Salvo por el cotidiano ambiente de violencia en que se desarrolló el proceso electoral y la presencia de la candidatura de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberto Menchu, el proceso electoral guatemalteco estuvo signado por el generalizado desinterés de la mayoría de la población y la poca atención de los actores políticos y mediáticos del continente que no vieron en el escenario ningún elemento relevante que pudiera afectar sensiblemente la situación de un país en donde el etnocidio, la discriminación de la mayoría de su población originaria y la opulencia de su oligarquía, descubre la persistencia de su pasado colonial.

Este cuadro se explica por la percepción del electorado de que las opciones políticas no expresaban el interés cotidiano de la mayoría del pueblo guatemalteco – y especialmente, de su población originaria, en cuanto a la solución de los problemas de tierra, alimentación, vivienda, salud, trabajo, educación y seguridad existente en el segundo país con mayor índice de pobreza de América Latina, que ha llevado a casi un millón de personas jóvenes y, dentro de ellos, una parte importante de su capital profesional e intelectual, a emigrar a México, los Estados Unidos, Canada y España.


Debe agregarse a lo anterior, que las negociaciones para la solución del conflicto armado interno que duró 30 años y provocó 200 mil muertos, en donde fue parte importante la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca, el Partido Guatemalteco de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario de los Pobres, no fue la consecuencia de un equilibrio de fuerzas combatientes, sino el producto de una serie de factores geopolíticos regionales y mundiales que presionaron hacia una salida pacifica negociada del conflicto, sobre la base del Acuerdo de Esquipula II suscritos por los presidentes centroamericanos de la época, incluido el comandante nicaragüense, Daniel Ortega Saavedra, por lo que las reivindicaciones de paz, democracia, trabajo, tierra, resapeto y protección de los derechos de los pueblos contenidas en los documentos de los acuerdos de paz, no se han cumplido, generando frustración, resentimientos y escepticismo político entre lo antiguos combatientes y sus bases sociales.

Sin embargo; en una combinación de abstencionismo generalizado y el sistema de doble vuelta para la elección del presidente de la República, permitió que el empresario Alvaro Colom, con antecedentes de candidato presidencial de la izquierda guatemalteca, obtuvo la mayoría de los votos necesarios para vencer al general general Otto Pérez, exjefe de inteligencia del ejército en los tiempos del conflicto interno, lo que le permitió alcanzar la presidencia de la República de Guatemala, heredando con ello un país empobrecido y una pavorosa situación social en donde el elevado desempleo, las masivas deportaciones de emigrantes a los Estados Unidos, la violencia social de las pandillas o “maras” juveniles, el crimen organizado, el narcotráfico y la emigración masiva y continua de guatemaltecos, exigen una respuesta rápida y efectiva de los nuevos gobernantes.

La pregunta que cabe formularse en el marco de esta nueva situación es, si es posible pensar en el inicio de un proceso de cambio dirigido a la democratización, desoligarquización y de inclusión de las poblaciones originarias en la nueva situación política en Guatemala?.

Los resultados electorales indican que la amplia mayoría de los guatemaltecos no lo creen así y, en el seno de la izquierda ya pontifican que el gobierno de Alvaro Colom será “más de los mismo”, con algunos matices populistas, no solo por su condición de empresario, sino por sus compromisos con los Estados Unidos en materia petrolera y de lucha contra el narcotráfico, lo cuales afectan la soberanía nacional.

Pese a ello, en las circunstancias en las que se desenvuelve los procesos políticos en este mundo globalizado, en donde América Latina y el Caribe comienza a dar visos importantes de un viraje histórico dirigido a construir proyectos de país, con soberanía, dignidad, bienestar, cooperación, solidaridad e integración; las fuerzas progresistas guatemaltecas no deberían renunciar anticipadamente a la posibilidad de construir con Alvaro Colom y las fuerzas de centro que lo apoyan, un nuevo escenario de encuentros de proyectos y de síntesis de programas de cambios que convierta este período de gobierno en la plataforma inicial de un proceso dirigido a reducir el nivel de poder que la vieja oligarquía cafetalera y el gobierno de los Estados Unidos tienen sobre el Estado guatemalteco, mejorando las condiciones de vida de la mayoría de su población, y en especial, la de los pueblos originarios, desmontando el viejo edificio jurídico que impide el desarrollo democrático de la sociedad y mejorando la distribución de la renta nacional, incluyendo su modesto ingreso petrolero, hacia las zonas del interior del país.

La Nicaragua sandinista entendió la importancia de las alianzas electorales y programáticas con sectores no revolucionarios para avanzar en los cambios. El Farabundo Martí Para la Liberación Nacional construye, en sus zonas de gobierno municipal y ahora, en el proyecto electoral presidencial del 2008, una alianza con los sectores medios urbanos para arrancarle al grupo fascista de la Alianza Renovadora Nacionalista, ARENA, el gobierno de El Salvador. En Costa Rica, las fuerzas revolucionarias y progresistas lograron unificar a casi la mitad del electorado para derrotar el Tratado de Libre Comercio y, aunque no triunfaron, adquirieron una experiencia y una visión que les ayudará a acabar el viejo dominio oligárquico del gobierno tico. Todas son experiencias nacionales que responden a sus particularidades pero también reflejan una situación política nueva que tienen como elemento común, que en las presentes circunstancias de la lucha de clases en Nuestra América y en el planeta, la contradicción principal se ubica entre el Imperio y la Nación, por lo que resulta necesario construir alianzas políticas y de clases que, tomando en cuenta las reivindicaciones históricas de los trabajadores, campesinos y demás sectores explotados por el gran capital y el imperialismo, asuman la defensa integral de los intereses históricos de la Nación, amenazados por la pretensiones hegemónicas, reconquistadoras y guerreristas del imperialismo y sus aliados.