El discurso del presidente colombiano Alvaro Uribe Velez, en respuesta a la liberación de Clara Rojas y Consuelo González y la reacción de algunos de los voceros de su gobierno a la petición del presidente venezolano, comandante Hugo Chávez Frías, que se le reconozca el carácter de Grupo Insurgente con status de Fuerza Beligerante a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, y al Ejército de Liberación Nacional, ELN, demuestra, más allá de toda duda razonable, que el grupo oligárquico que controla el Estado Colombiano, no esta dispuesto a modificar su vieja postura de imponer la victoria militar o la rendición incondicional como únicas formulas para la terminación del conflicto armado interno de ese hermano país.
Uribe Velez basa su tramposa propuesta de paz en la DESMOVILIZACION INCONDICIONAL de más de 20.000 combatientes guerrilleros y milicianos de los 56 Frentes Armados y los miles de militantes y bases sociales con los que cuenta las FARC-EP y el amplio territorio que controla o se encuentra bajo su influencia, para que esa formidable fuerza de 40 años de experiencia militar y política, se transforme en una organización legal incorporada al juego “democrático” que la oligarquía colombiana y sus aliados imperiales han diseñado para mantener su dominio y explotación del pueblo y los recursos de Colombia.
Uribe Velez complementa su engañosa oferta de solución del conflicto armado con la vigencia de una “Seguridad Democrática” que ha dirigido a la reubicación de los combatientes de los grupos paramilitares “desmovilizados”, se han convertido hoy en soldados profesionales de las Unidades Especiales Contrainsurgentes de las Fuerzas Militares y la Policía y de los Grupos de Vigilancia Campesina, lo cual ha permitido aumentar al gobierno aumentar su pìe de fuerza y, con ello, seguir intentando cumplir las metas militares del derrotado Plan Colombia y su sucesor, el decadente Plan Patriota; ambos diseñados y conducidos por los asesores y mercenarios enviados por el gobierno de los Estados Unidos.
Enredado en su mentiroso discurso, el residente del palacio de Nariño insiste en negar la solicitud de las FARC-EP, del despeje de la fuerza pública de los municipios de Florida y Pradera del Departamento del Valle del Cauca, para que sean escenarios del proceso de negociación sobre el Acuerdo Humanitario que permita liberar a los prisioneros de guerra y civiles en poder de ambas partes, pretendiendo desconocer las fundadas razones de seguridad que tiene la insurgencia para plantear tal solicitud, habida cuenta la existencia de grupos paramilitares como las “Águilas Negras” y estructuras secretas de mercenarios norteamericanos e israelíes, que pudieran intentar asesinar a los mandos rebeldes, evadiendo el Estado colombiano su responsabilidad en los hechos, como sucedió en el caso de la muerte de los parlamentarios antioqueños.
Por mucho que los gobernantes colombianos, sus financistas norteamericanos y sus aliados mediáticos de Colombia, Venezuela y el planeta, se esfuercen en atribuirle a la acción de las insurgencia la existencia y continuación del conflicto, no podrán evitar que se reconozca que este se origina en la existencia de un orden social, político y económico injusto y una estrategia de represión social y extermino de la disidencia política, que mantiene a la mayoría de los colombianos y las colombianas en la miseria, la incultura y la exclusión política, mientras una minoría oligárquica y narcotraficante controla el gobierno y vive en la opulencia con sus dineros mal habidos.
Este marco de iniquidades, desigualdades e injusticias que alimenta la violencia, hace inevitable y imprescindible, para resolver políticamente el actual conflicto armado interno, desmontar el actual Estado paramilitar y oligárquico y construir un verdadera Estado Democrático y Social de Derecho, Justicia, Equidad y Paz, en el cual, la inmensa riqueza natural y del trabajo de los colombianos y las colombianas sean realmente puestas al servicio de la mayor suma de felicidad posible de todo el pueblo de Bolívar, Gaitan y Camilo Torres.
Este objetivo político no será posible sin la salida de las tropas norteamericanas del suelo colombiano, la dejación a los planes Colombia y Patriota y un acompañamiento plural internacional que incida positivamente en el proceso previo de la negociación política, así como el reconocimiento de las FARC-EP y el ELN como FUERZAS BELIGERANTES y la convocatoria de una CONVENCIÓN COLOMBIA que reúna a todos los factores que integran la sociedad, el gobierno y la insurgencia colombiana, la cual debe crear las condiciones políticas, jurídicas y de seguridad necesarias para la realización de elecciones con un padrón que incluya a todos los colombianos y colombianas y candidatos de todas las corrientes política legítimas para integrar una nueva ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DEL PUEBLO SOBERANO DE COLOMBIA, en la cual se diseñe la Colombia de la Paz, la Democracia, Justicia y Bienestar que todos deseamos.
Solo así podrá objetivamente pensarse en la desmovilización de la insurgencia, alcanzarse la Paz, iniciarse el reencuentro del cuerpo social colombiano y, Nuestra América podrá recibir en su seno pacífico al hermano pueblo colombiano, martirizado por tantos años de guerra fratricida.
