No hay nada que agregarle a este fragmento que hemos tomado de un reportaje de la revista “Semana”, correspondiente a su edición digital, salvo recordar que este grupo de delincuentes nace bajo los auspicios de Uribe Vélez por allá por los años setenta, ochenta y comienzos de los noventa cuando desempeñó sucesivamente los cargos de Alcalde de la ciudad de Medellín y gobernador del departamento de Antioquia.
Dicen los historiadores de esa época (Fabio Castillo, entre otros), que Uribe mantuvo estrechos vínculos con personajes de la calaña de Pablo Escobar Gaviria, a quien le otorgó contratos multimillonarios para la construcción de grandes proyectos de viviendas de interés social y de otras obras públicas.
Antes de transcribir el texto de “Semana” , es interesante recordar que durante la campaña electoral de Uribe Vélez para la primera presidencia (año 2000), la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson, declaró en Ginebra estar alarmada “por la proposición de uno de los principales candidatos presidenciales en Colombia (se refería al propio Uribe, sin mencionarlo) de armar a un millón de civiles para restablecer la seguridad en el país (..) Estoy particularmente inquieta por las afirmaciones de los paramilitares según las cuales un número importante de personas elegidas recientemente en el Parlamento representan a grupos paramilitares (y) más preocupante aún es el hecho de que amplios sectores de la sociedad colombiana consideren las actividades paramilitares como una opción legítima y que algunos candidatos políticos parezcan admitir esas actividades...", de donde es dable inferir que las actuaciones criminales de ese terrorífico grupo de asesinos, al menos durante los primeros años de este siglo, no eran desconocidas por la Casa de Nariño.
Veamos el fragmento de la revista bogotana:
"En Colombia los 300.000 muertos de la Violencia de los años 50 dejaron marcado un país que no quería volver a ver el corte de franela, ni los cuerpos decapitados. Pero en menos tiempo de lo esperado, las atrocidades se repitieron, más masivas, más sofisticadas, mejor planeadas y con mayores recursos.
Gran parte de las barbaridades que se han cometido en las últimas dos décadas se está conociendo gracias a la desmovilización de los grupos paramilitares y a que muchos de los perpetradores están declarando ante los fiscales de justicia y paz sus crímenes. También, y de manera creciente, las víctimas que se sienten respaldadas aunque sea medianamente por la institucionalidad, están rompiendo su silencio.
La magnitud de lo que ocurrió en Colombia en estos años rebasa la imaginación del ciudadano común. Sobre todo del ciudadano urbano, que desde su cómoda quimera de progreso y consumo no vio el horror que los paramilitares y guerrilleros sembraban en el campo. También rebasa los cálculos de los expertos y conocedores. Ese fue el horror al que la clase dirigente le dio la espalda, que la justicia no fue capaz de frenar, y que la prensa apenas mostró a medias. El horror al que las instituciones de seguridad, de justicia y de la política no fueron capaces de ponerle un muro de contención, por complacencia o por miedo.
La maquinaria de guerra de los paramilitares funcionó a plenitud porque la muerte se burocratizó. La barbarie se convirtió en un oficio para muchos jóvenes que no tenían en el momento de empuñar las armas una conciencia moral individual. Esos adolescentes, casi niños, primero mataron, temblorosos, por cumplir órdenes, y después se convirtieron en temidos torturadores y perpetradores que daban órdenes.
En la ofensiva paramilitar también se mató por retaliación o venganza. Porque las heridas abiertas por las atrocidades de la guerrilla alimentaron en muchos colombianos comunes la tentación del desquite, tan común en la sociedad colombiana. Pero el odio, así como la crueldad, a pesar de ser sentimientos humanos, son sobre todo un aprendizaje cultural, nos recuerda Neil J.Kressel, autor del libro Odio Colectivo. Es decir, cuando la violencia se legitima a través de la autoridad, los discursos o los medios de comunicación, el instinto criminal se desata aun con más fuerza.
Lejos estamos de considerar que la culpa de la barbarie es colectiva, y de sustraer a los paramilitares que están ante la justicia de sus responsabilidades como criminales de guerra que son. Se pueden entender las circunstancias que los llevaron a tomar las armas, pero no la sevicia con la que actuaron y que en este informe se expone en detalle. Ningún elemento del contexto político o militar, es un atenuante para que ellos asuman la culpa individual de sus actos contra la humanidad. Sin embargo, ver en el banquillo a Salvatore Mancuso o a 'Jorge 40' no es suficiente expiación. Si la sociedad no se mira por dentro, si no asume sus responsabilidades, si no se involucra y trata de comprender por qué en menos de medio siglo permitimos que el país se fuera desangrado a punta de fusil y machete, corremos el altísimo riesgo de repetir la historia. El riesgo de dejarles a nuestros hijos el mismo futuro sombrío. No sabemos si lleguen a ser víctimas o victimarios, o si también le den la espalda a la realidad de la guerra, como lo ha hecho la mayoría de los colombianos de esta generación."
Pero cerremos con esto: La revista destaca en su reportaje que "un paramilitar confesó que la matanza de Apartadó, en el Urabá antioqueño en 2005 se habría cometido en complicidad con las fuerzas armadas. Tres niños fueron degollados en este hecho."
