El prefecto de Santa Cruz asume funciones de Presidente y crea su propio Parlamento en abierto desacato al gobierno de Evo, que sólo atina a protestar. La oligarquía y la izquierda indigenista ya trabajan para el referéndum revocatorio del 10 de agosto, mientras la COB convoca a una huelga general para junio contra la oligarquía y para que el "indio presidente" deje de conciliar con la derecha y cumpla con la agenda de octubre

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Econoticiasbolivia.com (La Paz, mayo 15, 2008).- El gobierno paralelo de Santa Cruz, controlado por la oligarquía y los 100 clanes dueños de la tierra y los negocios, dio un paso atrás en su disputa con el gobierno central de Evo Morales sobre las exportaciones, pero avanzó otros tres al conformar de facto un Parlamento regional, al crear un mini Ministerio de Comercio y Exportaciones y anunciar que retendrá el pago de impuestos y regalías regionales, además de duplicar el salario mínimo para los trabajadores.

En abierto desacato a las leyes de la República, el prefecto de Santa Cruz, el derechista Rubén Costas, se proclamó este jueves como gobernador, con atribuciones propias de un Presidente y convirtió a un grupo de consejeros en miembros de un Parlamento provisional regional con capacidad para dictar leyes por encima de las nacionales.

Con estas medidas, Costas, que gobierna de la mano del presidente del Comité Cívico, Branco Marinkovic, y que son el núcleo duro de la oligarquía y de la oposición política que conspira para derribar al "indio presidente", intenta profundizar la dualidad de poderes que existe en Bolivia y llevar a la práctica los estatutos autonómicos separatistas aprobados en el ilegal e inconstitucional referéndum del 4 de mayo.

El propósito declarado de Costas y Marinkovic, que operan con la cobertura de la Embajada de Estados Unidos, según la reiterada acusación gubernamental, es lograr avanzar con el proceso autonómico "lo más que se pueda" hasta el próximo 10 de agosto, fecha en la que se realizará el referéndum revocatorio a nivel nacional para definir si el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y los ocho prefectos se mantienen o no en sus cargos.

Como es altamente probable que tanto Evo como Costas sean ratificados en sus cargos, ambos quieren acumular fuerzas y mejorar sus posiciones con miras a una futura negociación entre la izquierda indigenista que gobierna en el altiplano y la oligarquía que tiene todo el poder en el oriente y los valles del país (ver: ¿Quién gana con el referéndum revocatorio?").



RECHAZO DESDE LA PAZ

Desde La Paz, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, calificó de "inconstitucional" las decisiones y acciones del prefecto Costas.

"Las decisiones de naturaleza ilegal son volátiles, son castillos de arena que se pueden derrumbar fácilmente", advirtió Quintana, en tanto que el senador Félix Rojas, jefe de la bancada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) calificó como una "locura" lo que hacía Costas.

"El Prefecto no tiene ninguna atribución para asumir esas medidas, es una locura lo que hace (…) sólo continúa con un "show" político que va en contra de la legalidad y la Constitución", dijo al lamentar las acciones de Costas y de los prefectos de Beni, Pando y Tarija que también se preparan para realizar referéndums autonómicos con los mismos propósitos y proyecciones que los de Santa Cruz.

PRIMERO LOS NEGOCIOS

Tras recibir oficialmente los resultados del referéndum del 4 de mayo, donde hubo una abstención cercana al 40 por ciento y un apoyo de casi medio millón de votantes a favor de la autonomía (85% de votos por el SI), la primera preocupación de Costas y los 100 clanes fue cuidar la salud de los negocios de los grandes exportadores de aceite y soya, que están prohibidos por el gobierno de Morales de vender en el mercado externo si es que antes no abastecen el mercado interno a precios razonables

Reconociendo sus limitaciones para reestablecer estas ventas al exterior, que significan un ingreso anual para los exportadores privados por encima de los 200 millones de dólares, el prefecto Costas pidió este miércoles al sector agroindustrial acatar "coyunturalmente" las normas emitidas por el Gobierno de Evo para que puedan exportar aceite de soya y girasol refinado y crudo.

"Por el bien de toda la cadena productiva, por el bien de nuestro transporte (les pido) que puedan sujetarse coyunturalmente a esas normativas impuestas por este Gobierno (de Morales)", indicó Costas.

Hasta ahora, sólo la empresa ADM-SAO, de propiedad de la transnacional estadounidense Archer Daniels Midland, se comprometió a abastecer al mercado interno y por ello fue autorizada por la administración de Evo a volver a exportar.

Mientras tanto, las otras dos grandes empresas productoras de aceites, Fino del Grupo Romero del Perú y Rico de la Industria de Oleaginosas Sociedad Anónima (IOL.SA) de propiedad de Branco Marinkovic, se resistían a cumplir esta exigencia y exigían que, en el marco de la "autonomía", Costas les autorice a exportar (ver: Guerra del aceite y la soya).

MINIMINISTERIO DE EXPORTACIONES

Es en este marco, y para no volverse a doblegar ante Morales, que el prefecto Costas determinó la conformación del Concejo de Industria y Comercio Exterior, que funcionará como un pequeño Ministerio de la pujante economía regional.

La resolución emitida ayer le faculta a elegir al Delegado de Comercio Exterior y Exportación, tras presentar al Consejo Departamental en este rubro (conformado por dirigentes políticos y empresariales), que estará encargado de fomentar y promover las exportaciones que se realizarán por cuenta del departamento de Santa Cruz, sin autorización del Gobierno nacional.

La misión de esta delegación será revertir las medidas que asumió Morales en contra de las exportaciones de aceite comestible y otros productos.

"Tiene que quedarle claro al Gobierno (de Morales) que a partir del 4 de mayo no tiene más relación con los sectores (productivos), sino que de ahora en adelante todo será de Gobierno nacional a Gobierno departamental", sostuvo el presidente de la empresarial Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Mauricio Roca.



PARLAMENTO REGIONAL Y GOBERNADOR

Estas acciones se complementaron este jueves con dos medidas institucionales, ilegales y subversivas, como la transformación del Consejo Departamental en una Asamblea Legislativa Provisional y la coronación de Costas como gobernador.

El Parlamento cruceño está conformado por 23 consejeros que se convertirán en parlamentarios, a pesar de que no han sido elegidos por voto popular, y por otros 5 representantes indígenas, reclutados en las filas de los sectores opuestos a Morales. Este Parlamento tendrá atribuciones para dictar "leyes departamentales" con facultades similares a las del Congreso Nacional en 43 "materias exclusivas".
Está definido, en los Estatutos votados el 4 de mayo, que estas "leyes" prevalecerán por encima de cualquier otra norma nacional o municipal, lo que incluye impuestos y la firma de acuerdos con empresas extranjeras y otros países.

Del mismo modo, la transición de prefecto a gobernador, le dará potestad a Costas, por lo menos en lo formal, para que pueda promulgar leyes departamentales y firmar acuerdos internacionales.

"Es preciso que demos por inaugurado un período de transición para implementar a plenitud, con serenidad, responsabilidad y humildad el Gobierno del departamento autónomo de Santa Cruz que hoy se inicia", dijo durante la posesión el prefecto Costas.



CONTROL DE LOS RECURSOS

Todas estas acciones apuntalan el interés de Costas y los 100 clanes para controlar los recursos de la región más próspera de Bolivia y que aporta con la cuarta parte del Producto Interno Bruto nacional. Según anunció el asesor de Hidrocarburos y Minería de la Prefectura de Santa Cruz, Juan Padilla, "ya no se permitirá que las regalías petroleras sean enviadas a la administración central ubicada en La Paz y que la región cobrará directamente a las empresas por la explotación del gas y petróleo en el territorio de Santa Cruz".

"Antes, el Gobierno central recibía las regalías petroleras y luego las distribuía a los departamentos. Ahora, vamos a hacer a la inversa, primero las recibirá el departamento que genera los recursos y luego se pasarán a la administración central (…) Las regalías, por derecho, son un tema netamente de los departamentos productores. Esa plata se queda en Santa Cruz", agregó el funcionario, según refleja el matutino La Prensa.



MÁS SALARIO PARA LOS OBREROS

En otra acción orientada a lograr la adhesión de los trabajadores hacia el Gobierno paralelo de Costas y Marinkovic se anunció también el aumento del salario mínimo mensual hasta 1.000 bolivianos, según confirmaron por separado el vicepresidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, José Céspedes, y el dirigente de la fracción derechista de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, Edwin Fernández.

Este aumento hasta 1.000 bolivianos (136 dólares), que duplica el mínimo aprobado para todo el país por el gobierno de Morales que es de 577 bolivianos (78 dólares), sería oficializado el próximo 26 de mayo.

"Ahora que se alcanzó un acuerdo lo vamos a dejar establecido en un documento. Esto es producto de una mesa de trabajo entre empresarios desprendidos y conscientes de la situación, y de obreros y fabriles que se merecen un salario digno", dijo Costas.

De concretarse esta acción, Costas y los 100 clanes estarían tratando de mostrar que su política salarial es mucho más beneficiosa para los trabajadores que la ejecutada por el gobierno indígena-campesino de Morales, que en la elecciones del 2005 había prometido triplicar el salario mínimo mensual de 500 bolivianos a 1.500, lo que no cumplió para no herir los intereses empresariales. Según los cálculos de la Central Obrera Boliviana, un obrero necesita un ingreso de 7.000 bolivianos al mes para mantener en condiciones dignas a su familia.



RUMBO AL REVOCATORIO

Durante estos actos, Costas urgió a los cruceños a profundizar la autonomía y a revocar el mandato constitucional a Evo Morales en el referéndum del próximo 10 de agosto.

Pese a las diferencias que provocó la vigente Ley de Referéndum Revocatorio de Mandato Popular, la oposición política y regional derechista decidió cohesionarse en torno a esa consulta popular, con el objetivo de revocar el mandato al presidente Evo Morales. Para ello, anunciaron el inicio de la campaña por el "No" a la continuidad del Primer Mandatario.

"Hemos llegado a un acuerdo, y es que el país no necesita una oposición política dividida. Necesitamos cerrar filas para enfrentar este proceso que se viene y cerrar filas alrededor del referéndum revocatorio. Vamos a ganar este referéndum, porque eso lo que necesita este país", anunció en conferencia de prensa en La Paz el senador derechista Roberto Ruiz.

Desde la trinchera gubernamental también se alistan para que ratificar a Evo y revocar el mandato de los prefectos derechistas, aunque, en rigor, exceptuando a los más radicales, unos y otros, sólo quieren acumular más fuerzas para doblar el brazo al contrario en la mesa de negociaciones, tanto para moderar los alcances de las autonomías regionales como para atenuar la aplicación de reformas y cambios a favor de la población. Unos como otros apuntan, en lo esencial, a mantener esa dualidad de poderes, con Evo gobernando en el altiplano y la oligarquía en el oriente y los valles (ver: En Bolivia hay dos gobiernos).

No es casual, por ello, que el ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB), celebrado este martes en La Paz, haya calificado el referéndum revocatorio como "distraccionista".



HUELGA DE LA COB

"El Referéndum Revocatorio que se dará en el país, no es más que una distracción hacia el pueblo boliviano porque el gobierno (de Morales) no tiene ninguna intención de liquidar el poder de los ricachones, de esos oligarcas, y no tiene intención de superar la crisis en que se encuentra el país, donde hay hambre, miseria y desempleo (…) quieren hacer pelear entre los pobres", dijo tras la reunión el dirigente de la Central Obrera de Oruro, el minero Jaime Solares.

El ampliado de los trabajadores determinó iniciar el 5 de junio una huelga general indefinida para obligar a Evo Morales a cumplir con la agenda de octubre (nacionalización real de todos los recursos naturales, fin del neoliberalismo y aumento de salarios) y para detener la conjura de la oligarquía, expropiando a los latifundistas.

De este modo, la reunión de la COB instruyó a la Central de Oruro postergar la huelga general que debía iniciarse este 20 de mayo, que había sido convocada para lograr la expropiación de todos los latifundios del oriente, la nacionalización de las agroempresas que trafican con el hambre del pueblo, la verdadera nacionalización del gas, el petróleo y las minas y el aumento general de sueldos y salarios.

"Para el 20 de este mes –había dicho Solares hace una semana—el pueblo debe prepararse para una huelga general indefinida con el bloqueo general de caminos, para que estos cuatro individuos (los 100 clanes familiares de la burguesía agrofinanciera, NdR) que se vayan de Santa Cruz. De aquí a 15 días debemos proveernos de todo, charque, chuño, harina para aguantar la huelga y desde aquí, estoy seguro que Potosí, La Paz, Cochabamba, Sucre, los pobres estamos dispuestos a todo, para acabar esta situación de tanta inclemencia de los ricachones de este país" (ver: Central Obrera: Ni Evo ni la oligarquía).

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