y de inclusión de todas las fuerzas políticas y sociales alternativas; motivo por el cual, se articulan con figuras importantes del Alto Mando Militar neogranadino que sienten que ese proceso de paz, inevitablemente desembocará en la investigación de los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas castrenses bajo sus órdenes y las de los grupos paramilitares que actuaron con su coordinación y protección, así como su involucramiento en el tráfico de drogas.
Estas situaciones objetivas en el campo de la guerra y en espacio de los factores de poder fáctico en el gobierno y el Estado colombiano, unidos a las posturas irreductibles contra toda negociación por parte del gobierno de los Estados Unidos, explican las continuas marchas y contramarchas del discurso y las actitudes sobre adoptadas por el presidente Uribe que, lejos de expresar una conducta inflexible, son realmente demostraciones del “laberinto” político en el que se encuentra, en su incapacidad para controlar el conjunto de factores políticos internos e internacionales que concurren en la situación colombiana actual, lo cual hace presumir que en sus oscilaciones contradictorias, pueda darse una interrupción abrupta del actual proceso negociador.
Para que halla un acuerdo real de paz en Colombia, necesaria es la participación de las FARC y, en el indeseado escenario de que el gobierno del presidente Uribe se retire de las negociaciones, debe imponerse la alternativa de la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, por cuanto, para los latinoamericanos y especialmente los del sur del continente, el problema de la paz y la guerra en Colombia no es un asunto interno sino regional por lo efectos que tiene sobre el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos, por lo que no podrá una oligarquía alucinada de poder, imponerle a todo un continente en paz y en búsqueda de soluciones a sus problemas estructurales, una situación de conflicto armado que limita alcanzar sus deseo de unión, solidaridad, bienestar y progreso para millones de seres humanos, incluyendo el hermano pueblo colombiano.
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